Los mecanismos de control en torno a la explotación de viviendas turísticas en la provincia de Málaga por parte de la Junta de Andalucía han propiciado que recientemente se hayan cancelado cerca de cinco mil inmuebles de estas características que estaban inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía que no cumplían la normativa establecida al respecto. Una circunstancia que responde al propósito del ejecutivo andaluz de poner coto a toda actividad realizada al margen del citado reglamento y a una clara «estrategia integral» en materia de control, regulación y ordenación de un sector que ha generado mucha controversia en los últimos meses y que, en el caso de Málaga capital, se ha frenado a partir de la «moratoria» aprobada por su Ayuntamiento el pasado 23 de agosto de 2025.. Con todo, se cree que sigue habiendo inmuebles destinados a uso turístico que no cumplen los requisitos establecidos para operar en esa modalidad, si bien los expertos advierten que «las actividades clandestinas son cada vez más perseguidas y sancionadas». A este respecto, la coordinadora de la sección de derecho turístico del Colegio de Abogados de Málaga, Mar Alcázar, explica que «las administraciones están concienciadas de la importancia de hacer cumplir la ley» y, en ese sentido, «la explotación al margen de reglamento autonómico alcanza ya multas de seiscientos euros».. «Es necesario cumplir la normativa» y, en primera instancia, ese registro andaluz te va a garantizar la seguridad jurídica necesaria para operar», apunta la abogada. Igualmente, advierte de los problemas que se pueden derivar del hecho de «tramitar las viviendas al margen de las plataformas oficiales y hacerlo a través del boca a boca o por redes sociales, en algunos casos sin tantas garantías».. No obstante, recuerda que como consecuencia «de los roces vecinales», a día de hoy «es necesario pedir permiso a la comunidad y que las 3/5 partes voten a favor de que se pueda plantear ese uso turístico». Además, alude a la Ley Ordinaria aprobada por el Gobierno el pasado ejercicio, que supone «que hay que pedir ese permiso previo a los vecinos para poder iniciar el resto de la tramitación».. Con todo, lamenta que «al ciudadano de a pie se le ponen muchas trabas y trámites que en muchos casos hay que pagar a la hora de cumplimentar esa normativa», lo que no es óbice para «cumplir la Ley, porque la Ley está para cumplirla». Además, reivindica la necesidad de «que se trate igual las viviendas turísticas que a los apartamentos turísticos y que los hoteles» al defender que «hay municipios pequeños de menos de veinticuatro mil habitantes que gracias a esas viviendas turísticas pueden ser destinos turísticos que de momento no lo son porque no tienen hoteles ni capacidad para construirlos».. Alcázar hace hincapié en que «no sólo sirven para alojar a turistas y con la imagen que puedan dar en algunos casos, sino a nómadas digitales que requieren de esa tipología de inmuebles durante un tiempo determinado, o por un tratamiento médico temporal».. Por último, aplaude el hecho de que «se ha dejado de demonizar a las viviendas turísticas como ocurrió hace dos años», y aboga por «estar ojo avizor de cara al 20 de mayo». Y es que la Comisión Europea ha dictado una resolución por la cual se prohíbe el sistema de doble registro para las viviendas de uso turístico y fija la fecha del 20 de mayo como límite para eliminar cualquier duplicidad administrativa que exista en materia de viviendas turísticas y que sea incompatible con el derecho de la Unión Europea.. Hay que recordar que la Junta de Andalucía dispone de un Plan de Inspección Turística que, este año, está centrado en el control del cumplimiento de la normativa y, especialmente, en la lucha contra la clandestinidad. También incluye la protección de los derechos de los usuarios y una línea específica de información y asesoramiento para prevenir incumplimientos.
Mar Alcázar, experta en derecho turístico, advierte que el 20 de mayo se prohíbe el sistema de doble registro para estos inmuebles
Los mecanismos de control en torno a la explotación de viviendas turísticas en la provincia de Málaga por parte de la Junta de Andalucía han propiciado que recientemente se hayan cancelado cerca de cinco mil inmuebles de estas características que estaban inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía que no cumplían la normativa establecida al respecto. Una circunstancia que responde al propósito del ejecutivo andaluz de poner coto a toda actividad realizada al margen del citado reglamento y a una clara «estrategia integral» en materia de control, regulación y ordenación de un sector que ha generado mucha controversia en los últimos meses y que, en el caso de Málaga capital, se ha frenado a partir de la «moratoria» aprobada por su Ayuntamiento el pasado 23 de agosto de 2025.. Con todo, se cree que sigue habiendo inmuebles destinados a uso turístico que no cumplen los requisitos establecidos para operar en esa modalidad, si bien los expertos advierten que «las actividades clandestinas son cada vez más perseguidas y sancionadas». A este respecto, la coordinadora de la sección de derecho turístico del Colegio de Abogados de Málaga, Mar Alcázar, explica que «las administraciones están concienciadas de la importancia de hacer cumplir la ley» y, en ese sentido, «la explotación al margen de reglamento autonómico alcanza ya multas de seiscientos euros».. «Es necesario cumplir la normativa» y, en primera instancia, ese registro andaluz te va a garantizar la seguridad jurídica necesaria para operar», apunta la abogada. Igualmente, advierte de los problemas que se pueden derivar del hecho de «tramitar las viviendas al margen de las plataformas oficiales y hacerlo a través del boca a boca o por redes sociales, en algunos casos sin tantas garantías».. No obstante, recuerda que como consecuencia «de los roces vecinales», a día de hoy «es necesario pedir permiso a la comunidad y que las 3/5 partes voten a favor de que se pueda plantear ese uso turístico». Además, alude a la Ley Ordinaria aprobada por el Gobierno el pasado ejercicio, que supone «que hay que pedir ese permiso previo a los vecinos para poder iniciar el resto de la tramitación».. Con todo, lamenta que «al ciudadano de a pie se le ponen muchas trabas y trámites que en muchos casos hay que pagar a la hora de cumplimentar esa normativa», lo que no es óbice para «cumplir la Ley, porque la Ley está para cumplirla». Además, reivindica la necesidad de «que se trate igual las viviendas turísticas que a los apartamentos turísticos y que los hoteles» al defender que «hay municipios pequeños de menos de veinticuatro mil habitantes que gracias a esas viviendas turísticas pueden ser destinos turísticos que de momento no lo son porque no tienen hoteles ni capacidad para construirlos».. Alcázar hace hincapié en que «no sólo sirven para alojar a turistas y con la imagen que puedan dar en algunos casos, sino a nómadas digitales que requieren de esa tipología de inmuebles durante un tiempo determinado, o por un tratamiento médico temporal».. Por último, aplaude el hecho de que «se ha dejado de demonizar a las viviendas turísticas como ocurrió hace dos años», y aboga por «estar ojo avizor de cara al 20 de mayo». Y es que la Comisión Europea ha dictado una resolución por la cual se prohíbe el sistema de doble registro para las viviendas de uso turístico y fija la fecha del 20 de mayo como límite para eliminar cualquier duplicidad administrativa que exista en materia de viviendas turísticas y que sea incompatible con el derecho de la Unión Europea.. Hay que recordar que la Junta de Andalucía dispone de un Plan de Inspección Turística que, este año, está centrado en el control del cumplimiento de la normativa y, especialmente, en la lucha contra la clandestinidad. También incluye la protección de los derechos de los usuarios y una línea específica de información y asesoramiento para prevenir incumplimientos.
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