Era 1998 cuando nacía el Tribunal Penal Internacional (TPI) del trauma colectivo de quienes habían sufrido la guerra. El objetivo era claro: rendir cuentas, reparar a las víctimas y crear por primera vez un organismo permanente que pudiera juzgar los cuatro peores crímenes que el ser humano podía cometer —genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y de agresión— tal y como establece su Estatuto de Roma.. Seguir leyendo
Las sanciones impuestas por Trump al Tribunal Penal Internacional merecen una respuesta europea independiente de ideologías
Era 1998 cuando nacía el Tribunal Penal Internacional (TPI) del trauma colectivo de quienes habían sufrido la guerra. El objetivo era claro: rendir cuentas, reparar a las víctimas y crear por primera vez un organismo permanente que pudiera juzgar los cuatro peores crímenes que el ser humano podía cometer —genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y de agresión— tal y como establece su Estatuto de Roma.. Compuesto por 125 Estados parte, 18 jueces de trayectoria excepcional y una representación geográfica equitativa, sustituyó a los tribunales ad hoc que hasta entonces se creaban específicamente para juzgar dichos crímenes, como el caso de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial o los tribunales de Yugoslavia y Ruanda. En estas dos décadas el Tribunal ha hecho historia condenando, entre otros, a figuras como Thomas Lubanga por reclutar niños soldados en la República Democrática del Congo, a Achmad al Faqi al Mahdi por destruir los mausoleos de Tombuctú, y a Dominic Ongwen, excomandante de la guerrilla ugandesa del LRA, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Más recientemente, ordenó los arrestos del presidente israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant y de los terroristas de Hamás Yahya Sinwar y Mohammed Deif, ya fallecidos. No habríamos imaginado entonces que aquella institución, que constituyó uno de los mayores éxitos de las Naciones Unidas, acabaría siendo sancionada en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, el mismo régimen legal invocado para imponer sanciones al terrorista Osama bin Laden.. La primera vez que Estados Unidos sancionó al Tribunal fue durante el primer mandato de Donald Trump, concretamente a la entonces fiscal Fatou Bensouda, por abrir una investigación sobre presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. La Administración estadounidense utilizó de forma reiterada el falso argumento de que los soldados estadounidenses no podían ser investigados porque EE UU no era parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, el Tribunal tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en cualquier Estado que sí lo es, independientemente de la nacionalidad de sus autores, como ocurre en el caso de los estadounidenses en Afganistán o de los israelíes en el Estado de Palestina.. En este segundo mandato, las sanciones han llegado a límites insospechados. Trump respondió a la orden de arresto contra Netanyahu con la firma de la Orden Ejecutiva 14.203. Si hace un mes había 13 personas sancionadas en relación con el Tribunal —entre ellas dos jueces europeos, además de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, y varias ONG que participaban en las investigaciones— tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a la exjueza Navi Pillay las sanciones se han extendido a todo el Tribunal Penal Internacional.. Es decir, los mayores garantes de la justicia internacional —los que dedican su vida a proteger a las víctimas y a perseguir a sus criminales— se enfrentan hoy a la congelación de sus bienes, al cierre de sus cuentas bancarias que les impide acceder a su salario, a restricciones de movilidad, e incluso a la pérdida de acceso al correo electrónico, a aplicaciones móviles o a seguros médicos.. Esta persecución al Tribunal no es nueva. Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, tras la orden de arresto contra Vladímir Putin en 2023, el Gobierno ruso incluyó en su lista de personas buscadas a varios jueces del TPI que hoy temen por su vida.. Y ante este contexto, en el que el multilateralismo y el derecho internacional que protegen a la ciudadanía están siendo cuestionados y en el que las víctimas son tratadas como verdugos, queda preguntarse: ¿cómo se protege a quienes defienden la justicia internacional? Y la respuesta no puede ser otra que la de defenderles con acciones específicas, desde la unanimidad e indistintamente de ideologías. Tal y como hicieron en el pasado aquellos líderes que, a pesar de sus diferencias, entendieron que la justicia trascendía los bandos.. Sin embargo, en las instituciones europeas las derechas siguen dificultando el respaldo real al Tribunal y la activación de los instrumentos de los que disponemos. Hay inmovilismo por parte de la mayoría conservadora y falta voluntad política para activar el Estatuto de Bloqueo (Reglamento 2271/96), cuya aplicación reclamamos los socialistas y ha solicitado formalmente también el presidente Pedro Sánchez a Ursula von der Leyen. Este instrumento permitiría neutralizar los efectos extraterritoriales de las sanciones estadounidenses en territorio de la Unión Europea con la mera inclusión de la Orden Ejecutiva 14.203 a su anexo a través de un acto delegado. Aunque desconocemos los efectos de las posibles represalias de EE UU.. Así, la concesión del Premio Sájarov, el mayor premio de derechos humanos, al Tribunal Penal Internacional el pasado 22 de octubre, a propuesta del Grupo Socialista y sin el apoyo de los populares europeos, no debe quedarse en un reconocimiento simbólico, sino convertirse en una llamada de atención a la Comisión Europea para precipitar la activación del Estatuto y proteger la justicia universal. Porque quienes mañana aspiran a gobernar y dicen defender a los jueces han de dejar de ser cómplices cuando se les castiga.. El Tribunal Penal Internacional debe seguir actuando como defensor indefensorum de quienes no tienen voz.. Es nuestra obligación moral e ineludiblemente política.. Hana Jalloul Muro es eurodiputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE.
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