El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería ha denunciado este jueves que centenares de trabajadores agrícolas y personas migrantes en el municipio de Níjar (Almería) se encuentran excluidos del padrón municipal, lo que fomenta un mercado negro ilegal.. Mediante la publicación de su informe ‘Vivir sin existir’, la entidad social ha alertado de prácticas administrativas que vulneran la normativa vigente; unas supuestas trabas burocráticas sistemáticas son el principal motor que alimenta un mercado irregular y fraudulento de compraventa de empadronamientos en la comarca.. El documento es el resultado de un exhaustivo trabajo de campo de tres años, en el que el SJM ha incluido 981 expedientes de solicitud de alta en el padrón. De los 417 casos en los que se ha podido constatar el resultado final, 213 terminaron en una denegación expresa por parte del consistorio, mientras que otros 45 expedientes quedaron paralizados sin resolución dentro del plazo legal.. Como contraste empírico, la organización subraya que en ese mismo periodo logró 159 empadronamientos en asentamientos, chabolas e infraviviendas aplicando estrictamente la legislación.. Entre las quejas más graves documentadas por la entidad destaca la exigencia sistemática de una autorización del propietario de la vivienda, un requisito de imposible cumplimiento en contextos de subarriendo o infravivienda y que carece de respaldo en la Ley de Bases del Régimen Local y en las instrucciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).. Asimismo, el SJM denuncia la denegación de solicitudes basándose en visitas de comprobación realizadas en horario de mañana, justo cuando los residentes se encuentran trabajando en los invernaderos, así como rechazos verbales en las ventanillas que se efectúan sin ningún tipo de registro formal ni posibilidad de interponer recurso.. Las consecuencias de estas barreras tienen un impacto directo y dramático sobre la vida de las personas. El informe recoge casos concretos como el de Moussa, un trabajador de un cortijo cercano a Pueblo Blanco que, ante la imposibilidad de empadronarse, vio bloqueado su acceso a las pruebas diagnósticas y a un tratamiento urgente de diálisis.. También exponen la situación de Yousouf, a quien se le impidió el registro porque el dueño del cortijo por el que paga alquiler se negó a firmar una autorización innecesaria legalmente, o el caso de Kwame, residente en Atochares, cuya solicitud se denegó tras una visita en la que los funcionarios, en lugar de acudir a la infravivienda, preguntaron por él en una tienda vecina.. La denuncia del Servicio Jesuita a Migrantes cuenta con el aval institucional del Defensor del Pueblo Andaluz. El pasado lunes, esta institución trasladó al SJM su respaldo formal al diagnóstico, confirmando que lleva desde 2020 monitorizando y advirtiendo al Parlamento de Andalucía sobre la gestión padronal en Níjar.. Además, el Defensor del Pueblo ha incluido el programa de acceso a vivienda del SJM como una «buena práctica» en su Informe Anual 2025.. Para buscar soluciones, la entidad ha invitado a la colaboración institucional y ha propuesto que la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz dinamice y supervise una mesa de trabajo con el Ayuntamiento.
Alerta de que las trabas burocráticas sistemáticas¡alimentan un mercado irregular y fraudulento de compraventa de empadronamientos para inmigrantes en la comarca
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería ha denunciado este jueves que centenares de trabajadores agrícolas y personas migrantes en el municipio de Níjar (Almería) se encuentran excluidos del padrón municipal, lo que fomenta un mercado negro ilegal.. Mediante la publicación de su informe ‘Vivir sin existir’, la entidad social ha alertado de prácticas administrativas que vulneran la normativa vigente; unas supuestas trabas burocráticas sistemáticas son el principal motor que alimenta un mercado irregular y fraudulento de compraventa de empadronamientos en la comarca.. El documento es el resultado de un exhaustivo trabajo de campo de tres años, en el que el SJM ha incluido 981 expedientes de solicitud de alta en el padrón. De los 417 casos en los que se ha podido constatar el resultado final, 213 terminaron en una denegación expresa por parte del consistorio, mientras que otros 45 expedientes quedaron paralizados sin resolución dentro del plazo legal.. Como contraste empírico, la organización subraya que en ese mismo periodo logró 159 empadronamientos en asentamientos, chabolas e infraviviendas aplicando estrictamente la legislación.. Entre las quejas más graves documentadas por la entidad destaca la exigencia sistemática de una autorización del propietario de la vivienda, un requisito de imposible cumplimiento en contextos de subarriendo o infravivienda y que carece de respaldo en la Ley de Bases del Régimen Local y en las instrucciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).. Asimismo, el SJM denuncia la denegación de solicitudes basándose en visitas de comprobación realizadas en horario de mañana, justo cuando los residentes se encuentran trabajando en los invernaderos, así como rechazos verbales en las ventanillas que se efectúan sin ningún tipo de registro formal ni posibilidad de interponer recurso.. Las consecuencias de estas barreras tienen un impacto directo y dramático sobre la vida de las personas. El informe recoge casos concretos como el de Moussa, un trabajador de un cortijo cercano a Pueblo Blanco que, ante la imposibilidad de empadronarse, vio bloqueado su acceso a las pruebas diagnósticas y a un tratamiento urgente de diálisis.. También exponen la situación de Yousouf, a quien se le impidió el registro porque el dueño del cortijo por el que paga alquiler se negó a firmar una autorización innecesaria legalmente, o el caso de Kwame, residente en Atochares, cuya solicitud se denegó tras una visita en la que los funcionarios, en lugar de acudir a la infravivienda, preguntaron por él en una tienda vecina.. La denuncia del Servicio Jesuita a Migrantes cuenta con el aval institucional del Defensor del Pueblo Andaluz. El pasado lunes, esta institución trasladó al SJM su respaldo formal al diagnóstico, confirmando que lleva desde 2020 monitorizando y advirtiendo al Parlamento de Andalucía sobre la gestión padronal en Níjar.. Además, el Defensor del Pueblo ha incluido el programa de acceso a vivienda del SJM como una «buena práctica» en su Informe Anual 2025.. Para buscar soluciones, la entidad ha invitado a la colaboración institucional y ha propuesto que la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz dinamice y supervise una mesa de trabajo con el Ayuntamiento.
Noticias de Andalucía en La Razón
