La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a más 20 años de cárcel a dos de los implicados en una red de trata con fines de explotación sexual desarticulada por la Policía Nacional en Valladolid en noviembre de 2022, en el marco de la denominada ‘Operación Tentaciones’.. La encargada del piso de la avenida de Burgos en el que se ejercía la prostitución, María Ángeles P.G., ha sido condenada a 12 años y ocho meses. A los cinco años por dos delitos de prostitución coactiva, se suman dos años y medio por otro de aprovechamiento de la prostitución ajena, tres años y medio por tráfico de drogas y dos años por pertenencia a grupo criminal.. En el fallo de la Sección Cuarta, se ha tenido en cuenta que esta persona era una subordinada de la cabecilla del grupo, Lorenza C.P, en paradero desconocido y sobre la que pesa una orden de busca.. Por su parte, el que fuera pareja de la ‘madame’, Javier R.A., ha sido condenado a tres años y medio de prisión por tráfico de drogas, tres años por blanqueo de capital y un año por pertenencia a grupo criminal.. Las víctimas de trata eran captadas en Paraguay entre mujeres jóvenes con hijos y en situación de vulnerabilidad y, en ocasiones, entre familiares de los propios proxenetas.. Aunque las víctimas sabían que venían a ejercer la prostitución, no se imaginaban las condiciones en las que se iban a ser explotadas. Además de ser obligadas a estar disponibles las las 24 horas y de no poder rechazar a ningún cliente, dormían hacinadas en literas y estaban vigiladas a través de una red de cámaras y micrófonos instalados.. Al mismo tiempo, según se puso de manifiesto durante el juicio, los clientes pagaban los servicios a través de un datáfono o Bizum a una cuenta a nombre de la cabecilla. La mitad del dinero era para la trama, mientras que el otro 50 por ciento se utilizaba para pagar la deuda contraída por los gastos del viaje, salvo una pequeña cantidad que se les entregaba para poder vivir.. La cabecilla de la trata, para la que la Fiscalía pide 52 años de cárcel, contrataba los servicios de un fotógrafo para tomar fotografías sugerentes de las víctimas en ropa interior o semidesnudas, para insertar anuncios en páginas especializadas en contactos sexuales.. Además, también concertaba las citas y fijaba el precio de los servicios sexuales y su duración. Junto los servicios sexuales, la red también ofrecía a los clientes a través del reclamo ‘fiesta blanca’ que aparecía en los anuncios, la posibilidad de consumir cocaína.. La operación policial, que culminó en diciembre de 2022, se puso en marcha un año antes, cuando agentes de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), tras detectar anuncios de prostitución en internet, contactaron con una de las víctimas, cuyo testimonio les permitió detectar la posible existencia de una organización criminal dedicada a la trata de seres con fines de explotación sexual.. Los investigadores confirmaron también que las mujeres eran obligadas a firmar un falso contrato de arrendamiento para poder justificar, ante una posible acción policial, la apariencia de que las mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución de forma libre en una habitación alquilada.
A la encargada del piso de la avenida de Burgos donde se ejercía la prostitución le han caído 12 años y ocho meses de prisión
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a más 20 años de cárcel a dos de los implicados en una red de trata con fines de explotación sexual desarticulada por la Policía Nacional en Valladolid en noviembre de 2022, en el marco de la denominada ‘Operación Tentaciones’.. La encargada del piso de la avenida de Burgos en el que se ejercía la prostitución, María Ángeles P.G., ha sido condenada a 12 años y ocho meses. A los cinco años por dos delitos de prostitución coactiva, se suman dos años y medio por otro de aprovechamiento de la prostitución ajena, tres años y medio por tráfico de drogas y dos años por pertenencia a grupo criminal.. En el fallo de la Sección Cuarta, se ha tenido en cuenta que esta persona era una subordinada de la cabecilla del grupo, Lorenza C.P, en paradero desconocido y sobre la que pesa una orden de busca.. Por su parte, el que fuera pareja de la ‘madame’, Javier R.A., ha sido condenado a tres años y medio de prisión por tráfico de drogas, tres años por blanqueo de capital y un año por pertenencia a grupo criminal.. Las víctimas de trata eran captadas en Paraguay entre mujeres jóvenes con hijos y en situación de vulnerabilidad y, en ocasiones, entre familiares de los propios proxenetas.. Aunque las víctimas sabían que venían a ejercer la prostitución, no se imaginaban las condiciones en las que se iban a ser explotadas. Además de ser obligadas a estar disponibles las las 24 horas y de no poder rechazar a ningún cliente, dormían hacinadas en literas y estaban vigiladas a través de una red de cámaras y micrófonos instalados.. Al mismo tiempo, según se puso de manifiesto durante el juicio, los clientes pagaban los servicios a través de un datáfono o Bizum a una cuenta a nombre de la cabecilla. La mitad del dinero era para la trama, mientras que el otro 50 por ciento se utilizaba para pagar la deuda contraída por los gastos del viaje, salvo una pequeña cantidad que se les entregaba para poder vivir.. La cabecilla de la trata, para la que la Fiscalía pide 52 años de cárcel, contrataba los servicios de un fotógrafo para tomar fotografías sugerentes de las víctimas en ropa interior o semidesnudas, para insertar anuncios en páginas especializadas en contactos sexuales.. Además, también concertaba las citas y fijaba el precio de los servicios sexuales y su duración. Junto los servicios sexuales, la red también ofrecía a los clientes a través del reclamo ‘fiesta blanca’ que aparecía en los anuncios, la posibilidad de consumir cocaína.. La operación policial, que culminó en diciembre de 2022, se puso en marcha un año antes, cuando agentes de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), tras detectar anuncios de prostitución en internet, contactaron con una de las víctimas, cuyo testimonio les permitió detectar la posible existencia de una organización criminal dedicada a la trata de seres con fines de explotación sexual.. Los investigadores confirmaron también que las mujeres eran obligadas a firmar un falso contrato de arrendamiento para poder justificar, ante una posible acción policial, la apariencia de que las mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución de forma libre en una habitación alquilada.
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