El Ministerio de Sanidad está preparando un informe jurídico para blindar la posibilidad de obligar a los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por el brote de hantavirus a cumplir aislamiento, incluso si estos se niegan inicialmente. Esta medida surge tras el debate generado sobre la voluntariedad de la estancia en el hospital militar Gómez Ulla.. El conflicto. Existe una discrepancia de matices entre los ministerios implicados sobre cómo gestionar la llegada de los ciudadanos españoles al puerto de Granadilla en Tenerife. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que el ingreso sería voluntario al ser una medida privativa de libertad que requiere consentimiento.. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, aunque apela a la responsabilidad individual, advierte que el Gobierno cuenta con «instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública».. El blindaje legal del aislamiento. Sanidad se apoya en la ley 3/1986 de medidas especiales en Materia de Salud Pública, que otorga a las autoridades sanitarias de las administraciones públicas la potestad de, en el ámbito de sus competencias, adoptar aplicar las acciones de esta normativa cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.. En su artículo segundo, la citada ley establece que «las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».. Y en el tercero que, «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».. Estado de la operación y protocolo. Los pasajeros serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid una vez arriben al puerto tinerfeño. Aunque actualmente todos se mantienen asintomáticos, el protocolo de aislamiento busca prevenir cualquier posible propagación del virus.. El Gobierno confía en que no será necesario recurrir a la imposición forzosa, pero el informe jurídico en preparación servirá como garantía legal para actuar de inmediato si alguien decidiera romper el cordón sanitario.
Sanidad prepara un informe jurídico para avalar, llegado el caso, la posibilidad de imponer cuarentenas obligatorias a los 14 pasajeros españoles del crucero
El Ministerio de Sanidad está preparando un informe jurídico para blindar la posibilidad de obligar a los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por el brote de hantavirus a cumplir aislamiento, incluso si estos se niegan inicialmente. Esta medida surge tras el debate generado sobre la voluntariedad de la estancia en el hospital militar Gómez Ulla.. El conflicto. Existe una discrepancia de matices entre los ministerios implicados sobre cómo gestionar la llegada de los ciudadanos españoles al puerto de Granadilla en Tenerife. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que el ingreso sería voluntario al ser una medida privativa de libertad que requiere consentimiento.. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, aunque apela a la responsabilidad individual, advierte que el Gobierno cuenta con «instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública».. El blindaje legal del aislamiento. Sanidad se apoya en la ley 3/1986 de medidas especiales en Materia de Salud Pública, que otorga a las autoridades sanitarias de las administraciones públicas la potestad de, en el ámbito de sus competencias, adoptar aplicar las acciones de esta normativa cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.. En su artículo segundo, la citada ley establece que «las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».. Y en el tercero que, «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».. Estado de la operación y protocolo. Los pasajeros serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid una vez arriben al puerto tinerfeño. Aunque actualmente todos se mantienen asintomáticos, el protocolo de aislamiento busca prevenir cualquier posible propagación del virus.. El Gobierno confía en que no será necesario recurrir a la imposición forzosa, pero el informe jurídico en preparación servirá como garantía legal para actuar de inmediato si alguien decidiera romper el cordón sanitario.
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