El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha elevado en cientos de miles de euros la indemnización de una veintena de vecinos de San Fernando de Henares (40.000 habitantes) cuyas viviendas o garajes se vieron afectados por la llegada de la línea 7B de Metro a la localidad. Así, los afectados cifran la mejora en 702.252,47 euros correspondientes a nueve sentencias, mientras que la Administración detalla 675.585,32 euros correspondientes a trece. El suburbano, inaugurado en 2007, provocó cambios en la estructura del suelo del municipio, haciendo que los edificios de la superficie perdieran pie. Por ello ha habido que derribar 73 viviendas, lo que ha afectado a más de 200 personas. Las mejoras decididas hasta ahora sobre la compensación decidida por la Administración son solo la punta del iceberg: quedan decenas de reclamaciones pendientes de admisión o resolución en el TSJM. El montante abonado hasta ahora por la Comunidad como compensación es de 15 millones, según un portavoz gubernamental.. Seguir leyendo
Los afectados por la línea 7B acumulan victorias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde quedan decenas de casos por arbitrar. La Comunidad ya ha pagado 15 millones en total
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha elevado en cientos de miles de euros la indemnización de una veintena de vecinos de San Fernando de Henares (40.000 habitantes) cuyas viviendas o garajes se vieron afectados por la llegada de la línea 7B de Metro a la localidad. Así, los afectados cifran la mejora en 702.252,47 euros correspondientes a nueve sentencias, mientras que la Administración detalla 675.585,32 euros correspondientes a trece. El suburbano, inaugurado en 2007, provocó cambios en la estructura del suelo del municipio, haciendo que los edificios de la superficie perdieran pie. Por ello ha habido que derribar 73 viviendas, lo que ha afectado a más de 200 personas. Las mejoras decididas hasta ahora sobre la compensación decidida por la Administración son solo la punta del iceberg: quedan decenas de reclamaciones pendientes de admisión o resolución en el TSJM. El montante abonado hasta ahora por la Comunidad como compensación es de 15 millones, según un portavoz gubernamental.. En 2022, el entonces consejero de Transportes, David Pérez, aseguró que la indemnización a los vecinos sería “la máxima”. El Ejecutivo ofreció de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes, una oferta de indemnización de siete millones en total a los primeros afectados. El resultado no satisfizo a los afectados, que protestaron.. En respuesta, y pese a que según el consejero las compensaciones no podían ir a más, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se comprometió a buscar la fórmula para revisar al alza las indemnizaciones. Y la encontró. Hubo una mejora: en 2023, la presidenta regional ordenó que se indemnizara a los afectados con entre 10.000 y 63.000 euros más de los ya ofrecidos, por los daños morales.. “Me comprometí a darles el máximo legal permitido, y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones”, celebró.. La frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid resonó a mediados de mayo entre decenas de vecinos de San Fernando de Henares cuando uno de ellos recibió una sentencia largamente esperada. En ella, la justicia reconocía 89.608,43 euros más de indemnización que la Administración regional (para un total de 362.051,45) a una pareja que perdió su casa por culpa de la línea 7B de Metro. Desde entonces, han llegado otras ocho favorables (una referida a un garaje) y ninguna desfavorable, según los afectados. Unas, porque la vivienda valía más de lo que indicaba la tasación encargada por la Comunidad. Otras, porque también se ha empezado a mejorar el pago por los daños morales, al considerar el TSJM como “muy intensos” el “sufrimiento, la zozobra y el temor” causados por Madrid a los vecinos sin casa por la línea 7B.. Los vecinos esperan que haya un efecto cascada: como casi todos emplean el argumento de que el valor de tasación que empleó la Administración para compensarles estaba mal calculado, creen que las pendientes también serán favorables a sus intereses.. “La Comunidad ha defendido los conceptos que deben ser indemnizados, no una cuantía económica máxima e inamovible”, recalcan en la Administración regional. “Y es precisamente en los conceptos indemnizables donde el tribunal nos ha dado la razón. Otra cosa es que, al valorar las pruebas aportadas, haya fijado cantidades superiores en algunos conceptos. En concreto, ha optado por la tasación de los demandantes en lugar de la realizada por Tinsa y ha incrementado las cuantías correspondientes al mobiliario y al daño moral o psicológico”, señalan. “Por tanto, que el TSJM haya reconocido cantidades superiores no significa que la Comunidad haya excluido perjuicios que debían indemnizarse. La discrepancia se encuentra en la valoración económica de determinados daños, no necesariamente en los conceptos indemnizables”.. El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando las obras impulsadas por el gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2012) facilitaron que el agua entrara en contacto con la sal que entreveraba el terreno, disolviéndola. Como consecuencia, cambió el subsuelo, los edificios perdieron pie, y comenzaron a aparecer grietas como acantilados, ruidos fantasmales, vibraciones como pequeños terremotos, ventanas que no se abrían y puertas que no se cerraban.. Estas son las cuentas de la Plataforma de afectados: 217 personas desalojadas; 73 viviendas derribadas; 23 calles afectadas; 5 comercios derribados; espacios públicos de primer orden como centros escolares, de idiomas y centros socioculturales demolidos; miles de viviendas devaluadas; y 10 cierres acumulados por la línea 7b de metro desde su apertura. El Ejecutivo también está preparado para que haya más problemas: había iniciado motu proprio una nueva fase de indemnizaciones, en este caso a los propietarios de casi 300 viviendas con desperfectos que no han obligado a derribarlas.. Para solucionar el problema heredado del ejecutivo de Esperanza Aguirre, que fue quien impulsó el proyecto, el gobierno de Díaz Ayuso ha gastado más de 170 millones en inyectar hormigón en 10.000 metros cuadrados de la zona para intentar asentar el subsuelo, y restablecer el servicio de metro, suspendido durante tres años. Con el suburbano ya de nuevo en marcha desde 2025, los vecinos también aceleran para intentar recuperar sus vidas. Nueve familias han conseguido ya que la justicia les dé la razón y mejore sus indemnizaciones. Otras 19 están a la espera de que su sentencia siga el mismo camino. Y mientras tanto, otra treintena de familias se preparan para defender sus intereses en los tribunales tras perder su casa, sus recuerdos y sus sueños tras la llegada del Metro de Madrid a San Fernando de Henares.
