La Comisión de Economía y Hacienda ha aprobado este lunes el plan de fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León para el año 2026 con los votos a favor de los grupos parlamentarios de PP y UPL-Soria Ya y la abstención de PSOE y Vox.. El plan incluye 18 nuevos trabajos (17 fiscalizaciones y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones) que ha presentado el presidente de esta institución propia, Mario Amilivia, que en el próximo año abordará un total de 45 fiscalizaciones, entre ellas la de la contabilidad electoral de las elecciones autonómicas de marzo y la receta electrónica.. En su intervención, ha cifrado en 73 sus comparecencias en el actual mandato, la presentación de 151 informes (la mitad de todos las presentadas por el Consejo en dos décadas) y ha señalado que en lo que va de año se han aprobado 18 fiscalizaciones y la previsión de terminar otros 4 trabajos antes del 31 de diciembre, hasta sumar un total de 22 informes en 2025.. En concreto, los correspondientes a la situación económico-financiera y ejecución funcional del gasto de la Comunidad; el seguimiento de recomendaciones del ejercicio 2024; la actualización de la seguridad informática del Ayuntamiento de Villaquilambre; y el posicionamiento de las universidades públicas en los rankings internacionales.. Publicidad institucional y corrupción. Amilivia ha destacado que esta planificación «prioriza el análisis del gasto social, con vocación de consenso, siendo asumible y susceptible de modificaciones» entre las que también destaca los dos informes derivados de la Ley de Publicidad Institucional, que aprobó el parlamento autonómico el único rechazo del PP, los votos a favor de PSOE, Vox y parte del Grupo Mixto y la abstención del resto de la Cámara.. El presidente de la Institución propia ha incidido en que esta norma que obliga al Consejo de Cuentas a afrontar funciones que «no le son naturales», que además tendría que auditar más de un centenar de campañas que suman más de 30.000 actos administrativos, de ahí que hayan apostado por hacer dos informes: uno dedicado al ámbito autonómico y otra al sector público local.. «Hay competencias en esta Ley que desbordan mucho al Consejo de Cuentas y haría falta un personal distinto o contratarlo de fuera», ha advertido, una situación que es «coherente» con el acuerdo de la Mesa de las Cortes negó al Consejo de Cuentas de un presupuesto para incorporar más personal destinados a la elaboración de estas nuevas fiscalizaciones de mandato legal, «por considerarlo innecesario».. También ha subrayado su compromiso con la Autoridad Independiente en materia de Corrupción, creada en la Ley de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024, ya que pese a la falta de fondos se acordó que se financiara con los remanentes del Consejo Cuentas previos a 2013.. Amilivia ha planteado que la autoridad independiente comparezca en la Cámara para presentar su actividad, porque aunque esté vinculado al Consejo de Cuentas, se da la «paradoja» de que él tiene que presentar una actividad «que no conoce y que no genera».. Grupos parlamentarios. El procurador Alberto Castro (PP) ha valorado la tarea fiscalizadora del Consejo de Cuentas y de un plan de fiscalización para el próximo ejercicio adaptado «a la realidad», aunque ha criticado los informes derivados de la aplicación de la Ley de Publicidad Institucional por lo inabarcable del estudio y porque se rechazara incrementar el personal de esta Institución propia al no salir adelante los Presupuestos.. El procurador José Ramón García (UPL) ha valorado este plan de fiscalizaciones, que a su juicio responde a la visión de buscar mejorar la gestión de las administraciones locales y autonómicas, así como de los entes asociados y ha recordado que el éxito de estas recomendaciones «depende y mucho de la colaboración de estas administraciones».. Por su parte, la parlamentaria del PSOE Rosa Rubio ha recordado que los miembros del Consejo siguen con el mandato caducado desde hace 3 años, ha reprochado el «enrocamiento» en el que se ha instalado el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por su rechazo a la condonación de la deuda y ha planteado que el informe específico del Consejo de Cuentas recoja el impacto de esta decisión.. También ha subrayado la importancia de los dos informes relacionados la Ley de Publicidad Institucional porque «mucho hay que decir del dinero del público para usos partidistas» y de control de los medios de comunicación, así como ha planteado la necesidad de fiscalidad la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), antes de despedirse emocionada de esta comisión y del Consejo de Cuentas.. Susana Suárez (Vox) ha valorado este plan como una buena hoja de ruta, aunque ha rechazado fiscalizar el cumplimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o de los planes de igualdad de los Ayuntamientos que considera «ideológicos», así como ha afeado que no se haya incluido en este plan un informe sobre el coste de la inmigración ilegal.
La institución auditará en su Plan de trabajo del próximo año las políticas de vivienda de los municipios y la receta electrónica
La Comisión de Economía y Hacienda ha aprobado este lunes el plan de fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León para el año 2026 con los votos a favor de los grupos parlamentarios de PP y UPL-Soria Ya y la abstención de PSOE y Vox.. El plan incluye 18 nuevos trabajos (17 fiscalizaciones y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones) que ha presentado el presidente de esta institución propia, Mario Amilivia, que en el próximo año abordará un total de 45 fiscalizaciones, entre ellas la de la contabilidad electoral de las elecciones autonómicas de marzo y la receta electrónica.. En su intervención, ha cifrado en 73 sus comparecencias en el actual mandato, la presentación de 151 informes (la mitad de todos las presentadas por el Consejo en dos décadas) y ha señalado que en lo que va de año se han aprobado 18 fiscalizaciones y la previsión de terminar otros 4 trabajos antes del 31 de diciembre, hasta sumar un total de 22 informes en 2025.. En concreto, los correspondientes a la situación económico-financiera y ejecución funcional del gasto de la Comunidad; el seguimiento de recomendaciones del ejercicio 2024; la actualización de la seguridad informática del Ayuntamiento de Villaquilambre; y el posicionamiento de las universidades públicas en los rankings internacionales.. Publicidad institucional y corrupción. Amilivia ha destacado que esta planificación «prioriza el análisis del gasto social, con vocación de consenso, siendo asumible y susceptible de modificaciones» entre las que también destaca los dos informes derivados de la Ley de Publicidad Institucional, que aprobó el parlamento autonómico el único rechazo del PP, los votos a favor de PSOE, Vox y parte del Grupo Mixto y la abstención del resto de la Cámara.. El presidente de la Institución propia ha incidido en que esta norma que obliga al Consejo de Cuentas a afrontar funciones que «no le son naturales», que además tendría que auditar más de un centenar de campañas que suman más de 30.000 actos administrativos, de ahí que hayan apostado por hacer dos informes: uno dedicado al ámbito autonómico y otra al sector público local.. «Hay competencias en esta Ley que desbordan mucho al Consejo de Cuentas y haría falta un personal distinto o contratarlo de fuera», ha advertido, una situación que es «coherente» con el acuerdo de la Mesa de las Cortes negó al Consejo de Cuentas de un presupuesto para incorporar más personal destinados a la elaboración de estas nuevas fiscalizaciones de mandato legal, «por considerarlo innecesario».. También ha subrayado su compromiso con la Autoridad Independiente en materia de Corrupción, creada en la Ley de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024, ya que pese a la falta de fondos se acordó que se financiara con los remanentes del Consejo Cuentas previos a 2013.. Amilivia ha planteado que la autoridad independiente comparezca en la Cámara para presentar su actividad, porque aunque esté vinculado al Consejo de Cuentas, se da la «paradoja» de que él tiene que presentar una actividad «que no conoce y que no genera».. Grupos parlamentarios. El procurador Alberto Castro (PP) ha valorado la tarea fiscalizadora del Consejo de Cuentas y de un plan de fiscalización para el próximo ejercicio adaptado «a la realidad», aunque ha criticado los informes derivados de la aplicación de la Ley de Publicidad Institucional por lo inabarcable del estudio y porque se rechazara incrementar el personal de esta Institución propia al no salir adelante los Presupuestos.. El procurador José Ramón García (UPL) ha valorado este plan de fiscalizaciones, que a su juicio responde a la visión de buscar mejorar la gestión de las administraciones locales y autonómicas, así como de los entes asociados y ha recordado que el éxito de estas recomendaciones «depende y mucho de la colaboración de estas administraciones».. Por su parte, la parlamentaria del PSOE Rosa Rubio ha recordado que los miembros del Consejo siguen con el mandato caducado desde hace 3 años, ha reprochado el «enrocamiento» en el que se ha instalado el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por su rechazo a la condonación de la deuda y ha planteado que el informe específico del Consejo de Cuentas recoja el impacto de esta decisión.. También ha subrayado la importancia de los dos informes relacionados la Ley de Publicidad Institucional porque «mucho hay que decir del dinero del público para usos partidistas» y de control de los medios de comunicación, así como ha planteado la necesidad de fiscalidad la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), antes de despedirse emocionada de esta comisión y del Consejo de Cuentas.. Susana Suárez (Vox) ha valorado este plan como una buena hoja de ruta, aunque ha rechazado fiscalizar el cumplimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o de los planes de igualdad de los Ayuntamientos que considera «ideológicos», así como ha afeado que no se haya incluido en este plan un informe sobre el coste de la inmigración ilegal.
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