La Fiscalía de Almería y el Ayuntamiento de Cantoria (Almería) han solicitado penas de prisión e inhabilitación para el exalcalde del municipio Pedro María Llamas (PP), a quien acusan de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la compra «al margen de cualquier procedimiento administrativo» del Palacio de Almanzora.. Según el auto de apertura de juicio oral dictado por el Tribunal de Instancia de Huércal-Overa, al que ha tenido acceso EFE, será Audiencia de Almería la encargada de enjuiciar estos hechos. La juez ha confirmado la existencia de indicios suficientes contra el exregidor, dando por formuladas las acusaciones tanto del Ministerio Público como de la acusación particular.. El Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional, ha pedido para Llamas una pena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial por el delito de malversación, a lo que suma otra petición de nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación.. La acusación particular, ejercida por el letrado Javier Salvador del bufete Aránguez Abogados en representación del Consistorio, ha elevado la petición de cárcel hasta los seis años y reclama diez años de inhabilitación por cada uno de los delitos imputados.. Los hechos que se juzgarán se remontan al 29 de diciembre de 2009 y según los escritos de acusación, Llamas, valiéndose de su condición de alcalde, suscribió un contrato privado de compraventa con un particular para adquirir una parte del inmueble conocido como «Palacio de Almanzora» por 360.000 euros.. Esta adquisición se acordó «sin cumplir con los trámites legalmente previstos» y con pleno conocimiento de que no se había tramitado expediente de contratación alguno ni existían los preceptivos informes técnicos o jurídicos que avalaran la operación.. Además, la decisión se tomó de forma «unilateral», sin la aprobación de los órganos colegiados del Ayuntamiento y, según las acusaciones, «sin dotación presupuestaria habilitante» en las arcas municipales para hacer frente al gasto.. Pese a la ausencia de crédito presupuestario, Llamas ordenó realizar diversos pagos con fondos públicos entre 2011 y 2012.. El Ayuntamiento desembolsó 40.400 euros mediante abonos fraccionados: un primer pago de 25.000 en marzo de 2011, seguido de otras cuatro entregas de cantidades menores (1.100, 3.300, 2.200 y 8.800) hasta noviembre de 2012.. El escrito de la acusación particular ha detallado que la operación contó con «constantes reparos» del secretario e interventor municipal, quienes advirtieron por escrito de la ilegalidad de los pagos y de la improcedencia de asumir intereses derivados de un contrato privado.. Lejos de detener la operación, el exalcalde habría dictado resoluciones de Alcaldía rechazando expresamente dichos reparos para continuar con los pagos.. Asimismo, se le acusa de impedir el control político al no dar cuenta de estas discrepancias al Pleno municipal, ocultando así las advertencias de los habilitados nacionales al resto de la corporación.. El perjuicio para las arcas públicas se cifra en los 40.400 euros abonados, cantidad que el Ayuntamiento no ha podido recuperar ya que el contrato estipulaba que el vendedor podía retener las sumas recibidas en caso de resolución.. En concepto de responsabilidad civil, tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado que Llamas indemnice al Consistorio con dicha cantidad más los intereses legales correspondientes.. El juicio contará con el interrogatorio del acusado y las declaraciones del exsecretario municipal, el vendedor del inmueble y agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación.
Se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos
La Fiscalía de Almería y el Ayuntamiento de Cantoria (Almería) han solicitado penas de prisión e inhabilitación para el exalcalde del municipio Pedro María Llamas (PP), a quien acusan de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la compra «al margen de cualquier procedimiento administrativo» del Palacio de Almanzora.. Según el auto de apertura de juicio oral dictado por el Tribunal de Instancia de Huércal-Overa, al que ha tenido acceso EFE, será Audiencia de Almería la encargada de enjuiciar estos hechos. La juez ha confirmado la existencia de indicios suficientes contra el exregidor, dando por formuladas las acusaciones tanto del Ministerio Público como de la acusación particular.. El Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional, ha pedido para Llamas una pena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial por el delito de malversación, a lo que suma otra petición de nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación.. La acusación particular, ejercida por el letrado Javier Salvador del bufete Aránguez Abogados en representación del Consistorio, ha elevado la petición de cárcel hasta los seis años y reclama diez años de inhabilitación por cada uno de los delitos imputados.. Los hechos que se juzgarán se remontan al 29 de diciembre de 2009 y según los escritos de acusación, Llamas, valiéndose de su condición de alcalde, suscribió un contrato privado de compraventa con un particular para adquirir una parte del inmueble conocido como «Palacio de Almanzora» por 360.000 euros.. Esta adquisición se acordó «sin cumplir con los trámites legalmente previstos» y con pleno conocimiento de que no se había tramitado expediente de contratación alguno ni existían los preceptivos informes técnicos o jurídicos que avalaran la operación.. Además, la decisión se tomó de forma «unilateral», sin la aprobación de los órganos colegiados del Ayuntamiento y, según las acusaciones, «sin dotación presupuestaria habilitante» en las arcas municipales para hacer frente al gasto.. Pese a la ausencia de crédito presupuestario, Llamas ordenó realizar diversos pagos con fondos públicos entre 2011 y 2012.. El Ayuntamiento desembolsó 40.400 euros mediante abonos fraccionados: un primer pago de 25.000 en marzo de 2011, seguido de otras cuatro entregas de cantidades menores (1.100, 3.300, 2.200 y 8.800) hasta noviembre de 2012.. El escrito de la acusación particular ha detallado que la operación contó con «constantes reparos» del secretario e interventor municipal, quienes advirtieron por escrito de la ilegalidad de los pagos y de la improcedencia de asumir intereses derivados de un contrato privado.. Lejos de detener la operación, el exalcalde habría dictado resoluciones de Alcaldía rechazando expresamente dichos reparos para continuar con los pagos.. Asimismo, se le acusa de impedir el control político al no dar cuenta de estas discrepancias al Pleno municipal, ocultando así las advertencias de los habilitados nacionales al resto de la corporación.. El perjuicio para las arcas públicas se cifra en los 40.400 euros abonados, cantidad que el Ayuntamiento no ha podido recuperar ya que el contrato estipulaba que el vendedor podía retener las sumas recibidas en caso de resolución.. En concepto de responsabilidad civil, tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado que Llamas indemnice al Consistorio con dicha cantidad más los intereses legales correspondientes.. El juicio contará con el interrogatorio del acusado y las declaraciones del exsecretario municipal, el vendedor del inmueble y agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación.
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