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  Internacional  Perú elige entre dos candidatos perseguidos por la Justicia
Internacional

Perú elige entre dos candidatos perseguidos por la Justicia

7 de junio de 2026
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En una última y desesperada jugada para ganar votos, Keiko Fujimori ofreció en la víspera indultar a Pedro Castillo, el mismo expresidente que su bancada no dejó gobernar y que terminó destituido, tras su intento de golpe de Estado. Entretanto su oponente, Roberto Sánchez, seguía aglutinando el respaldo de excandidatos presidenciales, líderes políticos, periodistas y hasta artistas que se unieron en una cruzada para impedir que la hija del exdictador Alberto Fujimori gane las elecciones presidenciales.. «No viciaré mi voto, no esconderé la mano. Votaré por Sánchez y contra el totalitarismo de Keiko Fujimori», dice la reconocida cantante internacional Susana Baca en un video difundido por redes sociales. «Recuerda que la señora K ya gobernó, desde el 2016 ha tenido el control del Congreso y desde ahí ha vacado presidentes», recuerda en otro video la dirigente de izquierda Verónica Mendoza. «La mejor opción es impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes» recomienda el periodista César Hildebrsndt en su último podcast.. Del otro lado, Keiko Fujimori recibió la adherencia del excandidato de derecha Rafael López Aliaga, de grandes empresarios que temen que un eventual gobierno de Sánchez les quite los beneficios tributarios y también el apoyo de Álvaro Vargas Llosa, el hijo del escritor Mario Vargas Llosa. No obstante, su propio hermano, el excongresista Kenji Fujimori, dijo que «después de todo lo vivido, no apoyaré a mi hermana».. La disputa electoral del domingo 7 de junio en Perú, que coincide con el día de la bandera, será vertiginosa y se peleará en mesa, debido al estrecho margen en la diferencia de votos, según los últimos simulacros de votación. Y aunque la doctrina y los planes de gobierno de ambos candidatos son totalmente opuestos, los une un factor común: los dos tienen cuentas pendientes con la justicia.. El mismo Roberto Sánchez debió hacer un paréntesis en medio de su intensa campaña para acudir, el último jueves, a una audiencia virtual frente a las autoridades judiciales por uno de los expedientes en su contra sobre malos manejos de los fondos de campaña. El caso tiene que ver con que Sánchez habría recibido un promedio de 50 mil dólares como aporte de campaña en el año 2018, dinero que presuntamente no fue ingresado formalmente a la cuenta del partido, sino a la de su hermano, que también viene siendo investigado. El dinero no fue declarado, pero el organismo electoral lo detectó. Sánchez argumenta que no contaban con una cuenta del partido y que a él no le correspondía declarar sino al contador de su partido.. La Fiscalía formalizó esta semana el pedido de 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato presidencial por presunta falsificación de información de los aportes de su partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). A Sánchez se le atribuye haber presentado datos falsos respecto a la información financiera anual de su partido en el año 2018, al declarar que «no habían recibido aportes».. La fiscalía también sostiene que Sánchez declaró información inexacta sobre los estados financieros de los años 2019 y 2020. Algunos abogados panelistas han advertido que si Roberto Sánchez gana la elección y es condenado antes del 28 de julio que es la fecha de asunción de mando, podría ser inhabilitado y no asumiría la Presidencia. Otros analistas consideran este hecho como una maniobra desde la Fiscalía que es actualmente dirigida por un Fiscal de la Nación afín al fujimorismo. El Tribunal Constitucional ha advertido que un mandatario una vez que juramente el cargo no puede ser acusado hasta que concluya su mandato. Sánchez tiene otra investigación abierta por presuntamente haber contratado un asesor de manera irregular mientras era ministro de Estado, entre otras tres pesquisas fiscales.. De otro lado, Keiko Fujimori afronta también investigaciones similares en el llamado «Caso Cócteles”, que tiene que ver con grandes aportes recibidos en sus campañas de 2011 y 2016, entre otros los cerca de 2 millones de dólares otorgados por la empresa Odebrecht y que no fueron declarados. Los cargos contra Fujimori por lavado de activos y organización criminal fueron desestimados por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Fiscalía mantiene abiertas indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito y el uso indebido de fondos de campaña.. Fujimori además afronta otras investigaciones,como la carpeta fiscal que indaga la captación de fondos para su campaña electoral de 2021. Se le señala como presunta integrante de un esquema de captación de dinero ilícito, el cual habría sido canalizado mediante aportes anónimos y falsos aportantes.. Otra investigación contra la lideresa de Fuerza Popular está centrada en su patrimonio personal. La tesis fiscal indaga si parte de los millones entregados por el empresario bancario Dionisio Romero se quedaron en posesión directa de Fujimori durante su etapa como congresista, ya que según versiones de diferentes testigos no habrían sido declarados ante la Contraloría de la República. Además de estas investigaciones citadas, Keiko Fujimori deberá responder a otros 20 expedientes más, todos asociados a enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, falsedad genérica, entre otros presuntos delitos. La corrupción en ese país ha enviado a prisión a tres exmandatarios: Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo.

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En una última y desesperada jugada para ganar votos, Keiko Fujimori ofreció en la víspera indultar a Pedro Castillo, el mismo expresidente que su bancada no dejó gobernar y que terminó destituido, tras su intento de golpe de Estado. Entretanto su oponente, Roberto Sánchez, seguía aglutinando el respaldo de excandidatos presidenciales, líderes políticos, periodistas y hasta artistas que se unieron en una cruzada para impedir que la hija del exdictador Alberto Fujimori gane las elecciones presidenciales.. «No viciaré mi voto, no esconderé la mano. Votaré por Sánchez y contra el totalitarismo de Keiko Fujimori», dice la reconocida cantante internacional Susana Baca en un video difundido por redes sociales. «Recuerda que la señora K ya gobernó, desde el 2016 ha tenido el control del Congreso y desde ahí ha vacado presidentes», recuerda en otro video la dirigente de izquierda Verónica Mendoza. «La mejor opción es impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes» recomienda el periodista César Hildebrsndt en su último podcast.. Del otro lado, Keiko Fujimori recibió la adherencia del excandidato de derecha Rafael López Aliaga, de grandes empresarios que temen que un eventual gobierno de Sánchez les quite los beneficios tributarios y también el apoyo de Álvaro Vargas Llosa, el hijo del escritor Mario Vargas Llosa. No obstante, su propio hermano, el excongresista Kenji Fujimori, dijo que «después de todo lo vivido, no apoyaré a mi hermana».. La disputa electoral del domingo 7 de junio en Perú, que coincide con el día de la bandera, será vertiginosa y se peleará en mesa, debido al estrecho margen en la diferencia de votos, según los últimos simulacros de votación. Y aunque la doctrina y los planes de gobierno de ambos candidatos son totalmente opuestos, los une un factor común: los dos tienen cuentas pendientes con la justicia.. El mismo Roberto Sánchez debió hacer un paréntesis en medio de su intensa campaña para acudir, el último jueves, a una audiencia virtual frente a las autoridades judiciales por uno de los expedientes en su contra sobre malos manejos de los fondos de campaña. El caso tiene que ver con que Sánchez habría recibido un promedio de 50 mil dólares como aporte de campaña en el año 2018, dinero que presuntamente no fue ingresado formalmente a la cuenta del partido, sino a la de su hermano, que también viene siendo investigado. El dinero no fue declarado, pero el organismo electoral lo detectó. Sánchez argumenta que no contaban con una cuenta del partido y que a él no le correspondía declarar sino al contador de su partido.. La Fiscalía formalizó esta semana el pedido de 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato presidencial por presunta falsificación de información de los aportes de su partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). A Sánchez se le atribuye haber presentado datos falsos respecto a la información financiera anual de su partido en el año 2018, al declarar que «no habían recibido aportes».. La fiscalía también sostiene que Sánchez declaró información inexacta sobre los estados financieros de los años 2019 y 2020. Algunos abogados panelistas han advertido que si Roberto Sánchez gana la elección y es condenado antes del 28 de julio que es la fecha de asunción de mando, podría ser inhabilitado y no asumiría la Presidencia. Otros analistas consideran este hecho como una maniobra desde la Fiscalía que es actualmente dirigida por un Fiscal de la Nación afín al fujimorismo. El Tribunal Constitucional ha advertido que un mandatario una vez que juramente el cargo no puede ser acusado hasta que concluya su mandato. Sánchez tiene otra investigación abierta por presuntamente haber contratado un asesor de manera irregular mientras era ministro de Estado, entre otras tres pesquisas fiscales.. De otro lado, Keiko Fujimori afronta también investigaciones similares en el llamado «Caso Cócteles”, que tiene que ver con grandes aportes recibidos en sus campañas de 2011 y 2016, entre otros los cerca de 2 millones de dólares otorgados por la empresa Odebrecht y que no fueron declarados. Los cargos contra Fujimori por lavado de activos y organización criminal fueron desestimados por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Fiscalía mantiene abiertas indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito y el uso indebido de fondos de campaña.. Fujimori además afronta otras investigaciones,como la carpeta fiscal que indaga la captación de fondos para su campaña electoral de 2021. Se le señala como presunta integrante de un esquema de captación de dinero ilícito, el cual habría sido canalizado mediante aportes anónimos y falsos aportantes.. Otra investigación contra la lideresa de Fuerza Popular está centrada en su patrimonio personal. La tesis fiscal indaga si parte de los millones entregados por el empresario bancario Dionisio Romero se quedaron en posesión directa de Fujimori durante su etapa como congresista, ya que según versiones de diferentes testigos no habrían sido declarados ante la Contraloría de la República. Además de estas investigaciones citadas, Keiko Fujimori deberá responder a otros 20 expedientes más, todos asociados a enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, falsedad genérica, entre otros presuntos delitos. La corrupción en ese país ha enviado a prisión a tres exmandatarios: Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo.

 

A Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los dos aspirantes a la Presidencia en las elecciones de este domingo, los acechan investigaciones fiscales por malos manejos de sus fondos de campaña y otros presuntos delitos

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