La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha remitido una carta a los cinco grupos del Parlamento andaluz recién constituido –Popular, Socialista, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía– en la que reclama que la inversión autonómica en dependencia alcance el 1,58% del PIB en 2026, como primer paso hacia el 2%, coincidiendo con el inicio de la legislatura. Según los datos del Sisaad (Imserso), entre enero y mayo de 2026 fallecieron en Andalucía 2.204 personas esperando la atención a la que tenían derecho una media cercana a las quince diarias, tal y como ha señalado la Federación en una nota de prensa. A 31 de mayo, 49.513 andaluces permanecían en lista de espera, el 18,65% del total nacional y la segunda cifra más alta de España, con una demora media de 446 días, 2,5 veces el plazo legal de 180.. FOAM ha subrayado de esta manera un dato que considera «decisivo y estructural»: entre 2018 y 2024, último dato certificado por el Imserso, Andalucía ha sido, «año tras año», la comunidad autónoma que menos aporta de su propio presupuesto por persona con derecho a la dependencia. Aunque la inversión por persona ha crecido, por encima de la media nacional, la Federación ha señalado que la aportación propia de la Junta «ha sido la más baja de España».. Así, aun con esa mejora en 2024, Andalucía sigue invirtiendo por debajo de la media nacional (7.902 euros por persona con derecho reconocido) y lejos de Extremadura (10.265 euros), que con una economía menor destina el 1,58% de su PIB. Con el presupuesto actual de 2026, la inversión equivale a 7.173 euros por persona. Alcanzar el 1,58% del PIB exigiría 3.836 millones de euros, un incremento de 1.225 millones respecto a lo previsto –el 2,37% del presupuesto total de la Junta–, una cifra inferior al crecimiento acumulado del PIB regional en los últimos seis años (+12,3%). De este modo, se elevaría la inversión a 10.540 euros por persona con derecho reconocido (3.367 euros más por beneficiario, un 47% adicional), situando a Andalucía por encima de la media nacional y entre las comunidades que más invierten.. Además, FOAM ha señalado que el impulso estatal se ha frenado los incrementos extraordinarios de unos 600 millones de euros anuales que el Estado aportó entre 2021 y 2023 están congelados desde que los Presupuestos Generales se prorrogan, en 2023, y su aportación crece «solo por el automatismo legal del nivel mínimo ligado al número de beneficiarios». «El esfuerzo propio de la Junta, por su parte, apenas se ha movido: del 0,63% al 0,65% del PIB en seis años. Sin un aumento decidido de la inversión propia, el sistema no podrá absorber la demanda ni reducir las listas de espera», ha afirmado. Por todo ello, FOAM ha solicitado a los grupos parlamentarios que impulsen y apoyen elevar la dotación de la dependencia al 1,58% del PIB autonómico en 2026, con el horizonte de alcanzar el 2%; un «plan de choque» para reducir la lista de espera y ajustar los tiempos al máximo legal de 180 días; reforzar la fase de valoración inicial, «donde se concentra el principal cuello de botella» y exigir al Estado la cofinanciación del 50% que establece la Ley 39/2006 (en 2026 la Junta asume el 70,5% y el Estado el 29,5%).. Así, FOAM reclama que la atención a la dependencia se reconozca expresamente entre las prioridades sociales de la nueva legislatura. «No es una reivindicación sectorial: hablamos de un derecho reconocido por ley y de familias que no pueden seguir esperando», ha concluido.
Entre enero y mayo de 2026 fallecieron en la comunidad 2.204 personas esperando la prestación
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha remitido una carta a los cinco grupos del Parlamento andaluz recién constituido –Popular, Socialista, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía– en la que reclama que la inversión autonómica en dependencia alcance el 1,58% del PIB en 2026, como primer paso hacia el 2%, coincidiendo con el inicio de la legislatura. Según los datos del Sisaad (Imserso), entre enero y mayo de 2026 fallecieron en Andalucía 2.204 personas esperando la atención a la que tenían derecho una media cercana a las quince diarias, tal y como ha señalado la Federación en una nota de prensa. A 31 de mayo, 49.513 andaluces permanecían en lista de espera, el 18,65% del total nacional y la segunda cifra más alta de España, con una demora media de 446 días, 2,5 veces el plazo legal de 180.. FOAM ha subrayado de esta manera un dato que considera «decisivo y estructural»: entre 2018 y 2024, último dato certificado por el Imserso, Andalucía ha sido, «año tras año», la comunidad autónoma que menos aporta de su propio presupuesto por persona con derecho a la dependencia. Aunque la inversión por persona ha crecido, por encima de la media nacional, la Federación ha señalado que la aportación propia de la Junta «ha sido la más baja de España».. Así, aun con esa mejora en 2024, Andalucía sigue invirtiendo por debajo de la media nacional (7.902 euros por persona con derecho reconocido) y lejos de Extremadura (10.265 euros), que con una economía menor destina el 1,58% de su PIB. Con el presupuesto actual de 2026, la inversión equivale a 7.173 euros por persona. Alcanzar el 1,58% del PIB exigiría 3.836 millones de euros, un incremento de 1.225 millones respecto a lo previsto –el 2,37% del presupuesto total de la Junta–, una cifra inferior al crecimiento acumulado del PIB regional en los últimos seis años (+12,3%). De este modo, se elevaría la inversión a 10.540 euros por persona con derecho reconocido (3.367 euros más por beneficiario, un 47% adicional), situando a Andalucía por encima de la media nacional y entre las comunidades que más invierten.. Además, FOAM ha señalado que el impulso estatal se ha frenado los incrementos extraordinarios de unos 600 millones de euros anuales que el Estado aportó entre 2021 y 2023 están congelados desde que los Presupuestos Generales se prorrogan, en 2023, y su aportación crece «solo por el automatismo legal del nivel mínimo ligado al número de beneficiarios». «El esfuerzo propio de la Junta, por su parte, apenas se ha movido: del 0,63% al 0,65% del PIB en seis años. Sin un aumento decidido de la inversión propia, el sistema no podrá absorber la demanda ni reducir las listas de espera», ha afirmado. Por todo ello, FOAM ha solicitado a los grupos parlamentarios que impulsen y apoyen elevar la dotación de la dependencia al 1,58% del PIB autonómico en 2026, con el horizonte de alcanzar el 2%; un «plan de choque» para reducir la lista de espera y ajustar los tiempos al máximo legal de 180 días; reforzar la fase de valoración inicial, «donde se concentra el principal cuello de botella» y exigir al Estado la cofinanciación del 50% que establece la Ley 39/2006 (en 2026 la Junta asume el 70,5% y el Estado el 29,5%).. Así, FOAM reclama que la atención a la dependencia se reconozca expresamente entre las prioridades sociales de la nueva legislatura. «No es una reivindicación sectorial: hablamos de un derecho reconocido por ley y de familias que no pueden seguir esperando», ha concluido.
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