La Junta de Andalucía da un paso al frente para reforzar el estatus de los docentes de la educación pública. En tiempos en los que el principio de autoridad del profesorado se ve cada vez más cuestionado tanto por el propio alumnado como por familiares en muchos otros casos, el Consejo de Gobierno aprobó ayer por decreto la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado por la que se garantiza y regula la asistencia jurídica y psicológica gratuita y se constituirá la unidad de apoyo al profesorado.. La consejera de Educación, Carmen Castillo, explicó en rueda de prensa que el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica y psicológica son los centros públicos, mientras que las unidades de apoyo al profesorado abarcan también a los concertados. El decreto establece la condición de autoridad pública para los docentes, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones, y el alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar su autoridad, las orientaciones del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia.. También regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en los casos en los que sean necesarios y, en concreto, la asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones.. La asistencia jurídica la prestará la Junta a través de un seguro, o bien con sus propios letrados o los abogados que elijan los profesores; y la atención psicológica se cubrirá con especialistas en este ámbito, explicó la consejera. Además, la Junta de Andalucía promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.. Para proporcionar apoyo especializado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional establece la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, dotada con perfiles profesionales especializados. Esta unidad se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras.
El decreto ley presentado por la Junta busca mejorar la protección de los docentes
La Junta de Andalucía da un paso al frente para reforzar el estatus de los docentes de la educación pública. En tiempos en los que el principio de autoridad del profesorado se ve cada vez más cuestionado tanto por el propio alumnado como por familiares en muchos otros casos, el Consejo de Gobierno aprobó ayer por decreto la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado por la que se garantiza y regula la asistencia jurídica y psicológica gratuita y se constituirá la unidad de apoyo al profesorado.. La consejera de Educación, Carmen Castillo, explicó en rueda de prensa que el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica y psicológica son los centros públicos, mientras que las unidades de apoyo al profesorado abarcan también a los concertados. El decreto establece la condición de autoridad pública para los docentes, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones, y el alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar su autoridad, las orientaciones del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia.. También regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en los casos en los que sean necesarios y, en concreto, la asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones.. La asistencia jurídica la prestará la Junta a través de un seguro, o bien con sus propios letrados o los abogados que elijan los profesores; y la atención psicológica se cubrirá con especialistas en este ámbito, explicó la consejera. Además, la Junta de Andalucía promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.. Para proporcionar apoyo especializado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional establece la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, dotada con perfiles profesionales especializados. Esta unidad se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras.
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