Este invierno ha sido uno de los más duros que se recuerdan en Andalucía. Las intensas lluvias han dejado a decenas de personas sin casa y solo con lo puesto, huérfanos de la protección que proporciona un hogar. Quién no ha empatizado con los vecinos de Grazalema, Jerez u Órgiva (Granada) que se resistían a dejar sus viviendas aún cuando el agua ya les llegaba por la cintura. Y es que no tener un lugar donde guarecerse de los envites de la vida es una fractura profunda a la dignidad. Y, por supuesto, a la salud.. Ese impacto se ha visto con toda su rotundidad en el balance de personas sin techo fallecidas este invierno en la capital gaditana: un total de cinco desde diciembre. La cifra, especialmente alta para un municipio de unas 110.000 personas, ha llamado la atención y ha suscitado dudas sobre la gestión municipal con este colectivo especialmente vulnerable.. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia que los recursos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Bruno García (PP) «no son suficientes» en este invierno tan excepcional. Carmen Belizón, de la APDHA en Cádiz , explica que en noviembre se habilitó el centro de día Fermín Salvochea para que las personas sin techo pudieran pernoctar, pero «dejaba mucho que desear». «Eran camastros, pegados unos con otros, no era un recurso digno», critica Belinzón, que pide al gobierno municipal mayor voluntad para dar solución al sinhogarismo. Según el último censo, en Cádiz hay 117 personas viviendo en la calle, una «cifra bastante asumible de gestionar», apuntan desde APDHA.. Desde el Ayuntamiento expresan a este diario su «absoluto pesar por cada una de las cinco muertes» al tiempo que aclaran que a todas las víctimas «se les ofreció recursos para pernoctar y todos los rechazaron». Las mismas fuentes municipales destacan que la política municipal de atención al sinhogarismoes «expansiva». En este punto, detallan que se ha hecho una inversión de 400.000 euros para rehabilitar el albergue municipal, que «encontramos en una situación deplorable», y que se está construyendo un centro de segunda acogida de 20 plazas en la calle Soledad. «El alcalde ha dicho, además, que para la atención de este colectivo no hay límite de recursos», apuntan.. S. obre la falta de recursos durante los meses de invierno niegan que fueran exiguos. Recuerdan que en el edificio de Procasa, en la calle Setenil, se habilitaron 20 plazas para acoger a personas sin hogar durante la reforma del albergue, que se sumaron a las 35 puestas a disposición en el centro Fermín Salvochea y al albergue de que los Caballeros Hospitalarios tiene en Cádiz. «Eso significa que durante los meses del temporal han podido pernoctar en recursos municipales casi un centenar de personas sin hogar».. Unos protocolos polémicos. Al negro balance de fallecidos se suma la polémica con los protocolos de limpieza en parques y jardines de la UTE Infraestrutura Verde Cádiz, concesionaria del servicio. desde el 2025. Según el Comité, este protocolo obliga a los trabajadores a desalojar a personas sin hogar de estos espacios para proceder a su limpieza, retirándoles sus enseres y pertenencias que, según denuncia, son vertidas por un vehículo a un punto limpio.. «De martes a domingo, dos jardineros van acompañados de policías municipales a levantar a estas personas y retirarles sus enseres. Muchas veces no han estado presentes y se les ha llegado a tirar incluso documentación», asegura el presidente del comité de trabajadores de esta UTE, José Luis Morera, que lamenta que se utilice a los jardineros para estas labores.. «Dos compañeros se negaron porque les parecía inhumano y la empresa les sancionó», lamenta Morera , que critica, además, «los problemas que nos ha traído, ya que somos increpados contantemente por el colectivo de personas sin hogar, ya que nos ven como los culpables».. Desde el Ayuntamiento insisten en que «no hemos dado ninguna orden para que se retire las pertenencias a estas personas ni se les hostigue» e insisten en que se sigue el mismo procedimiento que funcionaba con el anterior alcalde, José María González «Kichi», aprobado el 7 de julio de 2021. «Primero, los equipos de calle de los Servicios Sociales avisan de que se va a proceder a la limpieza, esencial por motivos de salubridad. Posteriormente, acuden los operarios de jardines acompañados de la Policía Local por si hubiera algún conflicto. A la persona en cuestión se le ordena que retire los enseres, se procede a la limpieza y, una vez acabada, puede volver al lugar», apuntan fuentes municipales, que reiteran que si se tiran objetos personales «no es por orden del Ayuntamiento».. Un mecanismo de control que asegure derechos. Para garantizar que el proceso de limpieza de parques y jardines se ejecuta sin vulnerar los derechos de las personas que allí pernoctan, el alcalde de Cádiz propuso un mecanismo de control involucrando a las tres partes: Policía, Medioambiente y Servicios Sociales. Según este mecanismo, cada uno de los agentes debía firmar «in situ» una plantilla con las actuaciones realizadas, el lugar, la fecha y si ésta se ha hecho garantizando la correcta convivencia. No obstante, el comité de empresa de la UTE Infraestructura Verde «no ha estado por la labor» de implementarlo, como tampoco «han querido reunirse con el equipo de Gobierno», lamentan fuentes municipales. Por su parte, desde el Comité advierten que «nos reuniremos con el alcalde cuando ponga fin al hostigamiento a las personas sin hogar» ya que temen ue «solo quiera reunirse con nosotros para hacerse la foto».
El fallecimiento de cinco personas sin hogar en la ciudad durante el invierno suscita dudas sobre los protocolos municipales
Este invierno ha sido uno de los más duros que se recuerdan en Andalucía. Las intensas lluvias han dejado a decenas de personas sin casa y solo con lo puesto, huérfanos de la protección que proporciona un hogar. Quién no ha empatizado con los vecinos de Grazalema, Jerez u Órgiva (Granada) que se resistían a dejar sus viviendas aún cuando el agua ya les llegaba por la cintura. Y es que no tener un lugar donde guarecerse de los envites de la vida es una fractura profunda a la dignidad. Y, por supuesto, a la salud.. Ese impacto se ha visto con toda su rotundidad en el balance de personas sin techo fallecidas este invierno en la capital gaditana: un total de cinco desde diciembre. La cifra, especialmente alta para un municipio de unas 110.000 personas, ha llamado la atención y ha suscitado dudas sobre la gestión municipal con este colectivo especialmente vulnerable.. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia que los recursos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Bruno García (PP) «no son suficientes» en este invierno tan excepcional. Carmen Belizón, de la APDHA en Cádiz , explica que en noviembre se habilitó el centro de día Fermín Salvochea para que las personas sin techo pudieran pernoctar, pero «dejaba mucho que desear». «Eran camastros, pegados unos con otros, no era un recurso digno», critica Belinzón, que pide al gobierno municipal mayor voluntad para dar solución al sinhogarismo. Según el último censo, en Cádiz hay 117 personas viviendo en la calle, una «cifra bastante asumible de gestionar», apuntan desde APDHA.. Desde el Ayuntamiento expresan a este diario su «absoluto pesar por cada una de las cinco muertes» al tiempo que aclaran que a todas las víctimas «se les ofreció recursos para pernoctar y todos los rechazaron». Las mismas fuentes municipales destacan que la política municipal de atención al sinhogarismoes «expansiva». En este punto, detallan que se ha hecho una inversión de 400.000 euros para rehabilitar el albergue municipal, que «encontramos en una situación deplorable», y que se está construyendo un centro de segunda acogida de 20 plazas en la calle Soledad. «El alcalde ha dicho, además, que para la atención de este colectivo no hay límite de recursos», apuntan.. S. obre la falta de recursos durante los meses de invierno niegan que fueran exiguos. Recuerdan que en el edificio de Procasa, en la calle Setenil, se habilitaron 20 plazas para acoger a personas sin hogar durante la reforma del albergue, que se sumaron a las 35 puestas a disposición en el centro Fermín Salvochea y al albergue de que los Caballeros Hospitalarios tiene en Cádiz. «Eso significa que durante los meses del temporal han podido pernoctar en recursos municipales casi un centenar de personas sin hogar».. Unos protocolos polémicos. Al negro balance de fallecidos se suma la polémica con los protocolos de limpieza en parques y jardines de la UTE Infraestrutura Verde Cádiz, concesionaria del servicio. desde el 2025. Según el Comité, este protocolo obliga a los trabajadores a desalojar a personas sin hogar de estos espacios para proceder a su limpieza, retirándoles sus enseres y pertenencias que, según denuncia, son vertidas por un vehículo a un punto limpio.. «De martes a domingo, dos jardineros van acompañados de policías municipales a levantar a estas personas y retirarles sus enseres. Muchas veces no han estado presentes y se les ha llegado a tirar incluso documentación», asegura el presidente del comité de trabajadores de esta UTE, José Luis Morera, que lamenta que se utilice a los jardineros para estas labores.. «Dos compañeros se negaron porque les parecía inhumano y la empresa les sancionó», lamenta Morera , que critica, además, «los problemas que nos ha traído, ya que somos increpados contantemente por el colectivo de personas sin hogar, ya que nos ven como los culpables».. Desde el Ayuntamiento insisten en que «no hemos dado ninguna orden para que se retire las pertenencias a estas personas ni se les hostigue» e insisten en que se sigue el mismo procedimiento que funcionaba con el anterior alcalde, José María González «Kichi», aprobado el 7 de julio de 2021. «Primero, los equipos de calle de los Servicios Sociales avisan de que se va a proceder a la limpieza, esencial por motivos de salubridad. Posteriormente, acuden los operarios de jardines acompañados de la Policía Local por si hubiera algún conflicto. A la persona en cuestión se le ordena que retire los enseres, se procede a la limpieza y, una vez acabada, puede volver al lugar», apuntan fuentes municipales, que reiteran que si se tiran objetos personales «no es por orden del Ayuntamiento».. Un mecanismo de control que asegure derechos. Para garantizar que el proceso de limpieza de parques y jardines se ejecuta sin vulnerar los derechos de las personas que allí pernoctan, el alcalde de Cádiz propuso un mecanismo de control involucrando a las tres partes: Policía, Medioambiente y Servicios Sociales. Según este mecanismo, cada uno de los agentes debía firmar «in situ» una plantilla con las actuaciones realizadas, el lugar, la fecha y si ésta se ha hecho garantizando la correcta convivencia. No obstante, el comité de empresa de la UTE Infraestructura Verde «no ha estado por la labor» de implementarlo, como tampoco «han querido reunirse con el equipo de Gobierno», lamentan fuentes municipales. Por su parte, desde el Comité advierten que «nos reuniremos con el alcalde cuando ponga fin al hostigamiento a las personas sin hogar» ya que temen ue «solo quiera reunirse con nosotros para hacerse la foto».
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