El Govern de Salvador Illa sigue encallado en el principal reto político de la legislatura: aprobar unos nuevos presupuestos. Tras la prórroga de las cuentas de 2025, consecuencia directa de la falta de acuerdo con sus socios parlamentarios, el ejecutivo socialista afronta ahora un reto complejo, iniciar unas negociaciones con los comuns, que han añadido una nueva condición clave: la ampliación del Plan de Barrios.. Así lo ha afirmado David Cid, portavoz del grupo en el Parlament, en una entrevista en ACN, en la que ha dicho que su grupo quiere evitar que el Plan sea «una operación cosmética» y ha pedido ampliar de 20 a 40 los municipios beneficiados por el Plan. La exigencia se suma a una larga lista de demandas que el grupo liderado por Jéssica Albiach y David Cid ha ido planteando al Govern en materia de vivienda y políticas sociales. Un goteo constante de exigencias que ha marcado la agenda del ejecutivo catalán y que ha evidenciado la dependencia parlamentaria del PSC para sacar adelante cualquier iniciativa de calado.. El Plan de Barrios. El Plan de Barrios es una política pública concebida para intervenir de manera integral en zonas especialmente vulnerables. Su objetivo es reducir desigualdades territoriales a través de inversiones en vivienda, espacio público, equipamientos, cohesión social y servicios básicos. No se trata únicamente de rehabilitación urbana, sino de una actuación transversal que combina políticas sociales, educativas y económicas.. Para los comuns, el Plan de Barrios debe convertirse en una de las grandes palancas sociales de la legislatura y no quedarse en una actuación meramente simbólica. La formación defiende que esta política pública necesita un salto de escala a partir de 2026, con una ampliación significativa del número de barrios beneficiados y un refuerzo claro de los recursos destinados, de modo que pueda tener un impacto real en los territorios con mayores dificultades.. En este contexto, la ampliación del Plan de Barrios se ha convertido en una condición clave para abrir una negociación presupuestaria. Los comuns advierten de que, sin un compromiso firme del Govern en este ámbito, no tiene sentido avalar unas cuentas que consideran poco ambiciosas y continuistas, y reclaman que el plan sea uno de los ejes centrales de los próximos presupuestos de la Generalitat.. Las exigencias en vivienda. En el caso de los comuns, la negociación presupuestaria se ha convertido en una palanca para forzar un giro más contundente en las políticas de vivienda. A lo largo de los últimos meses, el grupo ha ido sumando exigencias de manera progresiva, condicionando cualquier acuerdo a avances concretos. Entre las demandas ya planteadas figura la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una medida que ya ha sido aprobada en el Parlament. A esta se añade la creación de un cuerpo de inspectores específico para garantizar el cumplimiento de la ley de vivienda, así como el establecimiento de un régimen sancionador efectivo contra los propietarios que se salten la normativa.. Los comuns también reclaman que las sanciones no se queden sobre el papel y que los expedientes abiertos se cierren con multas reales. A su juicio, la ausencia de sanciones transmite un mensaje de impunidad que vacía de contenido la ley. En esta línea, han criticado abiertamente que, pese a existir un marco sancionador, el Govern aún no haya aplicado ninguna multa. Otra de las líneas rojas planteadas por los Comuns es la lucha contra la especulación inmobiliaria. El grupo exige prohibir la compra de vivienda con fines especulativos, especialmente en zonas tensionadas, como una herramienta imprescindible para frenar el aumento de precios y garantizar el acceso a la vivienda.. Un Govern atado a sus socios parlamentarios. Desde su investidura, Salvador Illa gobierna sin mayoría propia y depende de acuerdos con ERC y los Comuns. Esa aritmética parlamentaria ha condicionado toda la acción del Govern y explica, en buena medida, la incapacidad para aprobar unos presupuestos nuevos en 2025.. ERC ha reprochado al ejecutivo socialista el incumplimiento de compromisos en materia de financiación, mientras que los comuns han situado la vivienda en el centro de sus exigencias. La falta de avances claros en ambos frentes llevó a la prórroga presupuestaria, una situación que el propio Govern asume como indeseable pero que no ha logrado revertir.
La formación pide ampliar en 20 los municipios beneficiados por la medida, y que no se quede en una mera «operación cosmética»
El Govern de Salvador Illa sigue encallado en el principal reto político de la legislatura: aprobar unos nuevos presupuestos. Tras la prórroga de las cuentas de 2025, consecuencia directa de la falta de acuerdo con sus socios parlamentarios, el ejecutivo socialista afronta ahora un reto complejo, iniciar unas negociaciones con los comuns, que han añadido una nueva condición clave: la ampliación del Plan de Barrios.. Así lo ha afirmado David Cid, portavoz del grupo en el Parlament, en una entrevista en ACN, en la que ha dicho que su grupo quiere evitar que el Plan sea «una operación cosmética» y ha pedido ampliar de 20 a 40 los municipios beneficiados por el Plan. La exigencia se suma a una larga lista de demandas que el grupo liderado por Jéssica Albiach y David Cid ha ido planteando al Govern en materia de vivienda y políticas sociales. Un goteo constante de exigencias que ha marcado la agenda del ejecutivo catalán y que ha evidenciado la dependencia parlamentaria del PSC para sacar adelante cualquier iniciativa de calado.. El Plan de Barrios. El Plan de Barrios es una política pública concebida para intervenir de manera integral en zonas especialmente vulnerables. Su objetivo es reducir desigualdades territoriales a través de inversiones en vivienda, espacio público, equipamientos, cohesión social y servicios básicos. No se trata únicamente de rehabilitación urbana, sino de una actuación transversal que combina políticas sociales, educativas y económicas.. Para los comuns, el Plan de Barrios debe convertirse en una de las grandes palancas sociales de la legislatura y no quedarse en una actuación meramente simbólica. La formación defiende que esta política pública necesita un salto de escala a partir de 2026, con una ampliación significativa del número de barrios beneficiados y un refuerzo claro de los recursos destinados, de modo que pueda tener un impacto real en los territorios con mayores dificultades.. En este contexto, la ampliación del Plan de Barrios se ha convertido en una condición clave para abrir una negociación presupuestaria. Los comuns advierten de que, sin un compromiso firme del Govern en este ámbito, no tiene sentido avalar unas cuentas que consideran poco ambiciosas y continuistas, y reclaman que el plan sea uno de los ejes centrales de los próximos presupuestos de la Generalitat.. Las exigencias en vivienda. En el caso de los comuns, la negociación presupuestaria se ha convertido en una palanca para forzar un giro más contundente en las políticas de vivienda. A lo largo de los últimos meses, el grupo ha ido sumando exigencias de manera progresiva, condicionando cualquier acuerdo a avances concretos. Entre las demandas ya planteadas figura la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una medida que ya ha sido aprobada en el Parlament. A esta se añade la creación de un cuerpo de inspectores específico para garantizar el cumplimiento de la ley de vivienda, así como el establecimiento de un régimen sancionador efectivo contra los propietarios que se salten la normativa.. Los comuns también reclaman que las sanciones no se queden sobre el papel y que los expedientes abiertos se cierren con multas reales. A su juicio, la ausencia de sanciones transmite un mensaje de impunidad que vacía de contenido la ley. En esta línea, han criticado abiertamente que, pese a existir un marco sancionador, el Govern aún no haya aplicado ninguna multa. Otra de las líneas rojas planteadas por los Comuns es la lucha contra la especulación inmobiliaria. El grupo exige prohibir la compra de vivienda con fines especulativos, especialmente en zonas tensionadas, como una herramienta imprescindible para frenar el aumento de precios y garantizar el acceso a la vivienda.. Un Govern atado a sus socios parlamentarios. Desde su investidura, Salvador Illa gobierna sin mayoría propia y depende de acuerdos con ERC y los Comuns. Esa aritmética parlamentaria ha condicionado toda la acción del Govern y explica, en buena medida, la incapacidad para aprobar unos presupuestos nuevos en 2025.. ERC ha reprochado al ejecutivo socialista el incumplimiento de compromisos en materia de financiación, mientras que los comuns han situado la vivienda en el centro de sus exigencias. La falta de avances claros en ambos frentes llevó a la prórroga presupuestaria, una situación que el propio Govern asume como indeseable pero que no ha logrado revertir.
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