El tribunal exige la ejecución provisional mientras el Supremo resuelve los recursos, lo que deja sin efecto más de una veintena de artículos del Decreto 91/2024 y desata una tormenta política en la que Junts, ERC y los Comuns exigen respuestas urgentes a Illa. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado este lunes la ejecución provisional de la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, el texto aprobado por el Govern en mayo de 2024 para blindar el catalán como lengua vehicular en el sistema educativo y dar seguridad jurídica a los centros en sus proyectos lingüísticos. La decisión, adoptada tras estimar parcialmente el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), implica que los preceptos anulados quedan sin aplicación inmediata mientras el Tribunal Supremo tramita los recursos de casación presentados por las partes.. El TSJC ya había tumbado en septiembre de 2024 total o parcialmente más de una veintena de artículos del decreto por contravenir los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución. Entre los declarados nulos figuraban los relativos a las finalidades lingüísticas, el uso de las lenguas en el aula, la atención al alumnado recién llegado, los contenidos y mecanismos de seguimiento de los proyectos lingüísticos, y el régimen aplicable a los centros privados concertados. Con la ejecución provisional decretada ahora, esa anulación surte efecto sin esperar al pronunciamiento definitivo del alto tribunal.. La AEB, que ha instado al Departamento de Educación a cumplir la resolución de forma inmediata, ha reclamado la revisión de los proyectos lingüísticos en los centros y ha advertido de que ya no existe base legal para sancionar a profesores o alumnos por utilizar el castellano en el aula. La entidad ha anunciado además que presta apoyo jurídico a docentes que han sido expedientados o sancionados por impartir clases o facilitar materiales en esa lengua.. Illa reafirma el compromiso con el modelo, pero sin concretar medidas. La respuesta del Govern ha sido por el momento genérica. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se limitó este lunes a reafirmar el compromiso del ejecutivo con la lengua catalana y con el modelo de escuela propia, sin anunciar ninguna medida concreta para hacer frente al auto del tribunal. Sus palabras, pronunciadas en un acto en el Monasterio de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, no satisficieron a socios ni a oposición independentista, que coincidieron en exigirle un posicionamiento más firme y medidas concretas, dejando al president en una posición incómoda frente a sus propios apoyos parlamentarios.. Junts exige comparecencias urgentes en el Parlament. La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, anunció que su grupo ha solicitado la comparecencia urgente del propio Illa, del conseller de Presidencia y Educación en funciones, Albert Dalmau, y del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para que expliquen qué medidas piensan adoptar. Sales advirtió de que «en un momento de máxima emergencia hay silencios que no deberíamos permitir» y acusó al president de hacerse cómplice de la situación con su falta de compromiso. El partido abogó por una respuesta unitaria con la comunidad educativa y las entidades en defensa de la lengua.. ERC pide valentía al Govern y reivindica el Pacte Nacional. Desde ERC, el portavoz Isaac Albert cargó contra la AEB, a la que calificó de entidad «absolutamente indocumentada», y criticó que los tribunales sigan ignorando los criterios técnicos y pedagógicos del modelo de inmersión. Los republicanos reclamaron al Govern que aplique la Ley de Educación catalana como respuesta al auto y defendieron el Pacte Nacional per la Llengua como el instrumento de consenso desde el que articular una respuesta colectiva. Albert confirmó que ERC mantuvo durante la jornada contactos telefónicos con el ejecutivo y con entidades como Som Escola y Òmnium Cultural para coordinar posiciones, aunque reconoció que el alcance exacto de la resolución estaba aún siendo analizado.. Los Comuns piden explorar vías para no aplicar la sentencia. La coordinadora de los Comuns, Candela López, fue más lejos y pidió al ejecutivo que «estudie y analice» todas las vías posibles para no hacer efectiva la resolución. López defendió que «el modelo de escuela catalana no se toca» y emplazó a todos los partidos a reimpulsar el Pacte Nacional, al tiempo que señaló al PP y a Vox como responsables políticos de fondo de la ofensiva judicial contra el modelo lingüístico catalán.. El sindicato mayoritario pide seguridad jurídica para los docentes. Ustec·Stes, el sindicato mayoritario de la enseñanza en Catalunya, exigió al president Illa y a los consellers Dalmau y Vila un compromiso «claro» con el blindaje del catalán como lengua vehicular y reclamó la convocatoria urgente de una reunión con las organizaciones sindicales para arbitrar medidas de protección jurídica para el profesorado. El sindicato advirtió de que sus servicios jurídicos están analizando el alcance de la decisión y las posibles vías de respuesta ante una situación que, a su juicio, deja a los docentes en una posición de vulnerabilidad jurídica difícilmente sostenible.
La ejecución provisional impide sancionar a profesores y alumnos por usar el castellano en el aula
El tribunal exige la ejecución provisional mientras el Supremo resuelve los recursos, lo que deja sin efecto más de una veintena de artículos del Decreto 91/2024 y desata una tormenta política en la que Junts, ERC y los Comuns exigen respuestas urgentes a Illa. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado este lunes la ejecución provisional de la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, el texto aprobado por el Govern en mayo de 2024 para blindar el catalán como lengua vehicular en el sistema educativo y dar seguridad jurídica a los centros en sus proyectos lingüísticos. La decisión, adoptada tras estimar parcialmente el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), implica que los preceptos anulados quedan sin aplicación inmediata mientras el Tribunal Supremo tramita los recursos de casación presentados por las partes.. El TSJC ya había tumbado en septiembre de 2024 total o parcialmente más de una veintena de artículos del decreto por contravenir los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución. Entre los declarados nulos figuraban los relativos a las finalidades lingüísticas, el uso de las lenguas en el aula, la atención al alumnado recién llegado, los contenidos y mecanismos de seguimiento de los proyectos lingüísticos, y el régimen aplicable a los centros privados concertados. Con la ejecución provisional decretada ahora, esa anulación surte efecto sin esperar al pronunciamiento definitivo del alto tribunal.. La AEB, que ha instado al Departamento de Educación a cumplir la resolución de forma inmediata, ha reclamado la revisión de los proyectos lingüísticos en los centros y ha advertido de que ya no existe base legal para sancionar a profesores o alumnos por utilizar el castellano en el aula. La entidad ha anunciado además que presta apoyo jurídico a docentes que han sido expedientados o sancionados por impartir clases o facilitar materiales en esa lengua.. Illa reafirma el compromiso con el modelo, pero sin concretar medidas. La respuesta del Govern ha sido por el momento genérica. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se limitó este lunes a reafirmar el compromiso del ejecutivo con la lengua catalana y con el modelo de escuela propia, sin anunciar ninguna medida concreta para hacer frente al auto del tribunal. Sus palabras, pronunciadas en un acto en el Monasterio de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, no satisficieron a socios ni a oposición independentista, que coincidieron en exigirle un posicionamiento más firme y medidas concretas, dejando al president en una posición incómoda frente a sus propios apoyos parlamentarios.. Junts exige comparecencias urgentes en el Parlament. La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, anunció que su grupo ha solicitado la comparecencia urgente del propio Illa, del conseller de Presidencia y Educación en funciones, Albert Dalmau, y del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para que expliquen qué medidas piensan adoptar. Sales advirtió de que «en un momento de máxima emergencia hay silencios que no deberíamos permitir» y acusó al president de hacerse cómplice de la situación con su falta de compromiso. El partido abogó por una respuesta unitaria con la comunidad educativa y las entidades en defensa de la lengua.. ERC pide valentía al Govern y reivindica el Pacte Nacional. Desde ERC, el portavoz Isaac Albert cargó contra la AEB, a la que calificó de entidad «absolutamente indocumentada», y criticó que los tribunales sigan ignorando los criterios técnicos y pedagógicos del modelo de inmersión. Los republicanos reclamaron al Govern que aplique la Ley de Educación catalana como respuesta al auto y defendieron el Pacte Nacional per la Llengua como el instrumento de consenso desde el que articular una respuesta colectiva. Albert confirmó que ERC mantuvo durante la jornada contactos telefónicos con el ejecutivo y con entidades como Som Escola y Òmnium Cultural para coordinar posiciones, aunque reconoció que el alcance exacto de la resolución estaba aún siendo analizado.. Los Comuns piden explorar vías para no aplicar la sentencia. La coordinadora de los Comuns, Candela López, fue más lejos y pidió al ejecutivo que «estudie y analice» todas las vías posibles para no hacer efectiva la resolución. López defendió que «el modelo de escuela catalana no se toca» y emplazó a todos los partidos a reimpulsar el Pacte Nacional, al tiempo que señaló al PP y a Vox como responsables políticos de fondo de la ofensiva judicial contra el modelo lingüístico catalán.. El sindicato mayoritario pide seguridad jurídica para los docentes. Ustec·Stes, el sindicato mayoritario de la enseñanza en Catalunya, exigió al president Illa y a los consellers Dalmau y Vila un compromiso «claro» con el blindaje del catalán como lengua vehicular y reclamó la convocatoria urgente de una reunión con las organizaciones sindicales para arbitrar medidas de protección jurídica para el profesorado. El sindicato advirtió de que sus servicios jurídicos están analizando el alcance de la decisión y las posibles vías de respuesta ante una situación que, a su juicio, deja a los docentes en una posición de vulnerabilidad jurídica difícilmente sostenible.
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