Todo sistema democrático reposa sobre la definición del sujeto en cuyo nombre se gobierna. Hace ya casi 250 años, la respuesta que inauguró el constitucionalismo moderno fue “We, the People”. La fórmula sigue siendo hoy el fundamento de legitimidad de las democracias. Pero la teoría política ha dado muchas vueltas sobre cómo se define la parte del pueblo que decide. Para votar quién puede votar hay que haber definido antes quién vota. El demos nunca se constituye a sí mismo. Es necesario un acto previo de cierre en el que se trace la frontera entre el nosotros y los otros. Hoy, fruto de las circunstancias en que nos encontramos por motivos muy diversos, el tema ha vuelto a convertirse en uno de los centros clave del conflicto político contemporáneo.Seguir leyendo
Una Europa que dejara de preguntarse quién es para responder con listas de expulsión habría dejado de ser Europa en el único sentido que importa
Todo sistema democrático reposa sobre la definición del sujeto en cuyo nombre se gobierna. Hace ya casi 250 años, la respuesta que inauguró el constitucionalismo moderno fue “We, the People”. La fórmula sigue siendo hoy el fundamento de legitimidad de las democracias. Pero la teoría política ha dado muchas vueltas sobre cómo se define la parte del pueblo que decide. Para votar quién puede votar hay que haber definido antes quién vota. El demos nunca se constituye a sí mismo. Es necesario un acto previo de cierre en el que se trace la frontera entre el nosotros y los otros. Hoy, fruto de las circunstancias en que nos encontramos por motivos muy diversos, el tema ha vuelto a convertirse en uno de los centros clave del conflicto político contemporáneo.La historia muestra que la frontera del “nosotros” nunca ha sido un dato natural, sino fruto de una decisión política, y por tanto reversible. El “We, the People” de 1787 nació ya amputado. Excluía a los esclavos, a las mujeres, a los indígenas. Hizo falta una guerra civil y una enmienda a la Constitución para garantizar la ciudadanía a toda persona nacida en el país. En sentido inverso, la Europa de entreguerras mostró como ir estrechando la condición de ciudadano. Las leyes de Núremberg degradaron a los judíos convirtiéndolos primero en ciudadanos de segunda, luego desnacionalizándolos. Hannah Arendt, que vivió aquello como apátrida, concluyó con una idea básica: la ciudadanía es “el derecho a tener derechos”. Tiene todo el sentido evocar ahora esa historia, ya que la pregunta ha regresado con estrépito. En Estados Unidos, el presidente ha intentado acabar por decreto con la ciudadanía por nacimiento, y ha sido el Tribunal Supremo, citando literalmente a Arendt, el que ha declarado inconstitucional el intento. En Europa, el Parlamento ha aprobado un Reglamento de Retornos que permite internar hasta veinticuatro meses a personas en situación irregular y crear centros de expulsión en terceros países cortando todo posible vínculo potencial de mejora. Una parte del hemiciclo celebró la votación coreando “Send them back!”. El vector ideológico que resume el escenario es “remigración”. El término, acuñado en los círculos identitarios austríacos y alemanes y adoptado ya sin complejos por partidos con representación parlamentaria en media Europa, incluida España, permite hablar de deportaciones masivas sin pronunciar la palabra tabú. Lo significativo es que no se refiere solo a personas en situación irregular, sino también a residentes legales e incluso a ciudadanos nacionalizados que se consideren “no asimilados”. Se ha llegado a proponer entre nosotros la expulsión de millones de personas, incluidos hijos de migrantes nacidos aquí, y la pérdida de la nacionalidad por “cualquier delito”. Una nacionalidad revocable que, como decíamos, tiene infaustos precedentes históricos. No estamos ante un debate sobre los matices de u
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