Los casos son diferentes por varios motivos pero en cuanto supimos el domingo que un tren había descarrilado y había «decenas» de víctimas mortales, a toda España se le vino a la cabeza el accidente de tren de Angrois, ocurrido el 24 de julio de 2013 (víspera del patrón Santiago y, por tanto, con los vagones atestados de gente), donde murieron 80 personas y 143 resultaron heridas. Aunque todavía están pendiente de resolución varios recursos (que estarán al caer porque la Audiencia Provincial tuvo votación en diciembre), el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela condenó a dos años y medio de cárcel al maquinista de Renfe, Francisco Garzón, y al responsable de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.. Esa sentencia llegó en julio de 2024 y el proceso judicial para llegar hasta ahí fue larguísimo, tedioso y doloroso a partes iguales para los familiares de las víctimas, que no han querido hablar hasta hoy por respetar los tres días de luto oficial. Arturo Domínguez es el portavoz de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 y confiesa que estos días lo están pasando mal por les cuesta mucho ver imágenes de un tren accidentado y le «hierve la sangre» cuando escucha en la tele a supuestos expertos asegurar que «estaba todo bien». Ya se han puesto en contacto con él algunos afectados del accidente de Córdoba, para quienes la Plataforma ofrece toda la ayuda que necesiten.. La ayuda de la Agencia Europea del Ferrocarril. «Nosotros lo pasamos muy mal pero cuando tienes la verdad y nada que perder, eso te da una fuerza que no te imaginas». Ellos abrieron camino en este farragoso terreno de «luchar contra el estado» y tienen claro el consejo que trasladan a las víctimas de Córdoba: «Que acudan a Europa y que investigue la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA). Son de los únicos de quien se pueden fiar porque en España es increíble que siga investigando la CIAF, que ya quedó claro en el juicio que no eran imparciales y por eso la jueza llamó a peritos independientes».. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) cuenta con técnicos vinculados a Renfe y Adif, entidades que eran «parte» en el proceso judicial ya que era Fomento (ahora Transportes) quien nombra al presidente y los vocales. Fue uno de los motivos por los que la Plataforma acudió a Europa y allí les dieron la razón: en 2016 la ERA señaló esa falta de independencia en un informe que cuestionaba la tesis del accidente. «La Justicia opinó lo mismo y por eso fue condenado el responsable de Adif a dos años y medio. Y eso que, según la CIAF, no tenía responsabilidad», recuerda Domínguez.. Una lucha entre las aseguradoras para no pagar indemnizaciones. Como ocurrirá ahora con el accidente de Adamuz, el «debate jurídico» girará en torno a quién fue el responsable del accidente para que las empresas aseguradoras se batan en duelo (judicial) y se decida quién es el responsable civil subsidiario; es decir, quién pagará las indemnizaciones. Es decir, un farragoso debate técnico para dirimir, finalmente, quién paga. De hecho, entre las partes que han recurrido la sentencia están las dos aseguradoras (QBE y Allianz) de Renfe y Adif, que tuvieron que abonar unos 25 millones de euros en indemnizaciones. Pero en aquella ocasión, la causa del accidente parecía más clara: se tomó una curva a mucha velocidad, algo que no ocurrió el Córdoba. En Adamuz se trata de una recta y con una velocidad no excesiva, lo que ha centrado la investigación en la vía y las rodaduras.. En Angrois el propio maquinista admitió que se había despistado por una llamada (laboral, a la que tenía obligación de contestar) y no redujo la velocidad en un tramo que había que pasar de 200 a 80 km/hora. Los maquinistas ya habían advertido del peligro de esa curva de A Grandeira, que no estaba cubierta por el sistema de seguridad ERTMS y no había pasado un análisis de riesgos después de haberlo suprimido. Es más, los expertos sostuvieron que, de estar cubierto por este sistema, el accidente no se hubiera producido.. «Adif no puede salir condenado porque sino, no licita en el extranjero». Esta lucha judicial fue posible gracias al tesón del abogado de la Plataforma, Manuel Alonso Ferrezuelo, que se enfrentó a toda la maquinaria del Estado. «La abogacía del Estado se posicionó con Adif y, aunque la Fiscalía también acusaba, el último día quitó la acusación contra Adif y solo mantuvo la de Renfe». Lo más complicado, según el letrado, fue enfrentarse a grandes despachos de abogados de las aseguradoras. «Lo que vimos desde el primer momento es que Adif no podía salir condenado porque sino no pueden licitar a contratos en el extranjero pero encontrar expertos en ferrocarriles en España que no hayan estado vinculados a Adif o Renfe es casi imposible». El juicio duró casi un año por la cantidad de testigos y peritos y ese calvario es el que espera ahora a los afectados de Córdoba aunque hay parte del camino que ya abrieron los de Angrois.
La sentencia del accidente de Angrois salió 11 años después y evidenció la parcialidad del organismo de Transportes que investiga accidentes ferroviarios
Los casos son diferentes por varios motivos pero en cuanto supimos el domingo que un tren había descarrilado y había «decenas» de víctimas mortales, a toda España se le vino a la cabeza el accidente de tren de Angrois, ocurrido el 24 de julio de 2013 (víspera del patrón Santiago y, por tanto, con los vagones atestados de gente), donde murieron 80 personas y 143 resultaron heridas. Aunque todavía están pendiente de resolución varios recursos (que estarán al caer porque la Audiencia Provincial tuvo votación en diciembre), el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela condenó a dos años y medio de cárcel al maquinista de Renfe, Francisco Garzón, y al responsable de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.. Esa sentencia llegó en julio de 2024 y el proceso judicial para llegar hasta ahí fue larguísimo, tedioso y doloroso a partes iguales para los familiares de las víctimas, que no han querido hablar hasta hoy por respetar los tres días de luto oficial. Arturo Domínguez es el portavoz de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 y confiesa que estos días lo están pasando mal por les cuesta mucho ver imágenes de un tren accidentado y le «hierve la sangre» cuando escucha en la tele a supuestos expertos asegurar que «estaba todo bien». Ya se han puesto en contacto con él algunos afectados del accidente de Córdoba, para quienes la Plataforma ofrece toda la ayuda que necesiten.. La ayuda de la Agencia Europea del Ferrocarril. «Nosotros lo pasamos muy mal pero cuando tienes la verdad y nada que perder, eso te da una fuerza que no te imaginas». Ellos abrieron camino en este farragoso terreno de «luchar contra el estado» y tienen claro el consejo que trasladan a las víctimas de Córdoba: «Que acudan a Europa y que investigue la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA). Son de los únicos de quien se pueden fiar porque en España es increíble que siga investigando la CIAF, que ya quedó claro en el juicio que no eran imparciales y por eso la jueza llamó a peritos independientes».. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) cuenta con técnicos vinculados a Renfe y Adif, entidades que eran «parte» en el proceso judicial ya que era Fomento (ahora Transportes) quien nombra al presidente y los vocales. Fue uno de los motivos por los que la Plataforma acudió a Europa y allí les dieron la razón: en 2016 la ERA señaló esa falta de independencia en un informe que cuestionaba la tesis del accidente. «La Justicia opinó lo mismo y por eso fue condenado el responsable de Adif a dos años y medio. Y eso que, según la CIAF, no tenía responsabilidad», recuerda Domínguez.. Una lucha entre las aseguradoras para no pagar indemnizaciones. Como ocurrirá ahora con el accidente de Adamuz, el «debate jurídico» girará en torno a quién fue el responsable del accidente para que las empresas aseguradoras se batan en duelo (judicial) y se decida quién es el responsable civil subsidiario; es decir, quién pagará las indemnizaciones. Es decir, un farragoso debate técnico para dirimir, finalmente, quién paga. De hecho, entre las partes que han recurrido la sentencia están las dos aseguradoras (QBE y Allianz) de Renfe y Adif, que tuvieron que abonar unos 25 millones de euros en indemnizaciones. Pero en aquella ocasión, la causa del accidente parecía más clara: se tomó una curva a mucha velocidad, algo que no ocurrió el Córdoba. En Adamuz se trata de una recta y con una velocidad no excesiva, lo que ha centrado la investigación en la vía y las rodaduras.. En Angrois el propio maquinista admitió que se había despistado por una llamada (laboral, a la que tenía obligación de contestar) y no redujo la velocidad en un tramo que había que pasar de 200 a 80 km/hora. Los maquinistas ya habían advertido del peligro de esa curva de A Grandeira, que no estaba cubierta por el sistema de seguridad ERTMS y no había pasado un análisis de riesgos después de haberlo suprimido. Es más, los expertos sostuvieron que, de estar cubierto por este sistema, el accidente no se hubiera producido.. «Adif no puede salir condenado porque sino, no licita en el extranjero». Esta lucha judicial fue posible gracias al tesón del abogado de la Plataforma, Manuel Alonso Ferrezuelo, que se enfrentó a toda la maquinaria del Estado. «La abogacía del Estado se posicionó con Adif y, aunque la Fiscalía también acusaba, el último día quitó la acusación contra Adif y solo mantuvo la de Renfe». Lo más complicado, según el letrado, fue enfrentarse a grandes despachos de abogados de las aseguradoras. «Lo que vimos desde el primer momento es que Adif no podía salir condenado porque sino no pueden licitar a contratos en el extranjero pero encontrar expertos en ferrocarriles en España que no hayan estado vinculados a Adif o Renfe es casi imposible». El juicio duró casi un año por la cantidad de testigos y peritos y ese calvario es el que espera ahora a los afectados de Córdoba aunque hay parte del camino que ya abrieron los de Angrois.
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