La segunda semana de huelga nacional avanza en un clima de máximo desgaste, creciente frustración y un mensaje que ayer ha terminado de cristalizar en todos los territorios: si no hay avances reales, las movilizaciones se intensificarán en junio. El ultimátum al Ministerio de Sanidad es ya explícito, y los sindicatos médicos coinciden en un diagnóstico común: la titular del ramo, Mónica García, «no está negociando» y ha llevado a la profesión «a un callejón sin salida» que deja a los facultativos con un único instrumento, la huelga, como han recordado en todas las concentraciones celebradas este jueves.. La situación es especialmente tensa en comunidades como Cantabria, Madrid o Andalucía, donde las protestas han ido adquiriendo mayor visibilidad con el paso de los días y donde los portavoces sindicales han elevado el tono contra una negociación que consideran «bloqueada».. En Santander, frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el secretario general del Sindicato Médico de Cantabria (SMC), Óscar Pascual, ha advertido que el conflicto «no podrá sostenerse mucho más sin una intervención del Gobierno central». Ha asegurado que la ministra ni siquiera convoca al Comité de Huelga, algo a lo que está «legalmente obligada», y ha avisado de que, si nadie introduce «sentido común», el colectivo podría verse «abocado a una huelga permanente y general».. La posibilidad ya no suena lejana. Pascual ha reconocido que la intensificación de las protestas para la semana del 15 al 19 de junio -la última del actual calendario- «probablemente será necesaria». Sus palabras han resonado entre los dos centenares de médicos y estudiantes de Medicina que han acudido a la concentración, uno de los termómetros más claros de la creciente implicación de los futuros facultativos en un conflicto que consideran decisivo. «A quien más va a afectar este Estatuto es a los jóvenes», ha señalado el portavoz cántabro, recordando que la norma vigente viene de 2003 y condicionará la carrera profesional de varias generaciones.. Entre dos y tres semanas de sobrecarga asistencial añadida. En Castilla y León, el seguimiento de la huelga se ha situado en torno al 20%, según la Consejería de Sanidad, con 6.462 consultas y 255 operaciones canceladas solo en la jornada de hoy. En Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud lo ha cifrado en un 21%. Andalucía ha superado el 25% de participación, con provincias como Almería o Huelva por encima del 27%. Aunque las cifras varían según las fuentes , todas las comunidades coinciden en algo: el impacto asistencial será difícil de revertir. Baleares, por ejemplo, calcula ya que el volumen de intervenciones y consultas suspendidas dejará entre dos y tres semanas de sobrecarga asistencial adicional.. En Madrid, alrededor de 150 facultativos se han concentrado ante la sede de la Consejería de Sanidad. Allí han insistido en que, aunque el Estatuto Marco es competencia estatal, una gran parte de sus condiciones laborales «podrían solucionarse en Madrid». La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha pedido al departamento de Fátima Matute que saque «los colores de verdad» a Mónica García. «Que estemos aquí no quita, y no nos olvidamos, de que el hecho de que tengamos una jornada discriminatoria es responsabiliad del Ministerio» ha señalado.. Pese a las lógicas diferencias en las demandas autonómicas, la base del conflicto sigue siendo la misma en toda España: los médicos reclaman un estatuto propio, diferenciado, que reconozca su formación, responsabilidad y especificidades laborales. Piden, además, una mesa de negociación exclusiva, un sistema de clasificación profesional ajustado a su cualificación, límites claros en la presión asistencial, una jornada de 35 horas, la limitación y retribución adecuada de guardias, la eliminación de la movilidad forzosa, el reconocimiento de la Medicina como profesión de riesgo, pagas extra íntegras y un modelo de jubilación flexible.. Mónica García reiteró el martes en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso que la negociación del Estatuto Marco ha llegado a su «límite legal y competencial». Para los sindicatos, esta es una declaración clara de intensiones que «cierra de facto la posibilidad de un acuerdo». Por ello, han empezado a mirar directamente a la Moncloa.. En Cantabria, Pascual lo verbalizó abiertamente: «No nos queda más remedio que apelar al Gobierno de España». También lo hizo el miércoles el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, al señalar que «nadie se está tomando en serio las protestas y podemos entrar en un conflicto crónico de meses o años».. Las consecuencias de una situación así serían catastróficas en un sistema sanitario al límite. El coste asistencial de esta segunda semana de paros es ya muy elevado. Andalucía, solo el lunes, registró 53.651 citas suspendidas. Baleares acumula más de 5.000 pruebas diagnósticas anuladas y más de 6.400 consultas en atención primaria. En toda España, las cancelaciones en listas de espera quirúrgica avanzan a un ritmo que muchos servicios de salud reconocen que será «muy difícil» recuperar en los próximos meses.. Los sindicatos lamentan el impacto sobre los pacientes, pero aseguran que llevan «años» alertando sobre su precariedad laboral, la sobrecarga asistencial y la fuga de profesionales hacia la sanidad privada o el extranjero.
Los sindicatos dan un ultimátum a Mónica García. Sin voluntad manifiesta de negociar por su parte, apelarán al Gobierno (PSOE- Sumar) para que intervenga
La segunda semana de huelga nacional avanza en un clima de máximo desgaste, creciente frustración y un mensaje que ayer ha terminado de cristalizar en todos los territorios: si no hay avances reales, las movilizaciones se intensificarán en junio. El ultimátum al Ministerio de Sanidad es ya explícito, y los sindicatos médicos coinciden en un diagnóstico común: la titular del ramo, Mónica García, «no está negociando» y ha llevado a la profesión «a un callejón sin salida» que deja a los facultativos con un único instrumento, la huelga, como han recordado en todas las concentraciones celebradas este jueves.. La situación es especialmente tensa en comunidades como Cantabria, Madrid o Andalucía, donde las protestas han ido adquiriendo mayor visibilidad con el paso de los días y donde los portavoces sindicales han elevado el tono contra una negociación que consideran «bloqueada».. En Santander, frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el secretario general del Sindicato Médico de Cantabria (SMC), Óscar Pascual, ha advertido que el conflicto «no podrá sostenerse mucho más sin una intervención del Gobierno central». Ha asegurado que la ministra ni siquiera convoca al Comité de Huelga, algo a lo que está «legalmente obligada», y ha avisado de que, si nadie introduce «sentido común», el colectivo podría verse «abocado a una huelga permanente y general».. La posibilidad ya no suena lejana. Pascual ha reconocido que la intensificación de las protestas para la semana del 15 al 19 de junio -la última del actual calendario- «probablemente será necesaria». Sus palabras han resonado entre los dos centenares de médicos y estudiantes de Medicina que han acudido a la concentración, uno de los termómetros más claros de la creciente implicación de los futuros facultativos en un conflicto que consideran decisivo. «A quien más va a afectar este Estatuto es a los jóvenes», ha señalado el portavoz cántabro, recordando que la norma vigente viene de 2003 y condicionará la carrera profesional de varias generaciones.. En Castilla y León, el seguimiento de la huelga se ha situado en torno al 20%, según la Consejería de Sanidad, con 6.462 consultas y 255 operaciones canceladas solo en la jornada de hoy. En Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud lo ha cifrado en un 21%. Andalucía ha superado el 25% de participación, con provincias como Almería o Huelva por encima del 27%. Aunque las cifras varían según las fuentes , todas las comunidades coinciden en algo: el impacto asistencial será difícil de revertir. Baleares, por ejemplo, calcula ya que el volumen de intervenciones y consultas suspendidas dejará entre dos y tres semanas de sobrecarga asistencial adicional.. En Madrid, alrededor de 150 facultativos se han concentrado ante la sede de la Consejería de Sanidad. Allí han insistido en que, aunque el Estatuto Marco es competencia estatal, una gran parte de sus condiciones laborales «podrían solucionarse en Madrid». La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha pedido al departamento de Fátima Matute que saque «los colores de verdad» a Mónica García. «Que estemos aquí no quita, y no nos olvidamos, de que el hecho de que tengamos una jornada discriminatoria es responsabiliad del Ministerio» ha señalado.. Pese a las lógicas diferencias en las demandas autonómicas, la base del conflicto sigue siendo la misma en toda España: los médicos reclaman un estatuto propio, diferenciado, que reconozca su formación, responsabilidad y especificidades laborales. Piden, además, una mesa de negociación exclusiva, un sistema de clasificación profesional ajustado a su cualificación, límites claros en la presión asistencial, una jornada de 35 horas, la limitación y retribución adecuada de guardias, la eliminación de la movilidad forzosa, el reconocimiento de la Medicina como profesión de riesgo, pagas extra íntegras y un modelo de jubilación flexible.. Mónica García reiteró el martes en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso que la negociación del Estatuto Marco ha llegado a su «límite legal y competencial». Para los sindicatos, esta es una declaración clara de intensiones que «cierra de facto la posibilidad de un acuerdo». Por ello, han empezado a mirar directamente a la Moncloa.. En Cantabria, Pascual lo verbalizó abiertamente: «No nos queda más remedio que apelar al Gobierno de España». También lo hizo el miércoles el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, al señalar que «nadie se está tomando en serio las protestas y podemos entrar en un conflicto crónico de meses o años».. Las consecuencias de una situación así serían catastróficas en un sistema sanitario al límite. El coste asistencial de esta segunda semana de paros es ya muy elevado. Andalucía, solo el lunes, registró 53.651 citas suspendidas. Baleares acumula más de 5.000 pruebas diagnósticas anuladas y más de 6.400 consultas en atención primaria. En toda España, las cancelaciones en listas de espera quirúrgica avanzan a un ritmo que muchos servicios de salud reconocen que será «muy difícil» recuperar en los próximos meses.. Los sindicatos lamentan el impacto sobre los pacientes, pero aseguran que llevan «años» alertando sobre su precariedad laboral, la sobrecarga asistencial y la fuga de profesionales hacia la sanidad privada o el extranjero.
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