Uno de los testigos que declaró este lunes 23 de marzo en la Audiencia Provincia del Valladolid en el juicio del denominado ‘caso ataúdes’ fue el juez José Luis Chamorro, que en 2008, tras el fallecimiento de su padre, y en 2012, al morir su madre, contrató junto a sus hermanos los servicios de la funeraria El Salvador para los funerales. En su declaración hoy, reconoció su “estupor” e “indignación” por los hechos que se juzgan y por el presunto cambiazo de ataúdes por otros más baratos durante 20 años.. A preguntas del Ministerio Fiscal durante una nueva jornada de testificales, el juez Chamorro recordó, según recogió la Agencia Ical, que la “sociedad parece estar algo enferma” y mostró su sorpresa por la tímida reacción de los afectados: “Debería haber colas en la puerta de la funeraria pidiendo respuestas”, sentenció.. En la actualidad, Chamorro es magistrado de la Audiencia Provincial de León y con anterioridad fue titular de juzgados de Instrucción, Penal y Violencia contra la Mujer en Valladolid, afirmó que no hay nada nuevo bajo el sol y comparó este caso, “en el que unos se enriquecen a costa de los muertos”, con las medidas que se tomaban en el Antiguo Egipto para proteger a los muertos de los “depredadores”.. Al mismo tiempo, recordó que su padre e Ignacio Morchón, el fundador de la funeraria, eran conocidos y que a él, durante su etapa de Penal, le tocó juzgar un caso de una persona a la que acabó condenando por colocar pegatinas en distintos puntos de la ciudad en las que acusaba a Ignacio Morchón de revender las coronas de flores.. En su testimonio, también indicó que, una vez en el cementerio de Santovenia de Pisuerga, donde en esos años eran trasladados los cadáveres para su incineración, fue un propio empleado de la funeraria el que le aconsejó a él y a sus familiares que abandonaran la sala, ya que durante el proceso de cremación podrían escucharse ruidos.. La indignación volvió a ser el denominador común de lo sentimientos expresados por los afectados. Es el caso de María Julia, que entre los años 2001 y 2005 sufrió el fallecimiento de su madre, una tía y su esposo, funerales que, a través de un seguro, se celebraron en El Salvador de una forma similar. En su declaración resaltó que ante la pregunta de una de sus hijas sobre la posibilidad de contemplar el proceso de incineración, los propios empleados le dijeron que no estaba permitido. Además, preguntada por la posibilidad de reclamar una indemnización económica por los daños económicos y morales, reconoció que nunca había pensado en la posibilidad de recibir dinero a cambio de un hecho tan doloroso. “Quiero justicia. No quiero que un hecho así quede impune”, afirmó.. Por su parte, Armando, que enero de 2009 enterró a su pareja, reconoció que cuando se enteró del posible fraude tuvo una sensación difícil de explicar. “Yo, como médico, tengo un código deontológico y ni en el peor de los casos te puedes imaginar que este tipo de situaciones te puedas encontrar con gente con una catadura moral tan baja”.. “La gente se aprovecha del dolor de los demás”, “traficantes y manipuladores de cadáveres” o “piensas que el cuerpo de tu madre ha podido ser manipulado” fueron otros testimonios escuchados esta mañana, jornada en la que también se puso de manifiesto que ninguno de los familiares afectados pudieron ver cómo los féretros se introducían en el horno crematorio.. El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
Los afectados continúan mostrando su indignación por la forma de actuar de El Salvador y coinciden en que no vieron cómo entraban los féretros en el horno
Uno de los testigos que declaró este lunes 23 de marzo en la Audiencia Provincia del Valladolid en el juicio del denominado ‘caso ataúdes’ fue el juez José Luis Chamorro, que en 2008, tras el fallecimiento de su padre, y en 2012, al morir su madre, contrató junto a sus hermanos los servicios de la funeraria El Salvador para los funerales. En su declaración hoy, reconoció su “estupor” e “indignación” por los hechos que se juzgan y por el presunto cambiazo de ataúdes por otros más baratos durante 20 años.. A preguntas del Ministerio Fiscal durante una nueva jornada de testificales, el juez Chamorro recordó, según recogió la Agencia Ical, que la “sociedad parece estar algo enferma” y mostró su sorpresa por la tímida reacción de los afectados: “Debería haber colas en la puerta de la funeraria pidiendo respuestas”, sentenció.. En la actualidad, Chamorro es magistrado de la Audiencia Provincial de León y con anterioridad fue titular de juzgados de Instrucción, Penal y Violencia contra la Mujer en Valladolid, afirmó que no hay nada nuevo bajo el sol y comparó este caso, “en el que unos se enriquecen a costa de los muertos”, con las medidas que se tomaban en el Antiguo Egipto para proteger a los muertos de los “depredadores”.. Al mismo tiempo, recordó que su padre e Ignacio Morchón, el fundador de la funeraria, eran conocidos y que a él, durante su etapa de Penal, le tocó juzgar un caso de una persona a la que acabó condenando por colocar pegatinas en distintos puntos de la ciudad en las que acusaba a Ignacio Morchón de revender las coronas de flores.. En su testimonio, también indicó que, una vez en el cementerio de Santovenia de Pisuerga, donde en esos años eran trasladados los cadáveres para su incineración, fue un propio empleado de la funeraria el que le aconsejó a él y a sus familiares que abandonaran la sala, ya que durante el proceso de cremación podrían escucharse ruidos.. La indignación volvió a ser el denominador común de lo sentimientos expresados por los afectados. Es el caso de María Julia, que entre los años 2001 y 2005 sufrió el fallecimiento de su madre, una tía y su esposo, funerales que, a través de un seguro, se celebraron en El Salvador de una forma similar. En su declaración resaltó que ante la pregunta de una de sus hijas sobre la posibilidad de contemplar el proceso de incineración, los propios empleados le dijeron que no estaba permitido. Además, preguntada por la posibilidad de reclamar una indemnización económica por los daños económicos y morales, reconoció que nunca había pensado en la posibilidad de recibir dinero a cambio de un hecho tan doloroso. “Quiero justicia. No quiero que un hecho así quede impune”, afirmó.. Por su parte, Armando, que enero de 2009 enterró a su pareja, reconoció que cuando se enteró del posible fraude tuvo una sensación difícil de explicar. “Yo, como médico, tengo un código deontológico y ni en el peor de los casos te puedes imaginar que este tipo de situaciones te puedas encontrar con gente con una catadura moral tan baja”.. “La gente se aprovecha del dolor de los demás”, “traficantes y manipuladores de cadáveres” o “piensas que el cuerpo de tu madre ha podido ser manipulado” fueron otros testimonios escuchados esta mañana, jornada en la que también se puso de manifiesto que ninguno de los familiares afectados pudieron ver cómo los féretros se introducían en el horno crematorio.. El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
Noticias de Castilla y León: última hora local en La Razón
