Los centros residenciales y de día para cuidados de larga duración, situados en municipios con población igual o inferior a los 20.000 habitantes, podrán contratar a partir del próximo año a personas que no cuenten con la cualificación profesional exigida en la ley de residencias de 2024 si se acredite por las oficinas de empleo la “inexistencia” de demandantes con esas características. Además, ese personal podrá mantenerse hasta que reúna las condiciones establecidas en la normativa o existan trabajadores que dispongan de esos títulos.. Esta medida figura en una de las enmiendas parciales de PP y Vox al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, a la que tuvo acceso Ical. Para ello, los dos socios, que cuentan con mayoría absoluta en las Cortes para aprobarla, modifican un artículo de la “precipitada” ley de Castilla y León sobre centros residenciales, en vigor desde mayo de 2024.. Asimismo, los socios justifican su enmienda ante la “dificultad” que aseguran tener estos centros para encontrar personal que ejerza las funciones de «atención directa», especialmente en el ámbito rural. Aunque señalan que es una “problemática común” en todo el territorio nacional, reconocen que adquiere “especial relevancia” en la Comunidad, por sus características, en cuanto a territorio y población.. Además, sostienen que esta medida se ajusta a lo establecido en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios, que contempla un régimen especial para “zonas rurales e insulares”, que PP y Vox quieren extender en la Comunidad a los municipios con hasta 20.000 habitantes.. Además, defienden su enmienda al concurrir “razones graves de interés público” derivadas de la “necesidad urgente” de flexibilizar los requisitos para la contratación de personal de atención directa por parte de los titulares de los centros residenciales y centros de día ubicados en el mundo rural.. Ratios. Igualmente, PP y Vox aprovechan la ley de acompañamiento de las cuentas para reforzar otro artículo de la ley de residencias, el 34, con el objetivo de dar “mayor” flexibilidad a la fijación de las ratios mínimas de profesionales de los centros públicos y privados. Esto, argumentan los dos grupos, permitirá un desarrollo normativo, todavía pendiente, “más ajustado”, en función de las necesidades “reales” de los centros y sus usuarios.. De esta forma, se podrá establecer los ratios de forma global para las categorías, por una parte, de profesionales técnicos y de profesionales de atención directa, o de forma específica para profesiones concretas, en función de las características y necesidades de cada residencia, teniendo en cuenta tanto el número de usuarios, como los servicios que presta y sus dimensiones.. Aunque la ley de Medidas se aplicará del 1 de enero de 2027, salvo algunos preceptos que gozan de un plazo de 20 días posteriores, lo referido a las ratios de profesionales de atención social y sanitaria se aplicarán desde que entre en vigor el futuro desarrollo reglamento de la ley de residencias, que PP y Vox precisan debe aprobarse en el plazo de un año.. Finalmente, otra de las medidas de PP y Vox está vinculada a las nuevas ayudas para la sustitución de bañeras por platos de ducha en viviendas donde residan personas mayores o para la adquisición de medios domóticos, que contarán con un presupuesto de diez millones de euros. Con ello, buscan que las ayudas se puedan ir concediendo a medida de que se presenten las solicitudes, “por orden de entrada desde que el expediente esté completo”.
PP y Vox modifican un artículo de la ley de residencias (2024) ante la “dificultad” que aseguran tener estos centros para encontrar personal
Los centros residenciales y de día para cuidados de larga duración, situados en municipios con población igual o inferior a los 20.000 habitantes, podrán contratar a partir del próximo año a personas que no cuenten con la cualificación profesional exigida en la ley de residencias de 2024 si se acredite por las oficinas de empleo la “inexistencia” de demandantes con esas características. Además, ese personal podrá mantenerse hasta que reúna las condiciones establecidas en la normativa o existan trabajadores que dispongan de esos títulos.. Esta medida figura en una de las enmiendas parciales de PP y Vox al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, a la que tuvo acceso Ical. Para ello, los dos socios, que cuentan con mayoría absoluta en las Cortes para aprobarla, modifican un artículo de la “precipitada” ley de Castilla y León sobre centros residenciales, en vigor desde mayo de 2024.. Asimismo, los socios justifican su enmienda ante la “dificultad” que aseguran tener estos centros para encontrar personal que ejerza las funciones de «atención directa», especialmente en el ámbito rural. Aunque señalan que es una “problemática común” en todo el territorio nacional, reconocen que adquiere “especial relevancia” en la Comunidad, por sus características, en cuanto a territorio y población.. Además, sostienen que esta medida se ajusta a lo establecido en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios, que contempla un régimen especial para “zonas rurales e insulares”, que PP y Vox quieren extender en la Comunidad a los municipios con hasta 20.000 habitantes.. Además, defienden su enmienda al concurrir “razones graves de interés público” derivadas de la “necesidad urgente” de flexibilizar los requisitos para la contratación de personal de atención directa por parte de los titulares de los centros residenciales y centros de día ubicados en el mundo rural.. Ratios. Igualmente, PP y Vox aprovechan la ley de acompañamiento de las cuentas para reforzar otro artículo de la ley de residencias, el 34, con el objetivo de dar “mayor” flexibilidad a la fijación de las ratios mínimas de profesionales de los centros públicos y privados. Esto, argumentan los dos grupos, permitirá un desarrollo normativo, todavía pendiente, “más ajustado”, en función de las necesidades “reales” de los centros y sus usuarios.. De esta forma, se podrá establecer los ratios de forma global para las categorías, por una parte, de profesionales técnicos y de profesionales de atención directa, o de forma específica para profesiones concretas, en función de las características y necesidades de cada residencia, teniendo en cuenta tanto el número de usuarios, como los servicios que presta y sus dimensiones.. Aunque la ley de Medidas se aplicará del 1 de enero de 2027, salvo algunos preceptos que gozan de un plazo de 20 días posteriores, lo referido a las ratios de profesionales de atención social y sanitaria se aplicarán desde que entre en vigor el futuro desarrollo reglamento de la ley de residencias, que PP y Vox precisan debe aprobarse en el plazo de un año.. Finalmente, otra de las medidas de PP y Vox está vinculada a las nuevas ayudas para la sustitución de bañeras por platos de ducha en viviendas donde residan personas mayores o para la adquisición de medios domóticos, que contarán con un presupuesto de diez millones de euros. Con ello, buscan que las ayudas se puedan ir concediendo a medida de que se presenten las solicitudes, “por orden de entrada desde que el expediente esté completo”.
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