Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó el pasado octubre en Sevilla víctima de un posible caso de acoso escolar, han recurrido el archivo provisional de la querella que presentaron contra los responsables de su colegio al considerar que el caso se ha cerrado sin completar su investigación.. José Manuel Peña y Zara Villar han presentado inicialmente un recurso de reforma contra la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción 7, quien en línea con el criterio de la Fiscalía sostuvo que no había quedado acreditada la comisión de delitos de homicidio por imprudencia o trato degradante por parte del centro educativo en relación con el fallecimiento de la menor el pasado 14 de octubre.. En unas veinte 20 páginas, han informado fuentes del entorno familiar, la representación legal de los padres de Sandra expone al propio juez que archivó su querella que la decisión les genera grave indefensión por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva.. Los padres piden, entre otros aspectos, que se tenga en cuenta la autopsia practicada al cadáver de la menor, cuyo cuerpo presentaba cortes y que reveló que había ingerido alcohol (0,59 miligramos), por si esto pudo producirse antes en el propio colegio privado concertado Irlandesas Loreto, dado que se suicidó muy poco después de la salida de clase.. También exponen que no se haya tenido en cuenta la no activación por parte del centro ni de los protocolos antiacoso ni el de prevención de suicidio, que obligaría al colegio a diseñar un plan personalizado para la alumna.. Si el recurso de reforma no prosperara la intención de la familia es igualmente apelar ante la Audiencia, al lamentar que la posible responsabilidad del centro educativo en lo ocurrido se haya cerrado sin empezar prácticamente a investigar.. Un informe de la Inspección Educativa, elaborado pocos días después del suicidio, ya constató que el colegio no habría adoptado medidas adecuadas frente a la situación que padecía.. Dicho informe concluía que no constaba que el centro iniciara un procedimiento corrector ante las presuntas conductas contra la joven, lo que chocaría precisamente con lo dictaminado respecto a la querella de sus padres por el juez para justificar su archivo.. El instructor señaló en su auto que el colegio sí adoptó medidas de protección tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, como la separación de las presuntas acosadoras -investigadas por su parte en un Juzgado de Menores- y el seguimiento psicopedagógico, y se refirió a la falta de relación de causalidad entre la actuación del centro y el suicidio.
Piden, entre otros aspectos, que se tenga en cuenta la autopsia practicada al cadáver de la menor, cuyo cuerpo presentaba cortes y que reveló que había ingerido alcohol
Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó el pasado octubre en Sevilla víctima de un posible caso de acoso escolar, han recurrido el archivo provisional de la querella que presentaron contra los responsables de su colegio al considerar que el caso se ha cerrado sin completar su investigación.. José Manuel Peña y Zara Villar han presentado inicialmente un recurso de reforma contra la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción 7, quien en línea con el criterio de la Fiscalía sostuvo que no había quedado acreditada la comisión de delitos de homicidio por imprudencia o trato degradante por parte del centro educativo en relación con el fallecimiento de la menor el pasado 14 de octubre.. En unas veinte 20 páginas, han informado fuentes del entorno familiar, la representación legal de los padres de Sandra expone al propio juez que archivó su querella que la decisión les genera grave indefensión por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva.. Los padres piden, entre otros aspectos, que se tenga en cuenta la autopsia practicada al cadáver de la menor, cuyo cuerpo presentaba cortes y que reveló que había ingerido alcohol (0,59 miligramos), por si esto pudo producirse antes en el propio colegio privado concertado Irlandesas Loreto, dado que se suicidó muy poco después de la salida de clase.. También exponen que no se haya tenido en cuenta la no activación por parte del centro ni de los protocolos antiacoso ni el de prevención de suicidio, que obligaría al colegio a diseñar un plan personalizado para la alumna.. Si el recurso de reforma no prosperara la intención de la familia es igualmente apelar ante la Audiencia, al lamentar que la posible responsabilidad del centro educativo en lo ocurrido se haya cerrado sin empezar prácticamente a investigar.. Un informe de la Inspección Educativa, elaborado pocos días después del suicidio, ya constató que el colegio no habría adoptado medidas adecuadas frente a la situación que padecía.. Dicho informe concluía que no constaba que el centro iniciara un procedimiento corrector ante las presuntas conductas contra la joven, lo que chocaría precisamente con lo dictaminado respecto a la querella de sus padres por el juez para justificar su archivo.. El instructor señaló en su auto que el colegio sí adoptó medidas de protección tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, como la separación de las presuntas acosadoras -investigadas por su parte en un Juzgado de Menores- y el seguimiento psicopedagógico, y se refirió a la falta de relación de causalidad entre la actuación del centro y el suicidio.
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