El año comenzó con jornadas de tensión en todos los puertos de España y ahora, tras el paso del temporal, los pescadores españoles comienzan a recuperar cierto respiro. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las principales organizaciones del sector alcanzaron un acuerdo para flexibilizar la aplicación del Reglamento europeo de control de la pesca, que entró en vigor el pasado 10 de enero y había provocado paros históricos en la provincia, pero los problemas estructurales del sector se mantienen.. El acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones entre el Ministerio, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la patronal Cepesca, suaviza algunos de los puntos más controvertidos de la normativa: la anotación de capturas y la obligación de notificación previa de llegada a puerto. Según el pacto, los errores u omisiones en la estimación de capturas inferiores a 50 kilos no constituirán infracción y no darán lugar a sanción. Además, la anotación de capturas por operación de pesca podrá realizarse al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar del desembarque. Por otro lado, la obligación de avisar con cuatro horas de antelación se elimina, permitiendo a los barcos notificar su llegada únicamente al finalizar su actividad y dirigirse al muelle.. «Eso es muy importante, porque con el margen de tolerancia del 20 % que existe, la probabilidad de que acabáramos cometiendo infracciones sin querer era altísima», explicó Javier Garat, secretario general de Cepesca. El dirigente destacó que se han logrado los «elementos fundamentales» por los que había peleado el sector, y adelantó que se solicitará a la Comisión Europea que estos criterios se interpreten de manera flexible en el futuro.. El acuerdo llegó después de una jornada de protesta histórica en la provincia de Cádiz, que dejó inactivas las lonjas de Barbate, Sanlúcar, Conil, Tarifa, Algeciras y Rota, y paralizó más de 300 embarcaciones desde Isla Cristina, en Huelva, hasta Barbate. Los pescadores protestaban contra exigencias consideradas inviables: el preaviso de cuatro horas y la obligación de pesar cada pieza de la captura convertían la labor diaria en un proceso administrativo que resultaba prácticamente imposible para las flotas de bajura.. José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, señala que este respiro es solo temporal. «Los problemas estructurales siguen ahí. El reglamento de control tiene un periodo de implementación de tres o cuatro años y, dentro de ese horizonte, se incluyen medidas mucho más complejas: a final de 2026 habrá que instalar cajas negras para medir la potencia de los motores en barcos de más de 220 kilovatios, y posteriormente, entre 2027 y 2028, se prevé la instalación de cámaras a bordo en determinados segmentos. Estas medidas son complicadas e incluso denigrantes, y previsiblemente generarán nuevos conflictos», afirma.. Según el técnico, muchas de estas normas se aplican de forma general sin tener en cuenta la realidad de cada caladero. «Es como matar una mosca a cañonazos. Las medidas suaves de ahora son solo la punta del iceberg; lo complicado viene después, y seguro que generará más conflictos», advierte, haciendo hincapié en que los inspectores, por ahora, no revisan estas nuevas obligaciones de manera estricta.. El respaldo al sector también llega desde las administraciones locales. La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, recordó que ha apoyado en todo momento a la Cofradía y a todo el sector, enviando cartas al comisario europeo de Pesca y Océanos y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, solicitando la flexibilización de las medidas. Álvarez subrayó que el sector es clave para la economía local, generando más de 600 empleos directos en 142 barcos y numerosos indirectos en el Mercado de Abastos y comercios relacionados.. Por su parte, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, destacó la presión administrativa que sufren los marineros: «Nos gusta disfrutar de nuestros langostinos y galeras, pero para que lleguen a la mesa hay un sector que soporta una presión administrativa insoportable. Desde 100×100 Unidos por Chipiona, nos unimos a la lucha del sector marinero. No solo defendemos la economía local, sino nuestra forma de vida. Necesitamos que la voz del sector llegue a las administraciones».. Con la publicación oficial del acuerdo en el BOE y la vuelta progresiva a la actividad de los barcos, el sector experimenta un alivio inmediato. Sin embargo, el horizonte sigue marcado por retos estructurales que no desaparecen: modernización de flotas, adaptación de normas europeas a la realidad local, simplificación de trámites y protección de un modo de vida que constituye la base económica y cultural del litoral español.. Como concluye Macías, «habrá una época más tranquila hasta la siguiente medida, pero sabemos que a final de año, con el sistema de control de potencia de los motores y, después, con las cámaras, volverá a haber tensión. Esto es solo un respiro en un sector que necesita soluciones de fondo».
La instalación de «cajas negras» o de cámaras forman parte del reglamento de control
El año comenzó con jornadas de tensión en todos los puertos de España y ahora, tras el paso del temporal, los pescadores españoles comienzan a recuperar cierto respiro. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las principales organizaciones del sector alcanzaron un acuerdo para flexibilizar la aplicación del Reglamento europeo de control de la pesca, que entró en vigor el pasado 10 de enero y había provocado paros históricos en la provincia, pero los problemas estructurales del sector se mantienen.. El acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones entre el Ministerio, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la patronal Cepesca, suaviza algunos de los puntos más controvertidos de la normativa: la anotación de capturas y la obligación de notificación previa de llegada a puerto. Según el pacto, los errores u omisiones en la estimación de capturas inferiores a 50 kilos no constituirán infracción y no darán lugar a sanción. Además, la anotación de capturas por operación de pesca podrá realizarse al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar del desembarque. Por otro lado, la obligación de avisar con cuatro horas de antelación se elimina, permitiendo a los barcos notificar su llegada únicamente al finalizar su actividad y dirigirse al muelle.. «Eso es muy importante, porque con el margen de tolerancia del 20 % que existe, la probabilidad de que acabáramos cometiendo infracciones sin querer era altísima», explicó Javier Garat, secretario general de Cepesca. El dirigente destacó que se han logrado los «elementos fundamentales» por los que había peleado el sector, y adelantó que se solicitará a la Comisión Europea que estos criterios se interpreten de manera flexible en el futuro.. El acuerdo llegó después de una jornada de protesta histórica en la provincia de Cádiz, que dejó inactivas las lonjas de Barbate, Sanlúcar, Conil, Tarifa, Algeciras y Rota, y paralizó más de 300 embarcaciones desde Isla Cristina, en Huelva, hasta Barbate. Los pescadores protestaban contra exigencias consideradas inviables: el preaviso de cuatro horas y la obligación de pesar cada pieza de la captura convertían la labor diaria en un proceso administrativo que resultaba prácticamente imposible para las flotas de bajura.. José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, señala que este respiro es solo temporal. «Los problemas estructurales siguen ahí. El reglamento de control tiene un periodo de implementación de tres o cuatro años y, dentro de ese horizonte, se incluyen medidas mucho más complejas: a final de 2026 habrá que instalar cajas negras para medir la potencia de los motores en barcos de más de 220 kilovatios, y posteriormente, entre 2027 y 2028, se prevé la instalación de cámaras a bordo en determinados segmentos. Estas medidas son complicadas e incluso denigrantes, y previsiblemente generarán nuevos conflictos», afirma.. Según el técnico, muchas de estas normas se aplican de forma general sin tener en cuenta la realidad de cada caladero. «Es como matar una mosca a cañonazos. Las medidas suaves de ahora son solo la punta del iceberg; lo complicado viene después, y seguro que generará más conflictos», advierte, haciendo hincapié en que los inspectores, por ahora, no revisan estas nuevas obligaciones de manera estricta.. El respaldo al sector también llega desde las administraciones locales. La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, recordó que ha apoyado en todo momento a la Cofradía y a todo el sector, enviando cartas al comisario europeo de Pesca y Océanos y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, solicitando la flexibilización de las medidas. Álvarez subrayó que el sector es clave para la economía local, generando más de 600 empleos directos en 142 barcos y numerosos indirectos en el Mercado de Abastos y comercios relacionados.. Por su parte, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, destacó la presión administrativa que sufren los marineros: «Nos gusta disfrutar de nuestros langostinos y galeras, pero para que lleguen a la mesa hay un sector que soporta una presión administrativa insoportable. Desde 100×100 Unidos por Chipiona, nos unimos a la lucha del sector marinero. No solo defendemos la economía local, sino nuestra forma de vida. Necesitamos que la voz del sector llegue a las administraciones».. Con la publicación oficial del acuerdo en el BOE y la vuelta progresiva a la actividad de los barcos, el sector experimenta un alivio inmediato. Sin embargo, el horizonte sigue marcado por retos estructurales que no desaparecen: modernización de flotas, adaptación de normas europeas a la realidad local, simplificación de trámites y protección de un modo de vida que constituye la base económica y cultural del litoral español.. Como concluye Macías, «habrá una época más tranquila hasta la siguiente medida, pero sabemos que a final de año, con el sistema de control de potencia de los motores y, después, con las cámaras, volverá a haber tensión. Esto es solo un respiro en un sector que necesita soluciones de fondo».
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