La crisis de Rodalies ya ha empezado a cobrarse sus primeras víctimas políticas y técnicas. El Gobierno español ordenó el cese del director de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y del director general de Explotación y Mantenimiento de Adif, en respuesta al colapso prolongado de la red ferroviaria catalana, que se arrastra desde hace una semana. La decisión llega tras varios días de servicio interrumpido y funcionamiento errático, a raíz del accidente mortal de Gelida, donde el desprendimiento de un muro de contención provocó el choque de un tren y la muerte de una maquinista en prácticas. Desde entonces, Rodalies ha operado de forma intermitente, con suspensiones totales del servicio y nuevas incidencias técnicas que han impedido una recuperación sostenida.. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, confirmó los ceses, adoptados en coordinación con el ministro Óscar Puente, y reconoció la necesidad de asumir responsabilidades para superar la crisis. «Hace falta un punto de inflexión», admitió, subrayando que los cambios son necesarios para «avanzar».. El PSC señala a Renfe y Adif. El Govern ha elevado el tono y ha cargado directamente contra Renfe y Adif, operadores dependientes del Ministerio de Transportes. La Generalitat exigió que ambas entidades asuman «las máximas responsabilidades» por una situación que considera «intolerable» y que ha puesto en jaque la movilidad diaria de unas 400.000 personas.. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, subrayó que Rodalies es una infraestructura clave para las oportunidades económicas, laborales y sociales de Cataluña y advirtió de que no aceptan «soluciones provisionales». «No nos sirven parches», afirmó, tras recordar que este mismo lunes los trenes comenzaron a circular y tuvieron que detenerse de nuevo por problemas atribuibles a Adif. «Esto no puede ser. No es tolerable y hemos exigido que tenga consecuencias».. Paneque ha vinculado directamente el colapso a décadas de desinversión y a la falta de mantenimiento preventivo, responsabilidad que ha atribuido a Adif. Ha reconocido que los operadores conocen «qué ha pasado», pero no «las causas profundas», y ha insistido en que el Govern no denuncia la situación por interés político, sino para garantizar que el sistema funcione. «La situación no es sostenible», ha reiterado, reclamando «la máxima responsabilidad y diligencia».. Desde Presidencia, el conseller Albert Dalmau, que ejerce de presidente en funciones por la hospitalización de Salvador Illa, reforzó este mensaje. «Exigimos soluciones inmediatas», afirmó, mientras fuentes del Govern insistían en la necesidad de que Renfe y Adif asuman responsabilidades ante la acumulación de incidencias y los problemas de coordinación.. Presión política contra Puente. La crisis ha desbordado el ámbito técnico y ha situado al ministro Óscar Puente en el centro de la presión política en Cataluña. Los principales partidos han pedido su dimisión, señalando al Ministerio como responsable último de la gestión de Rodalies. El PP reclamó la salida tanto de Puente como de Paneque, calificando la situación de «insostenible» y denunciando una falta de implicación real del Ministerio. Junts fue más allá y acusó al ministro de desidia o ignorancia en la gestión del accidente de Gelida, además de denunciar una nueva cesión de autogobierno al Estado.. Por su parte, ERC registró solicitudes de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del propio Puente y del presidente de Adif en las Cortes, para exigir explicaciones y responsabilidades. Los republicanos también piden el cese o dimisión del ministro, al considerar que el caos evidencia deficiencias estructurales de gestión.. La presión no se limita al ámbito político. Las patronales catalanas advirtieron de que el colapso de Rodalies empieza a tener consecuencias económicas. Foment del Treball y Pimec alertaron del impacto directo sobre la productividad y han avisado de que la situación podría afectar incluso a las previsiones de crecimiento económico de Cataluña.. Las organizaciones empresariales vincularon el caos ferroviario a la falta de inversión sostenida en infraestructuras y a una dejadez en el mantenimiento, y reclamaron responsabilidades inmediatas para garantizar la fiabilidad del servicio. A su juicio, el problema ya no es coyuntural, sino estructural, y tiene un coste económico y social notable.
Así lo ha anunciado este lunes el secretario de Estado, José Antonio Santano
Tras el caos en Rodalies esta última semana, el director operativo del servicio ferroviario catalán, Josep Enric Garcia Alemany, y el responsable de mantenimiento de Adif, han sido las primeras personas destituidas.. Así lo ha anunciado este lunes el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif, con el conocimiento del ministro del ramo, Óscar Puente, que se asuman las correspondientes responsabilidades. «Somos conscientes de la situación, somos muy sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y, por supuesto, también del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir», ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas.. Santano ha presentado estos ceses como un «punto de inflexión» en la operativa de Rodalies y en la percepción que se tiene de este servicio.. Situación «incocebible». Por su lado, la consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reclamado esta tarde a Renfe y Adif cambios instantáneos, así como inversiones, ante una situación «inconcebible e intolerable» en la red de Rodalies.. Así lo ha dicho en rueda de prensa este lunes por la tarde tras la reunión del comité de seguimiento de la crisis de Rodalies, y que ha contado con la presencia del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, representantes de Renfe y Adif y el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, entre otros.. Paneque ha justificado esta petición en base a dos ámbitos que, en sus palabras, han agravado la situación de crisis del servicio de Rodalies en los últimos días, como es el no seguimiento «al pie de la letra» de las instrucciones del titular del servicio, que es la propia Generalitat, y no llevar a cabo el mantenimiento preventivo necesario de la red.
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