Galicia es, desde hace varios años, la única comunidad autónoma donde la educación infantil de 0 a 3 años es gratuita para todas las familias, tanto si optan por una escuela infantil pública como por un centro privado adherido al programa de la Xunta. Ese modelo, que el Gobierno gallego considera uno de los pilares de su política de conciliación, es el que ahora sitúa en el centro de la polémica el borrador de real decreto impulsado por el Ministerio de Educación para reducir las ratios en las aulas de Infantil. Así, y tras conocerse esta semana la propuesta del Ejecutivo central, la Xunta ha reunido este viernes a los representantes de las escuelas infantiles para analizar sus consecuencias. El encuentro ha terminado con un mensaje claro: tanto el Gobierno gallego como el sector consideran que la reforma pone en riesgo el modelo de gratuidad implantado en Galicia si no llega acompañada de una financiación suficiente por parte del Estado. El origen del conflicto está en el borrador elaborado por el Ministerio de Educación, que plantea reducir de forma significativa las ratios del primer ciclo de Educación Infantil. La propuesta fija un máximo de cuatro bebés menores de un año por educadora, seis niños en las aulas de uno a dos años y ocho en las de dos a tres años, frente a las ratios actualmente vigentes de ocho, 13 y 20 alumnos, respectivamente. La aplicación sería progresiva entre los cursos 2027-2028 y 2029-2030. El Ministerio defiende que la medida responde a una reivindicación histórica de las educadoras infantiles, que llevan meses reclamando aulas menos masificadas y una atención más personalizada para los menores. El texto también incorpora nuevos requisitos para los centros en materia de espacios, instalaciones y servicios mínimos. Frente a ello, la Xunta sostiene que el decreto es inviable si no va acompañado de financiación por parte del Estado. Tras reunirse con los representantes del sector, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha reclamado al Gobierno central «más diálogo y menos imposición» y criticó que el borrador se haya elaborado sin contar con las comunidades autónomas ni con las propias escuelas infantiles. 56 millones más al año Según los cálculos del Ejecutivo gallego, adaptar el sistema a las nuevas ratios exigiría destinar unos 56 millones de euros adicionales cada año. Incluso con ese esfuerzo económico, desaparecerían alrededor de 5.000 plazas debido a las limitaciones de espacio y personal que tendrían que afrontar los centros. Fabiola García ha insistido además en que Galicia financia íntegramente con fondos propios la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y ha vuelto a reclamar que el Gobierno central asuma el 50 % del coste, una aportación que, según denuncia, todavía no se ha materializado. La conselleira asegura que el decreto «pone en peligro el modelo de gratuidad» y acusa al Ejecutivo de intentar «boicotear» un siste
Podría provocar el cierre de centros, la pérdida de miles de plazas y un fuerte incremento del coste del sistema
Galicia es, desde hace varios años, la única comunidad autónoma donde la educación infantil de 0 a 3 años es gratuita para todas las familias, tanto si optan por una escuela infantil pública como por un centro privado adherido al programa de la Xunta.Ese modelo, que el Gobierno gallego considera uno de los pilares de su política de conciliación, es el que ahora sitúa en el centro de la polémica el borrador de real decreto impulsado por el Ministerio de Educación para reducir las ratios en las aulas de Infantil.Así, y tras conocerse esta semana la propuesta del Ejecutivo central, la Xunta ha reunido este viernes a los representantes de las escuelas infantiles para analizar sus consecuencias. El encuentro ha terminado con un mensaje claro: tanto el Gobierno gallego como el sector consideran que la reforma pone en riesgo el modelo de gratuidad implantado en Galicia si no llega acompañada de una financiación suficiente por parte del Estado.El origen del conflicto está en el borrador elaborado por el Ministerio de Educación, que plantea reducir de forma significativa las ratios del primer ciclo de Educación Infantil. La propuesta fija un máximo de cuatro bebés menores de un año por educadora, seis niños en las aulas de uno a dos años y ocho en las de dos a tres años, frente a las ratios actualmente vigentes de ocho, 13 y 20 alumnos, respectivamente. La aplicación sería progresiva entre los cursos 2027-2028 y 2029-2030.El Ministerio defiende que la medida responde a una reivindicación histórica de las educadoras infantiles, que llevan meses reclamando aulas menos masificadas y una atención más personalizada para los menores. El texto también incorpora nuevos requisitos para los centros en materia de espacios, instalaciones y servicios mínimos.Frente a ello, la Xunta sostiene que el decreto es inviable si no va acompañado de financiación por parte del Estado. Tras reunirse con los representantes del sector, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha reclamado al Gobierno central «más diálogo y menos imposición» y criticó que el borrador se haya elaborado sin contar con las comunidades autónomas ni con las propias escuelas infantiles.Según los cálculos del Ejecutivo gallego, adaptar el sistema a las nuevas ratios exigiría destinar unos 56 millones de euros adicionales cada año. Incluso con ese esfuerzo económico, desaparecerían alrededor de 5.000 plazas debido a las limitaciones de espacio y personal que tendrían que afrontar los centros.Fabiola García ha insistido además en que Galicia financia íntegramente con fondos propios la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y ha vuelto a reclamar que el Gobierno central asuma el 50 % del coste, una aportación que, según denuncia, todavía no se ha materializado.La conselleira asegura que el decreto «pone en peligro el modelo de gratuidad» y acusa al Ejecutivo de intentar «boicotear» un sistema que, a su juicio, ha convertid
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