El fondo de inversión holandés New Amsterdam Developers ha solicitado al juzgado que aplace tres meses el desahucio de Txema Escorsa, el inquilino del bloque de la calle Sant Agustí 14 del barrio de Gràcia cuyo lanzamiento estaba previsto para el próximo 15 de abril. La petición, registrada este viernes a instancias de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, representa la primera apertura al diálogo de la empresa en más de dos años de conflicto con los vecinos. El objetivo declarado es buscar una solución extrajudicial sin perjuicio de los derechos y garantías de cada parte.. Uno de los vecinos, Txema Escorsa, lleva once años viviendo en ese piso. Tiene 31 años, trabaja como profesor de secundaria y es el primero de los cinco inquilinos que aún resisten en el bloque en recibir una orden de desahucio. Cuando New Amsterdam Developers compró el edificio en 2023, en él vivían once familias. Desde entonces, seis se han marchado. El plan del fondo es vaciar la finca para transformarla en un ‘coliving’: pisos troceados y alquilados por habitaciones a precios de hasta 950 euros al mes, un modelo que el Ayuntamiento de Barcelona ha declarado ilegal en este inmueble por no cumplir los requisitos de uso residencial.. El giro del fondo llega tras una acumulación de presión difícil de ignorar. El 25 de marzo, más de 500 personas bloquearon el acceso al inmueble e impidieron que se ejecutara el primer intento de lanzamiento. Fue la propia comitiva judicial la que optó por retirarse para no generar un problema de orden público, aplazando el desahucio hasta el 15 de abril. La movilización, promovida por el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia, había comenzado la noche anterior con una acampada en la calle peatonal. El 7 de abril, ante la proximidad de la nueva fecha, los sindicatos de vivienda lanzaron una nueva convocatoria para repetir el bloqueo.. La presión no fue solo vecinal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, rechazó «frontalmente» el desahucio en sus redes sociales y anunció la activación de «todos los mecanismos legales» para proteger a los inquilinos. El Ayuntamiento de Barcelona acumula seis expedientes sancionadores contra New Amsterdam Developers, incluida una multa de 20.000 euros por iniciar obras sin licencia. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, anunció además la apertura de expedientes sancionadores por posibles incumplimientos en la regulación del alquiler, con multas potenciales de entre 90.000 y 900.000 euros por vivienda. Ante el desgaste acumulado, el propietario del fondo, el inversor holandés Paul Petermeijer, ha puesto a la venta toda su cartera inmobiliaria en Barcelona — que incluye once edificios en Gràcia, Eixample, Ciutat Vella y Sants — por un precio de 28 millones de euros.. Pero la tregua de Sant Agustí plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando no hay cámaras, ni sindicatos movilizados, ni declaraciones del president? La respuesta puede llegar a pocos días vista. El 29 de abril está previsto el primer desahucio en la Casa Fajol, conocida como bloque Papallona, una finca también propiedad de New Amsterdam Developers situada en otro barrio de Barcelona. La afectada es Corina, una vecina con dos hijos a cargo. El caso no ha generado, de momento, la misma resonancia pública que el de Escorsa, y las entidades de vivienda ya se preguntan en voz alta si el fondo pedirá también allí un aplazamiento o si, sin la presión de la calle, optará por seguir adelante con el lanzamiento.. Casa Orsola. El precedente que puede evitar ese escenario no es otro que el de la Casa Orsola, otra finca barcelonesa donde la Sindicatura de Greuges medió con éxito y el conflicto se resolvió con la compra del edificio por parte del Ayuntamiento junto a la entidad social Habitat 3. Pero el comisionado de Vivienda del consistorio, Joan Ramon Riera, ya ha advertido que esa salida requiere que la propiedad quiera vender. Y, de momento, no es el caso en Sant Agustí.
La Sindicatura de Greuges se adelanta al Ayuntamiento y logra sentar al fondo inmobiliario holandés New Amsterdam Developers a negociar
El fondo de inversión holandés New Amsterdam Developers ha solicitado al juzgado que aplace tres meses el desahucio de Txema Escorsa, el inquilino del bloque de la calle Sant Agustí 14 del barrio de Gràcia cuyo lanzamiento estaba previsto para el próximo 15 de abril. La petición, registrada este viernes a instancias de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, representa la primera apertura al diálogo de la empresa en más de dos años de conflicto con los vecinos. El objetivo declarado es buscar una solución extrajudicial sin perjuicio de los derechos y garantías de cada parte.. Uno de los vecinos, Txema Escorsa, lleva once años viviendo en ese piso. Tiene 31 años, trabaja como profesor de secundaria y es el primero de los cinco inquilinos que aún resisten en el bloque en recibir una orden de desahucio. Cuando New Amsterdam Developers compró el edificio en 2023, en él vivían once familias. Desde entonces, seis se han marchado. El plan del fondo es vaciar la finca para transformarla en un ‘coliving’: pisos troceados y alquilados por habitaciones a precios de hasta 950 euros al mes, un modelo que el Ayuntamiento de Barcelona ha declarado ilegal en este inmueble por no cumplir los requisitos de uso residencial.. El giro del fondo llega tras una acumulación de presión difícil de ignorar. El 25 de marzo, más de 500 personas bloquearon el acceso al inmueble e impidieron que se ejecutara el primer intento de lanzamiento. Fue la propia comitiva judicial la que optó por retirarse para no generar un problema de orden público, aplazando el desahucio hasta el 15 de abril. La movilización, promovida por el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia, había comenzado la noche anterior con una acampada en la calle peatonal. El 7 de abril, ante la proximidad de la nueva fecha, los sindicatos de vivienda lanzaron una nueva convocatoria para repetir el bloqueo.. La presión no fue solo vecinal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, rechazó «frontalmente» el desahucio en sus redes sociales y anunció la activación de «todos los mecanismos legales» para proteger a los inquilinos. El Ayuntamiento de Barcelona acumula seis expedientes sancionadores contra New Amsterdam Developers, incluida una multa de 20.000 euros por iniciar obras sin licencia. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, anunció además la apertura de expedientes sancionadores por posibles incumplimientos en la regulación del alquiler, con multas potenciales de entre 90.000 y 900.000 euros por vivienda. Ante el desgaste acumulado, el propietario del fondo, el inversor holandés Paul Petermeijer, ha puesto a la venta toda su cartera inmobiliaria en Barcelona — que incluye once edificios en Gràcia, Eixample, Ciutat Vella y Sants — por un precio de 28 millones de euros.. Pero la tregua de Sant Agustí plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando no hay cámaras, ni sindicatos movilizados, ni declaraciones del president? La respuesta puede llegar a pocos días vista. El 29 de abril está previsto el primer desahucio en la Casa Fajol, conocida como bloque Papallona, una finca también propiedad de New Amsterdam Developers situada en otro barrio de Barcelona. La afectada es Corina, una vecina con dos hijos a cargo. El caso no ha generado, de momento, la misma resonancia pública que el de Escorsa, y las entidades de vivienda ya se preguntan en voz alta si el fondo pedirá también allí un aplazamiento o si, sin la presión de la calle, optará por seguir adelante con el lanzamiento.. Casa Orsola. El precedente que puede evitar ese escenario no es otro que el de la Casa Orsola, otra finca barcelonesa donde la Sindicatura de Greuges medió con éxito y el conflicto se resolvió con la compra del edificio por parte del Ayuntamiento junto a la entidad social Habitat 3. Pero el comisionado de Vivienda del consistorio, Joan Ramon Riera, ya ha advertido que esa salida requiere que la propiedad quiera vender. Y, de momento, no es el caso en Sant Agustí.
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