PP y Vox han vuelto a demostrar que en la Comunitat Valenciana son capaces de alcanzar acuerdos. Mientras los pactos de Gobierno siguen paralizados en otras autonomías, ambos partidos han pactado instar al Consell a adoptar medidas para hacer frente a la inmigración, como impulsar un programa de retorno voluntario, reforzar la seguridad de los centros de menores extranjeros no acompañados o ubicar estas instalaciones a las afueras de los centros urbanos.. Así lo recoge la propuesta aprobada ayer por el pleno de Les Corts Valencianes, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSPV y Compromís, y que parte de una proposición no de ley de Vox, que incluía también una serie de exigencias al Gobierno central, que finalmente se han retirado a propuesta de los populares rebajando así las aspiraciones iniciales del partido que lidera Santiago Abascal.. La propuesta inicial de Vox incluía también una serie de exigencias al Ejecutivo de Sánchez, como la deportación de cualquier inmigrante que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida o de quien decida no integrarse en la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya; la repatriación de los inmigrantes que accedan ilegalmente al país o establecer la «prioridad nacional» en el acceso a ayudas, entre otras, según recoge EFE.. Otra de las peticiones que sí ha salido adelante es la de pedir al Consell que «publique estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva en la Comunitat», y rechazar las políticas de efecto llamada «que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en España».. Para la izquierda, esta propuesta es «un panfleto ideológico basado en el miedo», afirmó Rocío Ibañez del PSPV mientras que la diputada de Compromís, Isaura Navarro, acusó a la derecha de convertir a los inmigrantes en «el enemigo de la sociedad».. Cambios en la renta básica. También salió adelante, con los votos del PP y Vox y en contra de Compromís y el PSPV, la modificación de la ley de la Renta valenciana de inclusión, que incluye novedades como que su percepción sea compatible con los ingresos derivados del trabajo y amplía el grupo de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que puedan compatibilizar esta renta con otros subsidios.. Durante el debate en comisión, el PP y Vox acordaron elevar de 12 a 15 meses el periodo mínimo de empadronamiento para poder solicitar esta renta; limitar su percepción a seis años; eliminar las referencias a la violencia de género, y que para mantenerla habrá que renunciar a «cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres».. La reforma también incluye medidas específicas para proteger a los colectivos más vulnerables como la prioridad en la cobertura a familias con menores y a hogares monoparentales y la especial atención a las personas con problemas de salud mental en situación de pobreza.. Se crea un complemento para la infancia, dirigido a familias con hijos en situación de pobreza, que podrá alcanzar hasta 180 euros mensuales por familia, brindando un apoyo económico esencial para estos hogares. Además, se establecerá un complemento de emergencias, que aumentará en un 15% la prestación en casos de emergencias oficialmente declaradas.. Varias entidades sociales (la Plataforma del Tercer Sector, Cruz Roja, Save the Children y AESCO), entre otras, apoyaron la renta con su presencia en al Parlamento valenciano.
Los de Abascal rebajan sus expectativas sobre inmigración para sacar adelante la iniciativa
PP y Vox han vuelto a demostrar que en la Comunitat Valenciana son capaces de alcanzar acuerdos. Mientras los pactos de Gobierno siguen paralizados en otras autonomías, ambos partidos han pactado instar al Consell a adoptar medidas para hacer frente a la inmigración, como impulsar un programa de retorno voluntario, reforzar la seguridad de los centros de menores extranjeros no acompañados o ubicar estas instalaciones a las afueras de los centros urbanos.. Así lo recoge la propuesta aprobada ayer por el pleno de Les Corts Valencianes, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSPV y Compromís, y que parte de una proposición no de ley de Vox, que incluía también una serie de exigencias al Gobierno central, que finalmente se han retirado a propuesta de los populares rebajando así las aspiraciones iniciales del partido que lidera Santiago Abascal.. La propuesta inicial de Vox incluía también una serie de exigencias al Ejecutivo de Sánchez, como la deportación de cualquier inmigrante que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida o de quien decida no integrarse en la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya; la repatriación de los inmigrantes que accedan ilegalmente al país o establecer la «prioridad nacional» en el acceso a ayudas, entre otras, según recoge EFE.. Otra de las peticiones que sí ha salido adelante es la de pedir al Consell que «publique estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva en la Comunitat», y rechazar las políticas de efecto llamada «que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en España».. Para la izquierda, esta propuesta es «un panfleto ideológico basado en el miedo», afirmó Rocío Ibañez del PSPV mientras que la diputada de Compromís, Isaura Navarro, acusó a la derecha de convertir a los inmigrantes en «el enemigo de la sociedad».. Cambios en la renta básica. También salió adelante, con los votos del PP y Vox y en contra de Compromís y el PSPV, la modificación de la ley de la Renta valenciana de inclusión, que incluye novedades como que su percepción sea compatible con los ingresos derivados del trabajo y amplía el grupo de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que puedan compatibilizar esta renta con otros subsidios.. Durante el debate en comisión, el PP y Vox acordaron elevar de 12 a 15 meses el periodo mínimo de empadronamiento para poder solicitar esta renta; limitar su percepción a seis años; eliminar las referencias a la violencia de género, y que para mantenerla habrá que renunciar a «cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres».. La reforma también incluye medidas específicas para proteger a los colectivos más vulnerables como la prioridad en la cobertura a familias con menores y a hogares monoparentales y la especial atención a las personas con problemas de salud mental en situación de pobreza.. Se crea un complemento para la infancia, dirigido a familias con hijos en situación de pobreza, que podrá alcanzar hasta 180 euros mensuales por familia, brindando un apoyo económico esencial para estos hogares. Además, se establecerá un complemento de emergencias, que aumentará en un 15% la prestación en casos de emergencias oficialmente declaradas.. Varias entidades sociales (la Plataforma del Tercer Sector, Cruz Roja, Save the Children y AESCO), entre otras, apoyaron la renta con su presencia en al Parlamento valenciano.
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