La reforma laboral, acordada con sindicatos y patronales y que desterró el contrato de obra y servicio y hundió la temporalidad, es la ley de la que más presume el Gobierno. Esa variable ha pasado de rondar el 25% de los ocupados a situarse en el 15%, mejora que ha coincidido con un ciclo de fortísima creación de empleo. Más allá de los logros, una de las disposiciones adicionales de esa norma estableció la obligación de que el Ejecutivo evalúe los efectos de la reforma, análisis que ya ha completado el equipo de expertos al que se le encargó, pero que aún no ha sido difundido. Fuentes de ese grupo señalan que el análisis está en manos del Ministerio de Trabajo desde febrero y que los resultados son positivos, pero el Gobierno aún no lo ha publicado, pese a que tenía el encargo legislativo de hacerlo, como tarde, en enero de 2025. El departamento de Yolanda Díaz atribuye el retraso “exclusivamente” a la dificultad para cuadrar agendas.. Seguir leyendo
El análisis de la norma es positivo, pero el ministerio alega cuestiones de agenda para demorarlo
La reforma laboral, acordada con sindicatos y patronales y que desterró el contrato de obra y servicio y hundió la temporalidad, es la ley de la que más presume el Gobierno. Esa variable ha pasado de rondar el 25% de los ocupados a situarse en el 15%, mejora que ha coincidido con un ciclo de fortísima creación de empleo. Más allá de los logros, una de las disposiciones adicionales de esa norma estableció la obligación de que el Ejecutivo evalúe los efectos de la reforma, análisis que ya ha completado el equipo de expertos al que se le encargó, pero que aún no ha sido difundido. Fuentes de ese grupo señalan que el análisis está en manos del Ministerio de Trabajo desde febrero y que los resultados son positivos, pero el Gobierno aún no lo ha publicado, pese a que tenía el encargo legislativo de hacerlo, como tarde, en enero de 2025. El departamento de Yolanda Díaz atribuye el retraso “exclusivamente” a la dificultad para cuadrar agendas.. Este compromiso deriva de la siguiente disposición de la reforma laboral: “El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, mediante el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores».. En enero de 2025, sin embargo, ni siquiera se había compuesto el equipo de expertos para realizar esta tarea, que no está retribuida. El ministerio presentó el grupo elegido de especialistas tres meses después, en abril. Fuentes del equipo de expertos señalan que el ministerio les transmitió premura, dado ese retraso, y que intentaron cumplir con esa exigencia. Entregaron el informe en febrero de este año, pero el ministerio aún no lo ha presentado ni publicado, pese a que, indican las mismas fuentes, las conclusiones son esencialmente positivas. Dicen que señala algunos elementos mejorables, pero que el espíritu general del texto hace un balance favorable de la reforma laboral. Así, está en línea con trabajos recientes que también han analizado los efectos de esta ley, como los de los expertos de la Comisión Europea, Iseak o Fedea.. A la vez, fuentes del equipo de expertos expresan su “sorpresa” por la tardanza, dado el retraso ya acumulado, y su inquietud por el desfase de los datos, ya que el análisis abarca hasta mitad de 2025. Las mismas fuentes indican que estuvieron cerca de presentar el informe a finales de abril, pero finalmente se anuló por iniciativa del ministerio. Trabajo dice que aún no ha publicado el informe ni convocado a los periodistas para presentarlo por “cuestiones de agenda para que puedan coincidir todos los actores implicados”.. Los expertos que presentó el Ministerio de Trabajo en abril del año pasado son Luis Ayala (profesor de Economía en la UNED y coordinador del grupo), Mariña Fernández (Ministerio de Trabajo), Aitor Lacuesta (Banco de España, de parte del Ministerio de Economía), Inmaculada Cebrián (profesora de la Universidad Alcalá, de parte del Ministerio de Seguridad Social), José Domingo Roselló (jefe de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Laborales de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de Presidencia del Gobierno), Luis Zarapuz (responsable del Gabinete Económico Confederal de CC OO), Cristóbal Molina (catedrático de la Universidad de Jaén, de parte de UGT), Rosa Santos (directora del departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE) y Teresa Díaz de Terán (directora del departamento sociolaboral de Cepyme).. Sin embargo, estas dos últimas integrantes dejaron de participar en las reuniones del grupo nada más empezar los trabajos. Según explican fuentes del equipo de expertos, abandonaron el grupo porque consideraron que el análisis debía limitarse a un estudio de la temporalidad, como establece el decreto, mientras que otros integrantes defendían un diagnóstico más amplio.. Fuentes conocedoras del conflicto subrayan que el abandono de CEOE y Cepyme no ha tenido nada que ver en el retraso en la publicación del informe, dado que dejaron de participar justo al inicio de las tareas. La falta de concurso patronal en la comisión, en la que sí están el Gobierno, los académicos y los sindicatos, replica el esquema del grupo de expertos más relevante que presenta Trabajo cada año, el de los especialistas que recomiendan cuánto debe crecer el salario mínimo interprofesional.. La disposición que regula la evaluación de la reforma laboral, aún por satisfacer, establece que el examen se debe repetir cada dos años. Así, si todo hubiera marchado en plazo, el segundo examen se debería dar a conocer en enero de 2027, en seis meses, pese a que ni siquiera se ha difundido el primero. El texto también establece que si la evaluación diagnostica que no se ha avanzado en la reducción de la tasa de temporalidad, “el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho objetivo, general o sectorial, para su discusión y eventual acuerdo con los interlocutores sociales”.
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