L os lazos entre el PSOE y UGT son incuestionables y, en muchas ocasiones, el sindicato ha sido el brazo movilizador del Partido Socialista. Lo fue, por ejemplo, en las elecciones andaluzas de 2012, cuando todas las encuestas daban a Javier Arenas la mayoría absoluta y la reforma laboral de Rajoy provocó que UGT y CC OO tomaran las calles. Ahora, en un contexto muy diferente, el PSOE de María Jesús Montero apela a la movilización de su electorado para evitar el que puede ser el peor resultado electoral del partido en Andalucía y ahí jugaría un papel fundamental el sindicato.. De hecho, el pasado martes, UGT Andalucía se pronunció de manera muy crítica contra la nueva línea de ayudas aprobada por la Junta de Andalucía para paliar los efectos del tren de borrascas de enero y febrero de 2026. En un comunicado, acusó al Gobierno andaluz de «priorizar a las empresas, sin exigir garantías laborales y sin proteger directamente a los trabajadores afectados».. Lo sorprendente de esta afirmación es que el Decreto-Ley del Gobierno autonómico, que la Consejería de Empleo transformará en una Orden, sí hace mención al «mantenimiento del empleo». De hecho, el planteamiento que subyace en las ayudas es muy similar al decreto-ley que también ha aprobado el Gobierno de España para apoyar a los afectados por las lluvias en Andalucía y Extremadura.. En concreto, la Orden regulará tres líneas de ayudas con un periodo subvencionable comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2026. La primera línea contempla ayudas destinadas a financiar la cuota de cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras autónomas, así como incentivos para sufragar los costes laborales del personal asalariado a su cargo en el caso de autónomos empleadores y pymes, siempre que desarrollen su actividad en los municipios o zonas afectadas por el tren de borrascas.. La segunda línea se orienta al ámbito agrario, incluyendo tanto ayudas a la cotización de las personas trabajadoras autónomas integradas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, como incentivos destinados a contribuir a los costes salariales de las personas trabajadoras por cuenta ajena vinculadas a este sistema, siempre que la actividad se desarrolle en los municipios y zonas en las que se han registrado inundaciones en explotaciones agrarias.. La tercera línea se dirige a personas trabajadoras autónomas y pymes beneficiarias de las ayudas previstas en el Real Decreto Ley 5/2026 cuyos centros de actividad no se encuentren en los municipios o las zonas afectadas. Esta medida persigue ampliar el alcance de las medidas de apoyo.. De hecho, el proyecto de Orden sometido a información pública recoge hasta en sus 42 páginas hasta en 21 ocasiones que las bases reguladoras de las ayudas tienen como objetivo «promover el mantenimiento de la actividad y el empleo del tejido productivo andaluz en las zonas de especial afectación por los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía».. La orden no prohíbe el despido, pero sí advierte, entre sus requisitos, que «será causa de reintegro total cuando el Porcentaje de Mantenimiento del Factor de Actividad sea inferior al 60%». Para UGT «no basta con sostener la actividad económica sin asegurar que también se proteja a quienes la hacen posible» y señala, ofreciendo una interpretación propia de la Orden, que «la Junta vuelve a hacer lo mismo destinando millones para las empresas y ni una garantía real para el empleo» y considera que «uno de los principales déficits de esta línea de ayudas es la ausencia de una vinculación íntegra con el mantenimiento del empleo. Para nosotros resulta del todo inaceptable que el dinero público no esté condicionado a garantizar el 100% de las plantillas, ni tan siquiera durante un periodo insuficientemente amplio», apuntan.. Por su parte, el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura aprobado por el Gobierno, en su artículo 33, señala que «las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en esta norma, así como aquellas que se acojan a las medidas contempladas en el artículo 31, no podrán despedir por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas de los daños que se produzcan en municipios cuyos habitantes hayan sido total o parcialmente desalojados o evacuados o en aquellos municipios afectados» y que se detallan en el texto.. El sindicato amplió ayer sus críticas a otros ámbitos. Así, UGT Servicios Públicos Andalucía anunció que el martes notificó al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios de PSOE y PP que deben establecer medidas para «corregir» la brecha salarial de más de 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía porque, según un estudio interno, perciben retribuciones «significativamente inferiores» a la media del conjunto de Comunidades Autónomas.
El sindicato critica el decreto de la Junta pero no el del Gobierno, pese a que ambos otorgan fondos directos y obligan a las empresas al mantenimiento del empleo
L os lazos entre el PSOE y UGT son incuestionables y, en muchas ocasiones, el sindicato ha sido el brazo movilizador del Partido Socialista. Lo fue, por ejemplo, en las elecciones andaluzas de 2012, cuando todas las encuestas daban a Javier Arenas la mayoría absoluta y la reforma laboral de Rajoy provocó que UGT y CC OO tomaran las calles. Ahora, en un contexto muy diferente, el PSOE de María Jesús Montero apela a la movilización de su electorado para evitar el que puede ser el peor resultado electoral del partido en Andalucía y ahí jugaría un papel fundamental el sindicato.. De hecho, el pasado martes, UGT Andalucía se pronunció de manera muy crítica contra la nueva línea de ayudas aprobada por la Junta de Andalucía para paliar los efectos del tren de borrascas de enero y febrero de 2026. En un comunicado, acusó al Gobierno andaluz de «priorizar a las empresas, sin exigir garantías laborales y sin proteger directamente a los trabajadores afectados».. Lo sorprendente de esta afirmación es que el Decreto-Ley del Gobierno autonómico, que la Consejería de Empleo transformará en una Orden, sí hace mención al «mantenimiento del empleo». De hecho, el planteamiento que subyace en las ayudas es muy similar al decreto-ley que también ha aprobado el Gobierno de España para apoyar a los afectados por las lluvias en Andalucía y Extremadura.. En concreto, la Orden regulará tres líneas de ayudas con un periodo subvencionable comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2026. La primera línea contempla ayudas destinadas a financiar la cuota de cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras autónomas, así como incentivos para sufragar los costes laborales del personal asalariado a su cargo en el caso de autónomos empleadores y pymes, siempre que desarrollen su actividad en los municipios o zonas afectadas por el tren de borrascas.. La segunda línea se orienta al ámbito agrario, incluyendo tanto ayudas a la cotización de las personas trabajadoras autónomas integradas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, como incentivos destinados a contribuir a los costes salariales de las personas trabajadoras por cuenta ajena vinculadas a este sistema, siempre que la actividad se desarrolle en los municipios y zonas en las que se han registrado inundaciones en explotaciones agrarias.. La tercera línea se dirige a personas trabajadoras autónomas y pymes beneficiarias de las ayudas previstas en el Real Decreto Ley 5/2026 cuyos centros de actividad no se encuentren en los municipios o las zonas afectadas. Esta medida persigue ampliar el alcance de las medidas de apoyo.. De hecho, el proyecto de Orden sometido a información pública recoge hasta en sus 42 páginas hasta en 21 ocasiones que las bases reguladoras de las ayudas tienen como objetivo «promover el mantenimiento de la actividad y el empleo del tejido productivo andaluz en las zonas de especial afectación por los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía».. La orden no prohíbe el despido, pero sí advierte, entre sus requisitos, que «será causa de reintegro total cuando el Porcentaje de Mantenimiento del Factor de Actividad sea inferior al 60%». Para UGT «no basta con sostener la actividad económica sin asegurar que también se proteja a quienes la hacen posible» y señala, ofreciendo una interpretación propia de la Orden, que «la Junta vuelve a hacer lo mismo destinando millones para las empresas y ni una garantía real para el empleo» y considera que «uno de los principales déficits de esta línea de ayudas es la ausencia de una vinculación íntegra con el mantenimiento del empleo. Para nosotros resulta del todo inaceptable que el dinero público no esté condicionado a garantizar el 100% de las plantillas, ni tan siquiera durante un periodo insuficientemente amplio», apuntan.. Por su parte, el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura aprobado por el Gobierno, en su artículo 33, señala que «las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en esta norma, así como aquellas que se acojan a las medidas contempladas en el artículo 31, no podrán despedir por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas de los daños que se produzcan en municipios cuyos habitantes hayan sido total o parcialmente desalojados o evacuados o en aquellos municipios afectados» y que se detallan en el texto.. El sindicato amplió ayer sus críticas a otros ámbitos. Así, UGT Servicios Públicos Andalucía anunció que el martes notificó al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios de PSOE y PP que deben establecer medidas para «corregir» la brecha salarial de más de 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía porque, según un estudio interno, perciben retribuciones «significativamente inferiores» a la media del conjunto de Comunidades Autónomas.
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