Quejarse puede salir caro en una residencia de mayores en Madrid. Lo sabe, al menos, una docena de usuarios y familiares que denuncian que han sido expulsados o sancionados tras protestar por las malas condiciones en las que viven en estos centros. La solución casi siempre es la misma: amenazas de traslados forzosos que en algunos casos se han terminado concretando, según familias y asociaciones en defensa de los residentes, que interpretan estas medidas como “represalias” por visibilizar ―a veces públicamente, a veces solo ante la dirección del centro― el deterioro que sufren estos centros. La situación se ha convertido en una especie de patrón, pero las residencias se desmarcan y se escudan en supuestos incumplimientos del régimen interno disciplinario por parte de los residentes o familiares involucrados y niegan rotundamente cualquier tipo de venganza.. Seguir leyendo
Tanto centros públicos como privados toman medidas contra residentes incómodos, pese a que la ley lo considera una infracción grave
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Quejarse puede salir caro en una residencia de mayores en Madrid. Lo sabe, al menos, una docena de usuarios y familiares que denuncian que han sido expulsados o sancionados tras protestar por las malas condiciones en las que viven en estos centros. La solución casi siempre es la misma: amenazas de traslados forzosos que en algunos casos se han terminado concretando, según familias y asociaciones en defensa de los residentes, que interpretan estas medidas como “represalias” por visibilizar ―a veces públicamente, a veces solo ante la dirección del centro― el deterioro que sufren estos centros. La situación se ha convertido en una especie de patrón, pero las residencias se desmarcan y se escudan en supuestos incumplimientos del régimen interno disciplinario por parte de los residentes o familiares involucrados y niegan rotundamente cualquier tipo de venganza.. La madre de J. E. R., que prefiere dar solo sus iniciales, tiene 84 años y padece Alzheimer. Con su tercer grado de dependencia reconocido, ingresó hace año y medio en la residencia privada Bouco Carabanchel después de llevar meses esperando una plaza pública que nunca llegó. Desde el principio, el hijo notó que la atención no era la esperada, pues desde que su madre se encuentra en este centro, asegura, la mujer no ha tenido la supervisión profesional adecuada. El hijo cree que esa es la razón por la que su madre haya sufrido ya cinco caídas, dos de ellas con traumatismos craneoencefálicos.. Por ello, el pasado mes de marzo inició una campaña para protestar por las malas condiciones en las que viven los usuarios de la residencia. Un día después de repartir entre familiares y residentes carteles con las instrucciones para denunciar la situación a la dirección del centro, le llegó un burofax anunciándole la expulsión de su madre. El caso provocó una pequeña revolución dentro de esta residencia privada, la antigua Orpea, que terminó retractándose de la medida. La dirección del centro alega que las actuaciones adoptadas “responden a conductas reiteradas de falta de respeto, insultos, amenazas y violaciones de la privacidad dirigidas tanto contra el personal como contra otros mayores, protagonizadas por un hijo de la residente”. Sin embargo, J. E. R. afirma: “Es una clara represalia”.. La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) coincide y señala que este es un ejemplo más de las consecuencias que sufren los usuarios de las residencias y los familiares que se quejan de las malas condiciones de los centros. En el caso de la Bouco Carabanchel, J. E. R. solicitó, con asesoramiento de Pladigmare, que se retirara la sanción a su madre y se suspendiera al director del centro durante cinco años. El denunciante llegó incluso a reunirse con representantes de la Comunidad de Madrid, que “instó” a que se paralizara el caso mientras se resolvía. Una portavoz de Bouco Carabanchel asegura que la decisión finalmente se adoptó con la condición de que se mantuvieran “unas normas de buena convivencia” por parte del hijo.. J. E. R., con todo, no ha descartado la idea de llevarse a su madre a otro lugar, pues las condiciones del centro no han mejorado. Desde Pladigmare reconocen, por otra parte, que las familias de los residentes también pueden sufrir múltiples formas de presión. “Tuvimos un caso de una hija que tenía que ver a su madre fuera del centro”, explica Miguel Vázquez, miembro de Pladigmare y quien se ha encargado de pelear el caso de la madre de J. E. R… No es muy distinto el caso de Víctor Manuel Fernández, residente de 58 años con una discapacidad física del 68% derivada de una lesión en la médula espinal. Está en el centro privado Colisee de Vallecas y ha recibido recientemente un “apercibimiento previo” a la expulsión, según la directiva del centro, por hechos como llevar a su habitación compartida a su pareja, también residente. Fernández, por el contrario, cree que esta es la justificación que han encontrado para expulsarlo por quejarse públicamente de las malas condiciones del centro.. Este lunes, Pladigmare ha dado a conocer un nuevo caso. Se trata de un residente de 66 años, con múltiples patologías y un grado tres de dependencia, en el centro privado Casablanca Carabanchel. La residencia se ha escudado en las dificultades en el tratamiento de esta persona y de un supuesto maltrato al personal por su parte y la de un familiar. “En este intento de expulsión, camuflado tras acusaciones genéricas, inciertas, sin un proceso que garantice el derecho a defenderse de los hechos de los que se les acusa, no se ha incoado un expediente que permita rebatir, ni contradecir, las acusaciones de maltrato que se vierten contra el residente y su familiar”, denuncian desde la asociación.. Pladigmare tiene registrados, mínimo, una docena de casos similares, por lo que considera que este es un modus operandi habitual en ciertas empresas y centros, sobre todo privados. “La Comunidad de Madrid intenta mirar para otro lado”, comenta Vázquez, que añade que, como todas las residencias de la región están acreditadas, tienen que cumplir unas normas y ser supervisadas por el propio Gobierno. Un portavoz de la Consejería de Asuntos Sociales asegura que la Comunidad de Madrid realiza un mínimo de dos inspecciones al año en todos los centros acreditados, y hasta 10 visitas al año para supervisar los de gestión indirecta, es decir, las concertadas.. La Ley de Servicios Sociales de 2022, por su parte, califica como infracción grave “(…) establecer castigos o limitaciones de derechos injustos o amenazar con llevarlos a cabo como represalia o presión al personal de centros y servicios, usuarios o sus familiares”. Se trata de una ley que causó cierta polémica cuando se promulgó por incluir por primera vez sanciones a los usuarios. Estas van desde la amonestación o multas de hasta 300 euros por una infracción leve hasta la expulsión o el traslado definitivo a otro centro para casos más graves. Para Lorena Morales, diputada del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, la nueva ley ha atacado los derechos de los usuarios en lugar de mejorarlos.. “Me han notificado que me mandan a la residencia de Villaviciosa de Odón, una de las peores de la Comunidad de Madrid. Ayer me comunicaron que el traslado ya es firme”, escribe apesadumbrado Marcelo M. en un tuit. En los últimos meses, se ha convertido casi en un influencer tras protagonizar una huelga de hambre de 25 días para denunciar la comida que reciben él y otros 300 usuarios de la residencia pública de mayores de Colmenar Viejo, un centro dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). “Es una clara represalia; si te quejas, te vas”, asegura Marcelo.. La AMAS ha rechazado el recurso que presentó Marcelo hace unas semanas a pesar de que, según el afectado, no se le permitió exponer su versión ni llamar a testigos que pudieran respaldar su testimonio. Por este motivo, Marcelo convocó a finales del pasado abril una manifestación para protestar por su traslado. “De aquí me sacan con la policía”, aseguró.. Por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales sostiene que Marcelo agredió a otro residente y que este es el motivo de la expulsión. Marcelo, por contra, aduce que esta agresión, que se produjo en el contexto de una fuerte discusión con otro usuario, se produjo hace casi medio año, y que solo ahora, tras la huelga de hambre, la administración se ha acordado de ella para justificar lo que juzga como una represalia.. La diputada de Más Madrid Diana Paredes también sitúa el caso de Marcelo como uno más de los traslados forzosos de usuarios que las residencias consideran díscolos: “Veinticinco días de huelga de hambre para denunciar algo tan básico como la calidad y la cantidad de la comida. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Ayuso? No corregir las condiciones, sino trasladar a quien protesta”.
