El Gobierno de Ruada afirmó este lunes que respeta el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que rechazó sus reclamaciones contra Reino Unido de unos 100 millones de libras (unos 115 millones de euros) que consideraba aún pendientes de pago como parte del polémico acuerdo bilateral para trasladar solicitantes de asilo desde territorio británico al país africano. La portavoz del Gobierno ruandés, Yolande Makolo, declaró a EFE que Ruanda «respeta el laudo del Tribunal y considera el asunto zanjado», si bien señaló que la disputa planteaba cuestiones legales «complejas y susceptibles de diferentes interpretaciones jurídicas».. A pesar del resultado, Makolo afirmó que Ruanda «seguirá trabajando de forma constructiva con sus socios internacionales, guiada por las normas internacionales y la cooperación mutuamente beneficiosa». El tribunal arbitral, con sede en La Haya (Países Bajos), concluyó, en un laudo emitido a mediados de mayo pero hecho público este lunes, que el Reino Unido no está obligado a efectuar dos pagos anuales de 50 millones de libras (casi 58 millones de euros) reclamadas por Ruanda tras la cancelación del programa migratorio, una de las iniciativas estrella del anterior Gobierno conservador británico.. Además, Ruanda sostenía que Londres había vulnerado varios artículos del acuerdo y solicitaba una indemnización de seis millones de libras (casi siete millones de euros) o una disculpa formal por los supuestos incumplimientos. Sin embargo, el tribunal arbitral rechazó por mayoría la reclamación relativa a los 50 millones de libras del segundo año y desestimó por unanimidad el resto de demandas presentadas por Ruanda. La disputa se refería a los compromisos financieros derivados del Acuerdo de Asociación de Asilo, firmado en 2022 por el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, y el Gobierno ruandés, y conocido como «Plan Ruanda».. Como recoge EFE. el pacto contemplaba el traslado a Ruanda de migrantes llegados al Reino Unido a través de rutas consideradas irregulares o peligrosas, como las travesías en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha. El proyecto estuvo envuelto desde el principio en una intensa batalla política y judicial y, tras años de litigios, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan, al considerar que existía un riesgo real de que los solicitantes de asilo fueran devueltos después a países donde podrían sufrir persecución. La llegada al poder del laborista Keir Starmer en julio de 2024 supuso el fin definitivo de la iniciativa y la declaró «muerta y enterrada».. Según datos del actual Ejecutivo británico, Reino Unido ya había desembolsado al país africano al menos 240 millones de libras (285 millones de euros) como pago inicial por el acuerdo. La decisión se divulgó en un momento de tensión diplomática entre ambos países, después de que el Gobierno británico suspendiera en febrero parte de la ayuda destinada a Ruanda tras acusar al país africano de respaldar al grupo rebelde M23 en el este de la vecina República Democrática del Congo, acusaciones que rechaza Kigali.
El Gobierno de Ruada afirmó este lunes que respeta el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que rechazó sus reclamaciones contra Reino Unido de unos 100 millones de libras (unos 115 millones de euros) que consideraba aún pendientes de pago como parte del polémico acuerdo bilateral para trasladar solicitantes de asilo desde territorio británico al país africano. La portavoz del Gobierno ruandés, Yolande Makolo, declaró a EFE que Ruanda «respeta el laudo del Tribunal y considera el asunto zanjado», si bien señaló que la disputa planteaba cuestiones legales «complejas y susceptibles de diferentes interpretaciones jurídicas».. A pesar del resultado, Makolo afirmó que Ruanda «seguirá trabajando de forma constructiva con sus socios internacionales, guiada por las normas internacionales y la cooperación mutuamente beneficiosa». El tribunal arbitral, con sede en La Haya (Países Bajos), concluyó, en un laudo emitido a mediados de mayo pero hecho público este lunes, que el Reino Unido no está obligado a efectuar dos pagos anuales de 50 millones de libras (casi 58 millones de euros) reclamadas por Ruanda tras la cancelación del programa migratorio, una de las iniciativas estrella del anterior Gobierno conservador británico.. Seis millones de libras o una disculpa formal. Además, Ruanda sostenía que Londres había vulnerado varios artículos del acuerdo y solicitaba una indemnización de seis millones de libras (casi siete millones de euros) o una disculpa formal por los supuestos incumplimientos. Sin embargo, el tribunal arbitral rechazó por mayoría la reclamación relativa a los 50 millones de libras del segundo año y desestimó por unanimidad el resto de demandas presentadas por Ruanda. La disputa se refería a los compromisos financieros derivados del Acuerdo de Asociación de Asilo, firmado en 2022 por el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, y el Gobierno ruandés, y conocido como «Plan Ruanda».. Como recoge EFE. el pacto contemplaba el traslado a Ruanda de migrantes llegados al Reino Unido a través de rutas consideradas irregulares o peligrosas, como las travesías en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha. El proyecto estuvo envuelto desde el principio en una intensa batalla política y judicial y, tras años de litigios, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan, al considerar que existía un riesgo real de que los solicitantes de asilo fueran devueltos después a países donde podrían sufrir persecución. La llegada al poder del laborista Keir Starmer en julio de 2024 supuso el fin definitivo de la iniciativa y la declaró «muerta y enterrada».. Según datos del actual Ejecutivo británico, Reino Unido ya había desembolsado al país africano al menos 240 millones de libras (285 millones de euros) como pago inicial por el acuerdo. La decisión se divulgó en un momento de tensión diplomática entre ambos países, después de que el Gobierno británico suspendiera en febrero parte de la ayuda destinada a Ruanda tras acusar al país africano de respaldar al grupo rebelde M23 en el este de la vecina República Democrática del Congo, acusaciones que rechaza Kigali.
La portavoz del Gobierno ruandés, Yolande Makolo, declaró a EFE que el país «respeta el laudo del Tribunal y considera el asunto zanjado», si bien señaló que la disputa planteaba cuestiones legales «complejas y susceptibles de diferentes interpretaciones jurídicas»
Internacional: noticias internacionales de hoy en La Razón
