Representantes de distintas organizaciones sociales en favor de la vivienda se han manifestado este martes frente al Congreso de los Diputados para reclamar que se prorrogue la moratoria antidesahucios que se aprobó durante la pandemia y que concluye el próximo 31 de diciembre. Unas cuarenta personas han reclamado no solo que se extienda la suspensión de los lanzamientos por impago de alquiler para hogares vulnerables más allá del mes vigente, y que podría afectar a 60.000 familias, según sus estimaciones; sino que esta prohibición quede instaurada sine die. Para lograrlo, el conglomerado de asociaciones, entre las que se encuentran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinas o Amnistía Internacional, han anunciado que entregarán un manifiesto a los portavoces de vivienda de los distintos partidos, con los que esperan reunirse a lo largo de esta semana. En el Ministerio de Vivienda, sin embargo, no se lanzan a aventurar que la prórroga pueda salir adelante por la complicada aritmética parlamentaria actual en la Cámara baja.. Seguir leyendo
La vigencia actual de la medida expira el 31 de diciembre y calculan que, de no extenderse, se verían afectadas unas 60.000 familias
Representantes de distintas organizaciones sociales en favor de la vivienda se han manifestado este martes frente al Congreso de los Diputados para reclamar que se prorrogue la moratoria antidesahucios que se aprobó durante la pandemia y que concluye el próximo 31 de diciembre. Unas cuarenta personas han reclamado no solo que se extienda la suspensión de los lanzamientos por impago de alquiler para hogares vulnerables más allá del mes vigente, y que podría afectar a 60.000 familias, según sus estimaciones; sino que esta prohibición quede instaurada sine die. Para lograrlo, el conglomerado de asociaciones, entre las que se encuentran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinas o Amnistía Internacional, han anunciado que entregarán un manifiesto a los portavoces de vivienda de los distintos partidos, con los que esperan reunirse a lo largo de esta semana. En el Ministerio de Vivienda, sin embargo, no se lanzan a aventurar que la prórroga pueda salir adelante por la complicada aritmética parlamentaria actual en la Cámara baja.. “Nosotros desde 2020 hemos ido aprobando el escudo social. Y lo hemos mantenido en sucesivas prórrogas por diferentes motivos como la covid, la guerra de Ucrania o la inflación descontrolada”, ha explicado el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, durante un diálogo sobre Vivienda organizado este martes por la Fundación Alternativas. Lucas ha remarcado que la diversidad del arco parlamentario obliga a poner “muchas tendencias en común” lo que en ocasiones hace “inviable” poder aprobar determinadas medidas. Sin embargo, también ha reconocido que, en materia de vivienda, el Gobierno optado por establecer mecanismos que no tuvieran que pasar por el trámite parlamentario, ya que por esta vía “todo es mucho más complejo” y “a veces no se puede ni aprobar”.. La moratoria para los desahucios relacionados con el impago del alquiler de familias vulnerables se aprobó durante la pandemia, hace cinco años, y desde entonces se ha prorrogado en varias ocasiones. La última tuvo lugar mediante el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, de hace un año, que establece que se mantiene la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros propuso, en mayo del año pasado, una prórroga hasta el 15 de mayo de 2028 de la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad. Pero esta última es una medida parlamentariamente menos comprometida, toda vez que lleva vigente (con sucesivas prórrogas) desde que un Gobierno del PP la aprobó en 2013.. Ya entonces la PAH pidió que la medida se hiciera permanente, algo que ahora exigen sobre la suspensión de desahucios de inquilinos vulnerables. “Queremos que esta moratoria deje de ser una medida coyuntural y que no haya que estar sufriendo hasta el final de cada año para ver si se aprueba”, ha denunciado Paco Morote, portavoz de la plataforma. “Por eso hemos venido aquí, ante el poder público más poderoso que tiene este país, para exigir a los representantes que esta norma se convierta en una medida estructural mientras dure la emergencia habitacional y mientras los poderes públicos no sean capaces de garantizar una vivienda alternativa a las personas”, ha añadido.. “El Estado español ha firmado y ratificado una serie de tratados internacionales que conllevan compromisos y obligaciones muy claros. Y en materia de desalojos, lo que Naciones Unidas y el Consejo de Europa han reiterado es que el Estado tiene la obligación de adoptar el máximo de medidas y de inversión posible para asegurar que las personas que están en situación de vulnerabilidad permanezcan en sus viviendas”, se ha sumado Marta Mendiola, responsable del área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales de Amnistía Internacional. “Y si en última instancia se acaba produciendo un desahucio, siempre debe existir una alternativa habitacional digna”, ha añadido.. Según los datos que maneja el Observatori DESCA, una plataforma y centro de derechos humanos fundada en 1998, con sede en Barcelona, pese a que las Administraciones públicas están obligadas a ofrecer un lugar en el que instalarse a las familias desahuciadas, solo se ofrecen medidas de alojamiento alternativo temporal en un 2% de los casos. Y tan solo se ofrecen viviendas sociales en un 3% de las ocasiones.. Actuación urgente. Para romper con esta dinámica, las entidades exigen que la moratoria se prorrogue el tiempo suficiente para diseñar e implementar un plan de actuación urgente que asegure el mantenimiento en la vivienda. O alternativamente un realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes “a través de la puesta en marcha, entre otras medidas, de fondos suficientes vinculados al Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la Sareb, especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión”, recoge el manifiesto de las organizaciones que se han manifestado este martes.. El texto está firmado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, Amnistía Internacional España, EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español), FACUA-Consumidores en Acción, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, RED ACOGE, UGT, CC OO, la Confederación Intersindical, Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), laCoordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Taula del Tercer Sector de Catalunya, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), el Observatori DESCA, El Rogle Cooperativa Valenciana, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología SEAE, Entrebarris, el Irídia – Centre per la defensa dels drets humans, La Garbancita Ecológica, la Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva), y la Senda de Cuidados (Madrid).
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