Aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social decide si otorga la incapacidad permanente a los solicitantes en función de sus informes médicos y de las limitaciones que presentan para su actividad laboral actual, son bastantes los casos de solicitantes a los que se les ha denegado a pesar de presentar patologías incompatibles con su puesto de trabajo.. Este fue el caso de Nuria, una administrativa con años de experiencia en los que las largas horas que pasaba delante de un ordenador tecleando empezaron a pasarle factura. Lo que empezó con un ligero hormigueo mientras escribía correos electrónicos o movía el ratón, terminó convirtiéndose en un intenso dolor que le impedía llevar a cabo su trabajo con normalidad.. Debido a esto, decidió acudir al médico, en donde recibió el diagnóstico. Sufría del síndrome del túnel carpiano bilateral y rizartrosis en ambas manos. A pesar de que le recetaron medicación para aliviar sus síntomas, el adormecimiento de los brazos y el dolor resultaban cada vez más intensos, incluso llegando a fallarle las manos en diversas ocasiones. Por lo que terminó solicitando la baja médica.. Lo denegó al considerarlo un trabajo sin exigencias físicas. Durante su incapacidad temporal recibió tratamientos y acudió a médicos especializados, con el objetivo de reducir los síntomas y poder volver a su trabajo con normalidad. Sin embargo, pasaba el tiempo y seguía presentando las mismas limitaciones, por lo que decidió solicitar al INSS la incapacidad permanente total. Un grado que le inhabilitaría para trabajar como administrativa y le otorgaría una pensión del 55% de la base reguladora.. Este tipo de incapacidad se otorga cuando el trabajador presenta limitaciones que le impiden llevar a cabo su actividad laboral, pero que podría dedicarse a otro empleo cuando este no sea perjudicial para su estado de salud. A pesar de ello, la entidad de la Seguridad Social decidió que, al tratarse de un trabajo sin exigencias físicas, no le correspondía la incapacidad.. El INSS estimó que tenía capacidad para continuar con su profesión. Según explica Marina Alaminos, abogada especializada en incapacidades y miembro del equipo de abogados que defendió el caso de Nuria, el INSS consideró que «conservaba capacidad suficiente para continuar con su profesión», pues era un trabajo de oficina. No obstante, no tuvieron en cuenta que, con sus patologías, volver a su puesto de trabajo le resultaba bastante complejo.. En su jornada como administrativa, Nuria pasaba largas horas redactando correos electrónicos, manejando documentación y realizando consultas con el ordenador. Todas ellas tareas para las que necesitaba sus brazos y manos, en los cuales sufría de dolor y adormecimiento. Por ello, decidió acudir a una letrada para que la ayudara a recurrir esta decisión.. Sus limitaciones eran incompatibles con su empleo. En un primer lugar, decidieron reclamar al INSS con informes médicos en los que se detallaban los síntomas de sus patologías y cómo estas la limitaban a llevar a cabo su actividad laboral. Según Alaminos, debían «analizar qué hacía realmente con sus manos durante toda la jornada». A pesar de ello, la entidad volvió a denegar su solicitud, por lo que su equipo de abogados decidió demandar ante el Juzgado de lo Social.. Durante la defensa, expusieron que «teclear de forma puntual no es lo mismo que hacerlo durante horas. Que poder coger un objeto no significa poder manipular documentación continuamente», explicó Marina Alaminos en su perfil de Instagram. Y aseguraron, tomando como base los informes médicos, que los síntomas le causaban limitaciones incompatibles con su trabajo como administrativa.. La jueza dictó sentencia y otorgó a Nuria la incapacidad permanente total para su empleo como administrativa y una pensión del 55% de la base reguladora. Una decisión que le permitió centrarse en su tratamiento y buscar un empleo acorde a su situación. Por ello, la abogada recuerda la importancia de conocer el proceso para reclamar las decisiones del INSS, pudiendo hacerlo en un plazo máximo de 30 días y, en caso de que lo vuelvan a denegar, presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social y el Tribunal Supremo.
Su abogada, Marina Alaminos, recurrió la decisión de la entidad al considerar que sus limitaciones eran incompatibles con su puesto de trabajo. Cuando la Seguridad Social volvió a denegar la solicitud, presentaron una demanda ante el Juzgado de lo Social
Aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social decide si otorga la incapacidad permanente a los solicitantes en función de sus informes médicos y de las limitaciones que presentan para su actividad laboral actual, son bastantes los casos de solicitantes a los que se les ha denegado a pesar de presentar patologías incompatibles con su puesto de trabajo.. Este fue el caso de Nuria, una administrativa con años de experiencia en los que las largas horas que pasaba delante de un ordenador tecleando empezaron a pasarle factura. Lo que empezó con un ligero hormigueo mientras escribía correos electrónicos o movía el ratón, terminó convirtiéndose en un intenso dolor que le impedía llevar a cabo su trabajo con normalidad.. Debido a esto, decidió acudir al médico, en donde recibió el diagnóstico. Sufría del síndrome del túnel carpiano bilateral y rizartrosis en ambas manos. A pesar de que le recetaron medicación para aliviar sus síntomas, el adormecimiento de los brazos y el dolor resultaban cada vez más intensos, incluso llegando a fallarle las manos en diversas ocasiones. Por lo que terminó solicitando la baja médica.. Lo denegó al considerarlo un trabajo sin exigencias físicas. Durante su incapacidad temporal recibió tratamientos y acudió a médicos especializados, con el objetivo de reducir los síntomas y poder volver a su trabajo con normalidad. Sin embargo, pasaba el tiempo y seguía presentando las mismas limitaciones, por lo que decidió solicitar al INSS la incapacidad permanente total. Un grado que le inhabilitaría para trabajar como administrativa y le otorgaría una pensión del 55% de la base reguladora.. Este tipo de incapacidad se otorga cuando el trabajador presenta limitaciones que le impiden llevar a cabo su actividad laboral, pero que podría dedicarse a otro empleo cuando este no sea perjudicial para su estado de salud. A pesar de ello, la entidad de la Seguridad Social decidió que, al tratarse de un trabajo sin exigencias físicas, no le correspondía la incapacidad.. El INSS estimó que tenía capacidad para continuar con su profesión. Según explica Marina Alaminos, abogada especializada en incapacidades y miembro del equipo de abogados que defendió el caso de Nuria, el INSS consideró que «conservaba capacidad suficiente para continuar con su profesión», pues era un trabajo de oficina. No obstante, no tuvieron en cuenta que, con sus patologías, volver a su puesto de trabajo le resultaba bastante complejo.. En su jornada como administrativa, Nuria pasaba largas horas redactando correos electrónicos, manejando documentación y realizando consultas con el ordenador. Todas ellas tareas para las que necesitaba sus brazos y manos, en los cuales sufría de dolor y adormecimiento. Por ello, decidió acudir a una letrada para que la ayudara a recurrir esta decisión.. Sus limitaciones eran incompatibles con su empleo. En un primer lugar, decidieron reclamar al INSS con informes médicos en los que se detallaban los síntomas de sus patologías y cómo estas la limitaban a llevar a cabo su actividad laboral. Según Alaminos, debían «analizar qué hacía realmente con sus manos durante toda la jornada». A pesar de ello, la entidad volvió a denegar su solicitud, por lo que su equipo de abogados decidió demandar ante el Juzgado de lo Social.. Durante la defensa, expusieron que «teclear de forma puntual no es lo mismo que hacerlo durante horas. Que poder coger un objeto no significa poder manipular documentación continuamente», explicó Marina Alaminos en su perfil de Instagram. Y aseguraron, tomando como base los informes médicos, que los síntomas le causaban limitaciones incompatibles con su trabajo como administrativa.. La jueza dictó sentencia y otorgó a Nuria la incapacidad permanente total para su empleo como administrativa y una pensión del 55% de la base reguladora. Una decisión que le permitió centrarse en su tratamiento y buscar un empleo acorde a su situación. Por ello, la abogada recuerda la importancia de conocer el proceso para reclamar las decisiones del INSS, pudiendo hacerlo en un plazo máximo de 30 días y, en caso de que lo vuelvan a denegar, presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social y el Tribunal Supremo.
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