La Junta de Andalucía «permanece abierta a la consideración de nuevas propuestas que busquen mejorar» el marco normativo en materia de «conflicto de intereses» de altos cargos, «siendo conscientes de la dinámica evolución normativa y las mejores prácticas existentes tanto a nivel estatal como autonómico».. Así lo traslada el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una respuesta escrita, consultada por Europa Press, a una pregunta relativa a declaraciones tributarias y relaciones contractuales de cónyuges o parejas de hecho de altos cargos registrada por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz.. En concreto, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, y el diputado por Huelva Mario Jiménez registraron en julio de 2025 una batería de preguntas sobre esta materia, como la de «cuántos altos cargos han presentado la información tributaria de sus cónyuges o parejas de hecho», o «cuántos de esos cónyuges o parejas de hecho tienen participación, directa o indirecta, en empresas o entidades que hayan formalizado contratos, convenios o hayan recibido subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía o sus entes instrumentales».. Los diputados del PSOE-A también preguntaban al consejero de Presidencia «qué medidas» había adoptado su departamento «para verificar posibles situaciones de conflicto de intereses derivadas de estas relaciones».. NORMATIVA DE INCOMPATIBILIDADES. A estas preguntas, Antonio Sanz responde que, «según lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Junta de Andalucía, y a la Instrucción conjunta 1/2024, de 20 de noviembre, de la Viceconsejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del artículo 12 de la citada ley, la presentación» de la información por la que preguntan los parlamentarios del PSOE-A «es opcional».. «La normativa vigente no impone al cónyuge ni a la pareja de hecho de la persona titular del alto cargo la obligación de declarar su participación en empresas o entidades privadas, ni exige que la persona que ocupa un puesto de alto cargo aporte este tipo de información detallada en relación con dichas personas», por lo que «la Administración no dispone de dichos datos», aclara también Antonio Sanz en su respuesta.. De igual modo, contesta a los diputados del PSOE-A que «la Consejería competente en materia de Función Pública ha establecido procedimientos de verificación conforme a la Instrucción Conjunta 1/2024, de 13 de junio, mediante los cuales se comprueba la concordancia entre el contenido de los formularios de información tributaria y las autoliquidaciones tributarias presentadas».. Dicho esto, el consejero de Presidencia defiende que la Ley 3/2005, de 8 de abril, «constituye una de las normas más rigurosa y restrictiva en materia de incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses dentro del marco jurídico estatal», y, «desde su entrada en vigor», ha sido objeto de «numerosas modificaciones en ese sentido».. Al respecto, cita el Decreto-ley 6/2024, de 28 de mayo, que «refuerza el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía, estableciendo prohibiciones y autorización previa para actividades privadas durante los dos años posteriores al cese, con el fin de prevenir posibles conflictos de intereses y garantizar la máxima transparencia».. No obstante, Antonio Sanz apostilla que, «siendo conscientes de la dinámica evolución normativa y las mejores prácticas existentes tanto a nivel estatal como autonómico», la Junta de Andalucía «permanece abierta a la consideración de nuevas propuestas que busquen mejorar este marco normativo, siempre y cuando se ajuste a principios y parámetros equivalentes a los que se establecen en la regulación estatal y en otras comunidades, asegurando así una coherencia jurídica y un alto nivel de protección frente a posibles conflictos de intereses en todo el territorio nacional».. MEDIDAS ACTIVADAS POR EL GOBIERNO DE JUANMA MORENO. De igual modo, el consejero subraya que la Junta «ha puesto en marcha diversas medidas específicas para detectar y prevenir posibles conflictos de intereses», entre las que destaca la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, mediante la Ley 2/2021, de 18 de junio, como «órgano responsable de la prevención, detección, investigación y propuesta de actuaciones frente al fraude, la corrupción y las malas prácticas en el sector público andaluz».. Asimismo, «se han desarrollado los Planes de Medidas Antifraude (MRR), que permiten identificar y gestionar de forma estructurada y eficaz los riesgos de fraude y corrupción», continúa exponiendo Antonio Sanz en su respuesta, en la que aclara que «el seguimiento y evaluación de estos planes corresponde al Comité Antifraude», creado por el Decreto 188/2023, de 25 de julio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.. De igual modo, señala que, mediante Acuerdo de 4 de agosto de 2025, del Consejo de Gobierno, se aprobó la formulación de la Estrategia de Integridad Institucional de la Junta de Andalucía 2025-2030, como «política prioritaria para fortalecer la ética pública, la transparencia, la honestidad y el buen gobierno».. Igualmente, mediante la Instrucción 1/2023, de 12 de junio, de la Secretaría General para la Administración Pública, se estableció el Sistema Interno de Información (SII) en el ámbito de la organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.. Posteriormente, se aprobó el Decreto 103/2025, de 21 de mayo, por el que «se constituye formalmente» el SII y se regula su organización y funcionamiento, derogando la instrucción anteriormente mencionada, según puntualiza el consejero de Presidencia, quien en su respuesta a los parlamentarios socialistas aclara que dicho sistema tiene «como finalidad facilitar la comunicación segura y confidencial de posibles infracciones normativas dentro del ámbito de la Administración andaluza».. «En conclusión, todas estas iniciativas configuran un marco integral que fortalece la integridad pública, promoviendo una gestión transparente y ética, y contribuyendo decisivamente a prevenir y mitigar posibles situaciones que pudieran generar conflictos de intereses en la administración autonómica», finaliza el consejero Antonio Sanz su respuesta a los diputados socialistas, fechada el 30 de septiembre de 2025 y publicada este mes de enero en el boletín del Parlamento andaluz.
Recuerda que «la normativa vigente no impone al cónyuge ni a la pareja de hecho de la persona titular del alto cargo la obligación de declarar su participación en empresas o entidades privadas»
La Junta de Andalucía «permanece abierta a la consideración de nuevas propuestas que busquen mejorar» el marco normativo en materia de «conflicto de intereses» de altos cargos, «siendo conscientes de la dinámica evolución normativa y las mejores prácticas existentes tanto a nivel estatal como autonómico».. Así lo traslada el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una respuesta escrita, consultada por Europa Press, a una pregunta relativa a declaraciones tributarias y relaciones contractuales de cónyuges o parejas de hecho de altos cargos registrada por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz.. En concreto, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, y el diputado por Huelva Mario Jiménez registraron en julio de 2025 una batería de preguntas sobre esta materia, como la de «cuántos altos cargos han presentado la información tributaria de sus cónyuges o parejas de hecho», o «cuántos de esos cónyuges o parejas de hecho tienen participación, directa o indirecta, en empresas o entidades que hayan formalizado contratos, convenios o hayan recibido subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía o sus entes instrumentales».. Los diputados del PSOE-A también preguntaban al consejero de Presidencia «qué medidas» había adoptado su departamento «para verificar posibles situaciones de conflicto de intereses derivadas de estas relaciones».. NORMATIVA DE INCOMPATIBILIDADES. A estas preguntas, Antonio Sanz responde que, «según lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Junta de Andalucía, y a la Instrucción conjunta 1/2024, de 20 de noviembre, de la Viceconsejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del artículo 12 de la citada ley, la presentación» de la información por la que preguntan los parlamentarios del PSOE-A «es opcional».. «La normativa vigente no impone al cónyuge ni a la pareja de hecho de la persona titular del alto cargo la obligación de declarar su participación en empresas o entidades privadas, ni exige que la persona que ocupa un puesto de alto cargo aporte este tipo de información detallada en relación con dichas personas», por lo que «la Administración no dispone de dichos datos», aclara también Antonio Sanz en su respuesta.. De igual modo, contesta a los diputados del PSOE-A que «la Consejería competente en materia de Función Pública ha establecido procedimientos de verificación conforme a la Instrucción Conjunta 1/2024, de 13 de junio, mediante los cuales se comprueba la concordancia entre el contenido de los formularios de información tributaria y las autoliquidaciones tributarias presentadas».. Dicho esto, el consejero de Presidencia defiende que la Ley 3/2005, de 8 de abril, «constituye una de las normas más rigurosa y restrictiva en materia de incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses dentro del marco jurídico estatal», y, «desde su entrada en vigor», ha sido objeto de «numerosas modificaciones en ese sentido».. Al respecto, cita el Decreto-ley 6/2024, de 28 de mayo, que «refuerza el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía, estableciendo prohibiciones y autorización previa para actividades privadas durante los dos años posteriores al cese, con el fin de prevenir posibles conflictos de intereses y garantizar la máxima transparencia».. No obstante, Antonio Sanz apostilla que, «siendo conscientes de la dinámica evolución normativa y las mejores prácticas existentes tanto a nivel estatal como autonómico», la Junta de Andalucía «permanece abierta a la consideración de nuevas propuestas que busquen mejorar este marco normativo, siempre y cuando se ajuste a principios y parámetros equivalentes a los que se establecen en la regulación estatal y en otras comunidades, asegurando así una coherencia jurídica y un alto nivel de protección frente a posibles conflictos de intereses en todo el territorio nacional».. MEDIDAS ACTIVADAS POR EL GOBIERNO DE JUANMA MORENO. De igual modo, el consejero subraya que la Junta «ha puesto en marcha diversas medidas específicas para detectar y prevenir posibles conflictos de intereses», entre las que destaca la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, mediante la Ley 2/2021, de 18 de junio, como «órgano responsable de la prevención, detección, investigación y propuesta de actuaciones frente al fraude, la corrupción y las malas prácticas en el sector público andaluz».. Asimismo, «se han desarrollado los Planes de Medidas Antifraude (MRR), que permiten identificar y gestionar de forma estructurada y eficaz los riesgos de fraude y corrupción», continúa exponiendo Antonio Sanz en su respuesta, en la que aclara que «el seguimiento y evaluación de estos planes corresponde al Comité Antifraude», creado por el Decreto 188/2023, de 25 de julio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.. De igual modo, señala que, mediante Acuerdo de 4 de agosto de 2025, del Consejo de Gobierno, se aprobó la formulación de la Estrategia de Integridad Institucional de la Junta de Andalucía 2025-2030, como «política prioritaria para fortalecer la ética pública, la transparencia, la honestidad y el buen gobierno».. Igualmente, mediante la Instrucción 1/2023, de 12 de junio, de la Secretaría General para la Administración Pública, se estableció el Sistema Interno de Información (SII) en el ámbito de la organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.. Posteriormente, se aprobó el Decreto 103/2025, de 21 de mayo, por el que «se constituye formalmente» el SII y se regula su organización y funcionamiento, derogando la instrucción anteriormente mencionada, según puntualiza el consejero de Presidencia, quien en su respuesta a los parlamentarios socialistas aclara que dicho sistema tiene «como finalidad facilitar la comunicación segura y confidencial de posibles infracciones normativas dentro del ámbito de la Administración andaluza».. «En conclusión, todas estas iniciativas configuran un marco integral que fortalece la integridad pública, promoviendo una gestión transparente y ética, y contribuyendo decisivamente a prevenir y mitigar posibles situaciones que pudieran generar conflictos de intereses en la administración autonómica», finaliza el consejero Antonio Sanz su respuesta a los diputados socialistas, fechada el 30 de septiembre de 2025 y publicada este mes de enero en el boletín del Parlamento andaluz.
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