El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 355.000 euros a la empresa Fatecsa Obras, a la que acusa de haber desatendido “incidencias críticas” en viviendas públicas de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) que afectan a instalaciones de gas y calderas; redes eléctricas; “elementos básicos de habitabilidad”; o “fugas de agua reiteradas que implican riesgo para la salud”. Así consta en documentación a la que accedió EL PAÍS tras ser publicada en el portal de contratación, y que recoge la acumulación de más de 1.000 órdenes de reparación sin atender en los pisos que la administración autonómica cede a la población más vulnerable. La empresa afectada, con varios contratos firmados con administraciones madrileñas, no ha presentado alegaciones, según la Comunidad de Madrid, que ha roto el contrato al considerar que la acumulación de incumplimientos es “grave” y “compromete la habitabilidad y seguridad de las viviendas de la AVS”.. Seguir leyendo
El gobierno rescinde el contrato tras detectar que hay inquilinos que vivieron con fugas de agua, o estuvieron sin caldera, por la inacción de la adjudicataria
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 355.000 euros a la empresa Fatecsa Obras, a la que acusa de haber desatendido “incidencias críticas” en viviendas públicas de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) que afectan a instalaciones de gas y calderas; redes eléctricas; “elementos básicos de habitabilidad”; o “fugas de agua reiteradas que implican riesgo para la salud”. Así consta en documentación a la que accedió EL PAÍS tras ser publicada en el portal de contratación, y que recoge la acumulación de más de 1.000 órdenes de reparación sin atender en los pisos que la administración autonómica cede a la población más vulnerable. La empresa afectada, con varios contratos firmados con administraciones madrileñas, no ha presentado alegaciones, según la Comunidad de Madrid, que ha roto el contrato al considerar que la acumulación de incumplimientos es “grave” y “compromete la habitabilidad y seguridad de las viviendas de la AVS”.. Más información. Hace poco más de un mes, Madrid adjudicó por 2,4 millones de euros un contrato que debía ejecutarse “con carácter de emergencia” para reparar incidencias acumuladas en viviendas públicas. La empresa encargada de los trabajos, Servihogar Gestión 24 Horas S.L., heredaba un problema mayúsculo: un millar de incidencias que no habían sido atendidas desde hace meses por la empresa encargada de su solución, y que “en muchos casos” representan “riesgos inminentes para los residentes”, según consta en documentación pública.. La lista de agravios que detalla la Comunidad de Madrid es larga, y constituye los cimientos de una decisión gravosa: utilizar los pagos pendientes a la empresa, y la garantía de 243.925 euros depositada por esta, para compensar los 355.610 euros en los que calcula la administración los daños y perjuicios sufridos.. Así, Madrid valora en 200.000 euros que no se acometiera la instalación “de urgencia” de 80 calderas en viviendas de la AVS. Las 1.024 incidencias no atendidas se estiman en 107.520 euros. Y las 314 órdenes de trabajo sin ejecutar, en 32.970 euros. Finalmente, el tiempo y el trabajo dedicado por los técnicos regionales en 144 incidencias se calcula en 15.120 euros.. La AVS gestiona 25.000 viviendas. Su actividad tiene una gran complejidad. De un lado, tiene que asegurar el buen uso de unas viviendas fundamentales para la población más vulnerable de la región más rica de España. De otro, debe evitar el deterioro, el mal uso o la ocupación ilegal de esos bienes. En medio, su misión es garantizar que las viviendas están en perfecto estado de revista, porque cada inmueble deshabitado es una oportunidad perdida para quien más la necesita.. Lograr este último objetivo estaba siendo un problema desde hace meses, y pese a haber licitado un contrato de más de cinco millones de euros con el fin de atender las incidencias puntuales que pudieran ir surgiendo en las viviendas.. El 21 de enero, como avanzó este diario, la Subdirección General de Proyectos y Obras solicitó la resolución del contrato al haber detectado “reparaciones ejecutadas de manera defectuosa”; “ejecución sesgada de los trabajos”; que faltaba personal; que el retén para urgencias estaba inoperativo; que había “retrasos sistemáticos” en la atención, y, también, “una desatención continuada a correcciones ordenadas por técnicos de AVS”. Según la Comunidad de Madrid, “la desatención de más de 1.000 avisos en inmuebles públicos no solo es una demora cuantitativa, sino una quiebra de la continuidad del servicio público”.. Otros proyectos. La empresa, ahora FTC Obras, está incluida en un fichero de morosidad, al que ha tenido acceso este diario, y en los últimos tres años se le han adjudicado varios proyectos de calado en la región, además de hacerse cargo de las incidencias en viviendas públicas, y en la capital.. Entre ellos, la compañía fue la adjudicataria de uno de los lotes para arreglar el deterioro de bienes públicos en varios distritos de la ciudad de Madrid —Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal y Hortaleza— por 16,8 millones de euros, ahora en vilo. También la encargada de construir, mediante una licitación de urgencia, un centro de acogida para personas sin hogar en El Cañaveral.. El mes pasado, el Ayuntamiento cesó el contrato con la constructora para este proyecto por una sucesión de incumplimientos en los plazos, según un informe de la corporación municipal, e impagos a las compañías subcontratadas para realizar diversos trabajos, como el transporte de materiales. Cuatro empleados de estos negocios, en su mayoría pequeñas empresas familiares, relataron entonces a este periódico que tenían numerosos proyectos en marcha con FTC Obras y que no habían cobrado nada en ese momento por los servicios realizados.. Los impagos, contaron entonces, comenzaron en diciembre y desde entonces han sido testigos de cómo varias obras en las que estaban trabajando quedaban paralizadas, como ha ocurrido con la del centro de acogida, de 150 plazas, la promoción de casi 90 viviendas protegidas en el distrito de Villaverde o un ambulatorio en el municipio de Villaviciosa de Odón. A esta lista de proyectos adjudicados se le añaden 90 viviendas con protección pública para alquiler en Villa del Prado (casi 17 millones de euros) y otras 164 en el Cañaveral, impulsadas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.. Este diario se puso en contacto con la empresa, que no había contestado a la petición de información en el momento de publicación de este artículo.
