Manos Limpias ha interpuesto una querella criminal por falsedad documental, así como por la responsabilidad civil y penal «en que haya podido incurrir» contra José María Ángel Batalla, el ex comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana de Valencia. El socialista dimitió el 31 de julio del pasado año 2025 tras la investigación iniciada por la Agencia Valenciana Antifraude en la que señalaba que había falsificado un título universitario para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia.. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia Jorge Martínez Ribera desestimó el pasado mes noviembre el recurso de reforma presentado por la Fiscalía Provincial de Valencia contra el sobreseimiento libre de la causa abierta tras la denuncia Manos Limpias contra el excomisionado. El magistrado reiteró que el presunto delito de falsedad documental derivado de la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía está prescrito, como ya dictó en un auto anterior.. En la querella, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se relatan los hechos que llevaron a dimitir a Ángel Batalla. «Según la certificación del Oficial Mayor de la Diputación Provincial de Valencia ingresó en la escala técnica de administración especial, como ayudante técnico de archivos y bibliotecas. (febrero 1981). El 2 de septiembre de 1983, el denunciado presenta un título con el anagrama de España en nombre de su Majestad el Rey D. Juan Carlos I y en su nombre el Ministro de Educación y Ciencia, expedido por la Universidad de Valencia con el «Título de Diplomado en archivística y Biblioteconomía». Consta en los autos como doc. 2 que se adjuntó con la denuncia. El referido título, presuntamente falseado le habilitó para opositar y ejercer sus funciones en la Escala Técnica de la Administración Especial en la Diputación Provincial de Valencia durante muchos años».. La querella insiste en que estos hecho constituyen dos hechos delictivos. «En el momento de presentar el título académico presuntamente falseado para participar en la oposición con el objetivo de obtener la referida plaza de la Escala Técnica, siendo un particular, estaríamos ante el hecho delictivo contemplado en el artículo 392 del Código Penal». Así mismo, una vez obtenida la plaza, «estando ejerciendo sus funciones correspondientes al puesto de funcionario obtenido gracias al título académico presuntamente falseado, hasta su renuncia del puesto de funcionario ocupado en fecha de 31 de julio de 2025, estaríamos ante el hecho delictivo continuado contemplados en el artículo 390 del Código Penal».. Penas de cárcel. Así, expone que será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: «alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad, suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho o faltando a la verdad en la narración de los hechos».. En la querella expone que todos los informes y resoluciones que hubiera realizado en el ejercicio de la referida función serán nulos de pleno derecho y que tanto las cotizaciones a la Seguridad Social «estarían contaminadas y deberían ser objeto de anulación». «Finalmente unas retribuciones obtenidas de manera contraria a la ley deberían también ser objeto de devolución».. Declaraciones. Así, pide que se tome declaración a don José María Ángel Batalla, que se requiera a la Diputación Provincial de Valencia que certifique y aporte la fecha de ingreso del querellado en la Escala Técnica y fecha del cese como funcionario, las bases aprobadas para acceder a la referida escala técnica, que se requiera a la Universidad de Valencia para que acredite si el referido título figura en los archivos de la propia Universidad de Valencia, que se practiquen todas las diligencias que se deriven de la práctica de las averiguaciones judiciales y las declaraciones practicadas y cuantas interesen al Ministerio Público.
Solicita en su querella que se tome declaración a José María Ángel por delitos que conllevan hasta seis años de cárcel
Manos Limpias ha interpuesto una querella criminal por falsedad documental, así como por la responsabilidad civil y penal «en que haya podido incurrir» contra José María Ángel Batalla, el ex comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana de Valencia que dimitió el 31 de julio del pasado año 2025 tras la investigación iniciada por la Agencia Valenciana Antifraude en la que señalaba que había falsificado un título universitario para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia.. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia Jorge Martínez Ribera desestimó el pasado mes noviembre el recurso de reforma presentado por la Fiscalía Provincial de Valencia contra el sobreseimiento libre de la causa abierta tras la denuncia Manos Limpias contra el excomisionado. El magistrado reiteró que el presunto delito de falsedad documental derivado de la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía está prescrito, como ya dictó en un auto anterior.. En la querella, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se relatan los hechos que llevaron a dimitir a Ángel Batalla. «Según la certificación del Oficial Mayor de la Diputación Provincial de Valencia ingresó en la escala técnica de administración especial, como ayudante técnico de archivos y bibliotecas. (febrero 1981). El 2 de septiembre de 1983, el denunciado presenta un título con el anagrama de España en nombre de su Majestad el Rey D. Juan Carlos I y en su nombre el Ministro de Educación y Ciencia, expedido por la Universidad de Valencia con el «Título de Diplomado en archivística y Biblioteconomía». Consta en los autos como doc. 2 que se adjuntó con la denuncia. El referido título, presuntamente falseado le habilitó para opositar y ejercer sus funciones en la Escala Técnica de la Administración Especial en la Diputación Provincial de Valencia durante muchos años».. La querella insiste en que estos hecho constituyen dos hechos delictivos. «En el momento de presentar el título académico presuntamente falseado para participar en la oposición con el objetivo de obtener la referida plaza de la Escala Técnica, siendo un particular, estaríamos ante el hecho delictivo contemplado en el artículo 392 del Código Penal». Así mismo, una vez obtenida la plaza, «estando ejerciendo sus funciones correspondientes al puesto de funcionario obtenido gracias al título académico presuntamente falseado, hasta su renuncia del puesto de funcionario ocupado en fecha de 31 de julio de 2025, estaríamos ante el hecho delictivo continuado contemplados en el artículo 390 del Código Penal».. Penas de cárcel. Así, expone que será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: «alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad, suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho o faltando a la verdad en la narración de los hechos».. En la querella expone que todos los informes y resoluciones que hubiera realizado en el ejercicio de la referida función serán nulos de pleno derecho y que tanto las cotizaciones a la Seguridad Social «estarían contaminadas y deberían ser objeto de anulación». «Finalmente unas retribuciones obtenidas de manera contraria a la ley deberían también ser objeto de devolución».. Declaraciones. Así, pide que se tome declaración a don José María Ángel Batalla, que se requiera a la Diputación Provincial de Valencia que certifique y aporte la fecha de ingreso del querellado en la Escala Técnica y fecha del cese como funcionario, las bases aprobadas para acceder a la referida escala técnica, que se requiera a la Universidad de Valencia para que acredite si el referido título figura en los archivos de la propia Universidad de Valencia, que se practiquen todas las diligencias que se deriven de la práctica de las averiguaciones judiciales y las declaraciones practicadas y cuantas interesen al Ministerio Público.
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