El curso 2026-2027 empezará en Cataluña igual que terminó el anterior: con los docentes en huelga. La convocatoria del 8 de septiembre, el primer día de clase, no es un arranque accidentado. Es la prolongación de un pulso que lleva meses sin resolverse entre el profesorado de la escuela pública y la Generalitat, y que ninguna de las dos partes ha logrado desactivar durante el verano.. El dato que resume el ejercicio pasado es contundente: 23 huelgas en el primer semestre del año. Ninguna de ellas consiguió cerrar el conflicto. El calendario que ahora se abre amenaza con repetir el patrón, porque la mesa de negociación lleva parada desde mediados de verano y no hay fecha para reactivarla.. La ruptura tiene un origen preciso. En marzo, el Departamento de Educación cerró un primer acuerdo con una parte de las centrales. En mayo lo amplió con nuevos compromisos, entre ellos más de 6.400 dotaciones hasta 2029 destinadas a reforzar las plantillas de los centros. En junio llegó el preacuerdo que el Govern daba por definitivo: 726 millones de euros añadidos a los cerca de 2.000 ya pactados, mejoras salariales progresivas, nuevas plazas y refuerzos para la escuela inclusiva.. El profesorado lo tumbó en las urnas. La consulta se saldó con un 65,1 % de rechazo y una participación del 61 %, un resultado que dejó al Ejecutivo con un pacto firmado y sin respaldo de la plantilla. Ustec·Stes se había desmarcado del texto. El departamento optó entonces por desplegarlo igualmente de la mano de CCOO, UGT y Professors de Secundària.. Ahí se abrió la brecha que sigue abierta. La consellera de Educación, Esther Niubó, defendió el compromiso del Govern con el despliegue de las medidas pactadas. A los sindicatos que quedaron fuera les pidió «realismo» y «responsabilidad». El principal sindicato de la enseñanza pública catalana respondió reclamando reabrir la negociación desde otro punto de partida, sin dar por buenos unos acuerdos que el colectivo ya había rechazado.. Desde entonces, el silencio. Las centrales no se han vuelto a sentar con el departamento pese a haber trasladado su disposición a seguir hablando. Tampoco ha habido contacto con ningún otro agente negociador en todo ese tiempo. El paro del 8 de septiembre se convocó en ese vacío y llega, por tanto, sin ninguna negociación en marcha que pueda frenarlo a última hora.. El propio sindicato lo da por perdido. Su portavoz, Iolanda Segura, ha admitido que la huelga del primer día de curso ya no se puede evitar, pero ha situado el foco en lo que venga después. Los paros posteriores, sostiene, sí serían evitables si Educación vuelve a la mesa. La condición que fija es esa y no otra.. Segura ha rebajado además cualquier expectativa de acuerdo exprés en las semanas previas al inicio de las clases. Resolver la situación en ese plazo, ha apuntado, «sería un milagro». Su diagnóstico va más allá del calendario de movilizaciones: el sindicato habla de una crisis educativa de fondo que, en su opinión, «no se soluciona con cuatro avances».. Los frentes abiertos lo confirman. La escuela inclusiva, las ratios de alumnos por aula, las plantillas estructurales y el uso del catalán siguen sobre la mesa sin cerrar. A eso se suma la letra pequeña de lo ya firmado: el sindicato reclama «calendarizar los avances» del acuerdo de mayo y definir qué funciones tendrán exactamente esas 6.400 nuevas incorporaciones previstas hasta 2029.. El departamento, mientras tanto, ha anunciado que a principios de septiembre presentará su estrategia para ampliar las aulas de acogida e incorporar técnicos sanitarios en los centros. La medida busca reforzar el acompañamiento de los alumnos que llegan al sistema educativo catalán y necesitan una atención específica. Es una de las reivindicaciones históricas de la comunidad docente.. También ahí discrepan las lecturas. Ustec ha celebrado el anuncio, pero le ha restado novedad: no lo considera una iniciativa nueva, sino el despliegue de lo que ya figuraba en los acuerdos de marzo y mayo. La distancia entre lo firmado y lo ejecutado se ha convertido, precisamente, en el nudo del conflicto.. Con ese decorado se abre el curso. Miles de alumnos volverán a las aulas el 8 de septiembre con una huelga convocada, un acuerdo desautorizado por quienes deben aplicarlo y una mesa de negociación que sigue sin convocarse. La conselleria tiene margen para mover ficha antes de que el calendario de movilizaciones se alargue y el conflicto vuelva a instalarse en el día a día de los centros. De momento, no lo ha hecho.
Un acuerdo de 726 millones rechazado por el 65 % de los docentes deja el año escolar al borde de nuevas movilizaciones
El curso 2026-2027 empezará en Cataluña igual que terminó el anterior: con los docentes en huelga. La convocatoria del 8 de septiembre, el primer día de clase, no es un arranque accidentado. Es la prolongación de un pulso que lleva meses sin resolverse entre el profesorado de la escuela pública y la Generalitat, y que ninguna de las dos partes ha logrado desactivar durante el verano.. El dato que resume el ejercicio pasado es contundente: 23 huelgas en el primer semestre del año. Ninguna de ellas consiguió cerrar el conflicto. El calendario que ahora se abre amenaza con repetir el patrón, porque la mesa de negociación lleva parada desde mediados de verano y no hay fecha para reactivarla.. La ruptura tiene un origen preciso. En marzo, el Departamento de Educación cerró un primer acuerdo con una parte de las centrales. En mayo lo amplió con nuevos compromisos, entre ellos más de 6.400 dotaciones hasta 2029 destinadas a reforzar las plantillas de los centros. En junio llegó el preacuerdo que el Govern daba por definitivo: 726 millones de euros añadidos a los cerca de 2.000 ya pactados, mejoras salariales progresivas, nuevas plazas y refuerzos para la escuela inclusiva.. El profesorado lo tumbó en las urnas. La consulta se saldó con un 65,1 % de rechazo y una participación del 61 %, un resultado que dejó al Ejecutivo con un pacto firmado y sin respaldo de la plantilla. Ustec·Stes se había desmarcado del texto. El departamento optó entonces por desplegarlo igualmente de la mano de CCOO, UGT y Professors de Secundària.. Ahí se abrió la brecha que sigue abierta. La consellera de Educación, Esther Niubó, defendió el compromiso del Govern con el despliegue de las medidas pactadas. A los sindicatos que quedaron fuera les pidió «realismo» y «responsabilidad». El principal sindicato de la enseñanza pública catalana respondió reclamando reabrir la negociación desde otro punto de partida, sin dar por buenos unos acuerdos que el colectivo ya había rechazado.. Desde entonces, el silencio. Las centrales no se han vuelto a sentar con el departamento pese a haber trasladado su disposición a seguir hablando. Tampoco ha habido contacto con ningún otro agente negociador en todo ese tiempo. El paro del 8 de septiembre se convocó en ese vacío y llega, por tanto, sin ninguna negociación en marcha que pueda frenarlo a última hora.. El propio sindicato lo da por perdido. Su portavoz, Iolanda Segura, ha admitido que la huelga del primer día de curso ya no se puede evitar, pero ha situado el foco en lo que venga después. Los paros posteriores, sostiene, sí serían evitables si Educación vuelve a la mesa. La condición que fija es esa y no otra.. Segura ha rebajado además cualquier expectativa de acuerdo exprés en las semanas previas al inicio de las clases. Resolver la situación en ese plazo, ha apuntado, «sería un milagro». Su diagnóstico va más allá del calendario de movilizaciones: el sindicato habla de una crisis educativa de fondo que, en su opinión, «no se soluciona con cuatro avances».. Los frentes abiertos lo confirman. La escuela inclusiva, las ratios de alumnos por aula, las plantillas estructurales y el uso del catalán siguen sobre la mesa sin cerrar. A eso se suma la letra pequeña de lo ya firmado: el sindicato reclama «calendarizar los avances» del acuerdo de mayo y definir qué funciones tendrán exactamente esas 6.400 nuevas incorporaciones previstas hasta 2029.. El departamento, mientras tanto, ha anunciado que a principios de septiembre presentará su estrategia para ampliar las aulas de acogida e incorporar técnicos sanitarios en los centros. La medida busca reforzar el acompañamiento de los alumnos que llegan al sistema educativo catalán y necesitan una atención específica. Es una de las reivindicaciones históricas de la comunidad docente.. También ahí discrepan las lecturas. Ustec ha celebrado el anuncio, pero le ha restado novedad: no lo considera una iniciativa nueva, sino el despliegue de lo que ya figuraba en los acuerdos de marzo y mayo. La distancia entre lo firmado y lo ejecutado se ha convertido, precisamente, en el nudo del conflicto.. Con ese decorado se abre el curso. Miles de alumnos volverán a las aulas el 8 de septiembre con una huelga convocada, un acuerdo desautorizado por quienes deben aplicarlo y una mesa de negociación que sigue sin convocarse. La conselleria tiene margen para mover ficha antes de que el calendario de movilizaciones se alargue y el conflicto vuelva a instalarse en el día a día de los centros. De momento, no lo ha hecho.
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