El Gobierno de España trata de salvar los conciertos sanitarios de las mutualidades Muface, Isfas y Mugeju tras quedar desierta la primera licitación. De no ser así, el problema afectará de lleno a las comunidades autónomas, la administración encargada de prestar los servicios sanitarios a los ciudadanos. Andalucía es la comunidad con más personas afectadas: 318.198 beneficiarios, ya sean mutualistas titulares o sus familias. Ese volumen representa el 21% del total de España, uno de cada cinco afectados, según el Anuario de Muface de 2022.. Existe preocupación porque si esos beneficiarios –algo menos, porque unos 60.000 ya estarían en el sistema público de forma voluntaria– no pudieran seguir con ese concierto sanitario, su recepción por el Sistema Nacional de Salud redundaría en la calidad en la prestación del sistema sanitario Público de Andalucía, ya sometido a tensiones debido a la falta de profesionales y el déficit de financiación.. Un estudio de Fedea señala que en 2022, las comunidades autónomas fueron las responsables de más del 90% del gasto en España relacionado con el estado del bienestar, fundamentalmente el sanitario –junto a la educación y los servicios sociales–. Entre 2015 y 2022, España aumentó el gasto en sanidad en 0,7 puntos sobre su PIB, recayendo este incremento en las autonomías. Por tanto, si hay más gente para atender, se necesitará más dinero.. El problema es que el sistema de financiación autonómica no aporta los suficientes recursos para las personas que ya reciben esos servicios sanitarios. El sistema actual no asigna una cantidad económica por ciudadano, sino que se calcula ponderando la población protegida por el Sistema Nacional de Salud, dividida en siete tramos de edad, en proporción al nivel relativo de gasto sanitario per cápita de cada tramo. La financiación en su conjunto se calcula según el coste relativo por habitante de prestar en cada región los principales servicios autonómicos a un nivel de calidad uniforme. Para ello se considera que los costes por habitante de los servicios públicos serán mayores en las regiones más envejecidas o más extensas. En el caso andaluz, con un porcentaje de población superior a los 65 años inferior a la de la mayoría de regiones –un 7,6 frente a un 8,5 de media– las supuestas necesidades de gasto son «menores» que en el resto de autonomías.. Por tanto, no se puede ofrecer con exactitud cuánto costaría asumir en el sistema público a 260.000 personas, pero sí se pude establecer un equivalente porque hay distritos sanitarios en Andalucía que atienden a ese número de personas: Poniente de Almería (277.391 personas); Córdoba Sur (258.599); Huelva Costa (291.278 ); o Sevilla Norte (279.912personas). La Junta asumiría un nuevo distrito sanitario, el «distrito Muface».
Los beneficiarios de Muface: un «nuevo» distrito sanitario
El Gobierno de España trata de salvar los conciertos sanitarios de las mutualidades Muface, Isfas y Mugeju tras quedar desierta la primera licitación. De no ser así, el problema afectará de lleno a las comunidades autónomas, la administración encargada de prestar los servicios sanitarios a los ciudadanos. Andalucía es la comunidad con más personas afectadas: 318.198 beneficiarios, ya sean mutualistas titulares o sus familias. Ese volumen representa el 21% del total de España, uno de cada cinco afectados, según el Anuario de Muface de 2022.. Existe preocupación porque si esos beneficiarios –algo menos, porque unos 60.000 ya estarían en el sistema público de forma voluntaria– no pudieran seguir con ese concierto sanitario, su recepción por el Sistema Nacional de Salud redundaría en la calidad en la prestación del sistema sanitario Público de Andalucía, ya sometido a tensiones debido a la falta de profesionales y el déficit de financiación.. Un estudio de Fedea señala que en 2022, las comunidades autónomas fueron las responsables de más del 90% del gasto en España relacionado con el estado del bienestar, fundamentalmente el sanitario –junto a la educación y los servicios sociales–. Entre 2015 y 2022, España aumentó el gasto en sanidad en 0,7 puntos sobre su PIB, recayendo este incremento en las autonomías. Por tanto, si hay más gente para atender, se necesitará más dinero.. El problema es que el sistema de financiación autonómica no aporta los suficientes recursos para las personas que ya reciben esos servicios sanitarios. El sistema actual no asigna una cantidad económica por ciudadano, sino que se calcula ponderando la población protegida por el Sistema Nacional de Salud, dividida en siete tramos de edad, en proporción al nivel relativo de gasto sanitario per cápita de cada tramo. La financiación en su conjunto se calcula según el coste relativo por habitante de prestar en cada región los principales servicios autonómicos a un nivel de calidad uniforme. Para ello se considera que los costes por habitante de los servicios públicos serán mayores en las regiones más envejecidas o más extensas. En el caso andaluz, con un porcentaje de población superior a los 65 años inferior a la de la mayoría de regiones –un 7,6 frente a un 8,5 de media– las supuestas necesidades de gasto son «menores» que en el resto de autonomías.. Por tanto, no se puede ofrecer con exactitud cuánto costaría asumir en el sistema público a 260.000 personas, pero sí se pude establecer un equivalente porque hay distritos sanitarios en Andalucía que atienden a ese número de personas: Poniente de Almería (277.391 personas); Córdoba Sur (258.599); Huelva Costa (291.278 ); o Sevilla Norte (279.912personas). La Junta asumiría un nuevo distrito sanitario, el «distrito Muface».
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