El Govern de la Generalitat ha dado un paso para abordar una de las principales quejas del mundo rural: la burocracia urbanística. El Consell Executiu ha aprobado este martes un decreto ley con medidas en materia de urbanismo y contratación que busca “facilitar la vida” a los municipios de menos de 2.000 habitantes, un total de 590 en Cataluña. El texto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlament, pretende agilizar trámites, adaptar la normativa a la realidad de los pueblos pequeños y generar oportunidades para frenar la despoblación.. La iniciativa, impulsada por el ejecutivo que preside Salvador Illa, responde a una “demanda histórica” de los ayuntamientos rurales. Según ha defendido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, hasta ahora tanto una gran ciudad como un pequeño municipio debían cumplir con los mismos requisitos urbanísticos, articulados a través del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), un instrumento complejo y costoso de tramitar.. El diagnóstico del Govern es claro: más de la mitad de los municipios rurales tienen planeamientos urbanísticos de más de 20 años, lo que dificulta cualquier actuación. En algunos casos, los trámites pueden alargarse hasta 11 años, un plazo que el Ejecutivo considera “no razonable”. Con el nuevo decreto, esos procedimientos podrían reducirse de forma significativa, incluso hasta los dos años en determinados supuestos.. Para lograrlo, la norma introduce dos figuras alternativas al POUM, más simples y adaptadas a la realidad de los pequeños municipios. Por un lado, aquellos que no quieran crecer y solo necesiten ordenar su suelo urbano podrán aprobar unas normas de planeamiento propias, con el aval de la Comisión de Urbanismo. Por otro, se crea el denominado “POUM rural”, pensado para localidades que apuesten por un crecimiento moderado, con una evaluación ambiental simplificada, menos exigencias documentales y plazos más cortos. En cambio, los municipios que aspiren a un desarrollo urbanístico más amplio deberán seguir recurriendo al POUM general, como hasta ahora.. El decreto también introduce cambios relevantes en el suelo no urbanizable, uno de los ámbitos más restrictivos hasta la fecha. A partir de ahora, los ayuntamientos podrán elaborar un inventario de construcciones existentes —como masías, establos o casetas— que no estén incluidas en el catálogo oficial. Una vez incorporadas, estas edificaciones podrán destinarse a nuevos usos, desde vivienda habitual —si están dentro de un conjunto habitado— hasta actividades artísticas, transformación de productos agrarios, profesiones liberales o equipamientos sociales. Además, se permitirá su ampliación hasta 150 metros cuadrados mediante licencia municipal, siempre que se justifique su integración paisajística.. En la misma línea, el Govern pone el foco en los núcleos rurales tradicionales, aquellos asentamientos con más de un siglo de antigüedad situados en suelo no urbanizable. Muchos de estos enclaves se encuentran actualmente en riesgo de degradación, al no poder rehabilitarse con la normativa vigente. El decreto habilita a los ayuntamientos para regular su mantenimiento y permitirá, con licencia, rehabilitar edificaciones, ampliarlas, dividirlas horizontalmente e incluso construir nuevas viviendas para sustituir las existentes o ocupar vacíos dentro del núcleo.. Otra de las novedades es la posibilidad de que la Generalitat actúe como medio propio a través de empresas públicas como Infraestructures.cat o L’Energètica para facilitar la ejecución de proyectos municipales, reduciendo cargas administrativas y costes.. El Govern enmarca este decreto en el desarrollo del Estatut del Municipi Rural, la primera ley aprobada en la actual legislatura, y subraya su carácter “municipalista”, fruto de la interlocución con ayuntamientos y entidades del territorio. De hecho, el Ejecutivo confía en que la norma obtenga un amplio respaldo parlamentario, dado el consenso previo en torno a estas demandas.. El objetivo de fondo es revertir la tendencia demográfica negativa en las zonas rurales, fijar población y dinamizar la economía local. Con menos trabas administrativas y más flexibilidad urbanística, el Govern aspira a que los pequeños municipios puedan rehabilitar su patrimonio, generar actividad y adaptarse a sus propias necesidades sin quedar lastrados por una normativa pensada, hasta ahora, para realidades muy distintas.
La norma permitirá reducir plazos urbanísticos de hasta 11 años a apenas dos para construir o rehabilitar vivienda
El Govern de la Generalitat ha dado un paso para abordar una de las principales quejas del mundo rural: la burocracia urbanística. El Consell Executiu ha aprobado este martes un decreto ley con medidas en materia de urbanismo y contratación que busca “facilitar la vida” a los municipios de menos de 2.000 habitantes, un total de 590 en Cataluña. El texto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlament, pretende agilizar trámites, adaptar la normativa a la realidad de los pueblos pequeños y generar oportunidades para frenar la despoblación.. La iniciativa, impulsada por el ejecutivo que preside Salvador Illa, responde a una “demanda histórica” de los ayuntamientos rurales. Según ha defendido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, hasta ahora tanto una gran ciudad como un pequeño municipio debían cumplir con los mismos requisitos urbanísticos, articulados a través del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), un instrumento complejo y costoso de tramitar.. El diagnóstico del Govern es claro: más de la mitad de los municipios rurales tienen planeamientos urbanísticos de más de 20 años, lo que dificulta cualquier actuación. En algunos casos, los trámites pueden alargarse hasta 11 años, un plazo que el Ejecutivo considera “no razonable”. Con el nuevo decreto, esos procedimientos podrían reducirse de forma significativa, incluso hasta los dos años en determinados supuestos.. Para lograrlo, la norma introduce dos figuras alternativas al POUM, más simples y adaptadas a la realidad de los pequeños municipios. Por un lado, aquellos que no quieran crecer y solo necesiten ordenar su suelo urbano podrán aprobar unas normas de planeamiento propias, con el aval de la Comisión de Urbanismo. Por otro, se crea el denominado “POUM rural”, pensado para localidades que apuesten por un crecimiento moderado, con una evaluación ambiental simplificada, menos exigencias documentales y plazos más cortos. En cambio, los municipios que aspiren a un desarrollo urbanístico más amplio deberán seguir recurriendo al POUM general, como hasta ahora.. El decreto también introduce cambios relevantes en el suelo no urbanizable, uno de los ámbitos más restrictivos hasta la fecha. A partir de ahora, los ayuntamientos podrán elaborar un inventario de construcciones existentes —como masías, establos o casetas— que no estén incluidas en el catálogo oficial. Una vez incorporadas, estas edificaciones podrán destinarse a nuevos usos, desde vivienda habitual —si están dentro de un conjunto habitado— hasta actividades artísticas, transformación de productos agrarios, profesiones liberales o equipamientos sociales. Además, se permitirá su ampliación hasta 150 metros cuadrados mediante licencia municipal, siempre que se justifique su integración paisajística.. En la misma línea, el Govern pone el foco en los núcleos rurales tradicionales, aquellos asentamientos con más de un siglo de antigüedad situados en suelo no urbanizable. Muchos de estos enclaves se encuentran actualmente en riesgo de degradación, al no poder rehabilitarse con la normativa vigente. El decreto habilita a los ayuntamientos para regular su mantenimiento y permitirá, con licencia, rehabilitar edificaciones, ampliarlas, dividirlas horizontalmente e incluso construir nuevas viviendas para sustituir las existentes o ocupar vacíos dentro del núcleo.. Otra de las novedades es la posibilidad de que la Generalitat actúe como medio propio a través de empresas públicas como Infraestructures.cat o L’Energètica para facilitar la ejecución de proyectos municipales, reduciendo cargas administrativas y costes.. El Govern enmarca este decreto en el desarrollo del Estatut del Municipi Rural, la primera ley aprobada en la actual legislatura, y subraya su carácter “municipalista”, fruto de la interlocución con ayuntamientos y entidades del territorio. De hecho, el Ejecutivo confía en que la norma obtenga un amplio respaldo parlamentario, dado el consenso previo en torno a estas demandas.. El objetivo de fondo es revertir la tendencia demográfica negativa en las zonas rurales, fijar población y dinamizar la economía local. Con menos trabas administrativas y más flexibilidad urbanística, el Govern aspira a que los pequeños municipios puedan rehabilitar su patrimonio, generar actividad y adaptarse a sus propias necesidades sin quedar lastrados por una normativa pensada, hasta ahora, para realidades muy distintas.
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