La demanda patrimonial presentada en octubre pasado por la Asociación de Afectados por la inundación de Horta Sud Valencia está en suspenso o en «estancamiento» hasta que el proceso penal sobre la gestión de este desastre avance y el juez Catarroja complete la fase de investigación. Según el abogado Gonzalo León de Vilches Abogados, que está manejando la demanda, la asociación de víctimas ha recibido respuestas de las dos administraciones objetivo con respecto a su demanda de € 58 millones por daños físicos y morales, además de pérdidas materiales no compensadas. Se trata de la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, y la Confederación Hidrográfica Júcar (CHJ), a través del Ministerio de Transición Ecológica y Desafío Demográfico. «La Generalitat Valenciana ha solicitado la suspensión de su plazo de respuesta de seis meses a los afectados, citando el proceso penal en curso, que detiene el reloj», explica León. El Ministerio del gobierno central ha respondido a la queja «reclamando documentación detallada sobre las circunstancias de cada parte afectada». «Encontramos razonable la respuesta de la Generalitat, ya que sus acciones están bajo escrutinio en el caso penal» manejado por el Tribunal de Instrucción de Catarroja No. «Así que vamos a esperar a los acontecimientos», añade el abogado de las víctimas de l’Horta Sud. «Una vez que la investigación concluya al menos, evaluaremos los hechos probados y, independientemente de si la administración valenciana es considerada culpable, procederemos con el reclamo patrimonial», continúa. «En cuanto a la postura del gobierno central, para evitar la duplicación de procedimientos o un avance por delante de la otra, nosotros mismos buscamos su suspensión». «No a través de la espera del proceso penal, sino a través de la solicitud de suspensión presentada por la Generalitat Valenciana», explica Gonzalo León. Esta demanda de daños incluye 418 solicitudes individuales de alrededor de 160 familias, 12 de las cuales perdieron seis personas en las inundaciones. La mayoría de los daños descritos en la demanda son morales, aunque también se enumeran los físicos, incluyendo 15 lesiones, daños a 107 hogares, 102 vehículos y 12 negocios. La demanda es un proceso administrativo destinado a buscar compensación de las autoridades públicas responsables por daños físicos, morales y materiales que en gran medida no se abordan en el caso penal del tribunal de Catarroja, que está investigando homicidio y lesiones por negligencia. Los 58 millones de euros son reclamados solidariamente a ambos organismos públicos. «Nuestra demanda se dirige a las administraciones nacionales y regionales de manera conjunta, aunque cuestionamos el nivel de responsabilidad que los tribunales podrían asignar al Estado, que hasta ahora parece no haber sido perjudicado en el proceso penal», admite Gonzalo León. En cuanto a la trayectoria de esta acción legal, señala que podría concluir incluso antes del caso penal, pero se basa en la experiencia para subrayar que las administraciones «apresentan los plazos solo cuando se les presiona, ya que las batallas judiciales les cuestan poco», citando cómo después de la tragedia de Biescas, un acuerdo sobre reparaciones se finalizó solo días antes de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
La Generalitat Valenciana ha pedido la suspensión del plazo de seis meses
La reclamación patrimonial que inició la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud Valencia el pasado mes de octubre se encuentra suspendida o en «vía muerta» hasta que avance la causa penal por la gestión de esta tragedia y la jueza de Catarroja concluya la instrucción.. Según ha explicado el letrado Gonzalo León, de Vilches Abogados, responsable de la tramitación de esta reclamación, la citada asociación de víctimas ya ha obtenido respuesta de las dos administraciones contra las que dirigió su reclamación de 58 millones de euros por daños físicos, morales y «aquellos bienes materiales que no hayan sido suficientemente indemnizados».. Son la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.. «La Generalitat Valenciana ha pedido la suspensión del plazo de seis meses que tiene para responder a los afectados argumentando que hay un proceso penal en curso, de modo que el plazo queda suspendido», aclara León.. Por parte del Gobierno central, el Ministerio ha respondido a la reclamación «requiriendo documentación detallada con las circunstancias de cada afectado».. «Respecto de la respuesta de la Generalitat Valenciana, pensamos que tiene sentido, ya que su actuación está en tela de juicio en la vía penal, de modo que habrá que esperar a ver qué sucede con la causa -que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja-«, aclara el letrado de las víctimas de l’Horta Sud.. «Una vez concluya al menos la instrucción, veremos qué hechos concretos se señalan como acreditados y, sea o no declarada culpable la Administración valenciana, ya podremos seguir con el procedimiento de reclamación patrimonial», añade.. «Respecto a la posición del Ejecutivo central, como no queremos que se dupliquen los procedimientos, ni que avance una reclamación respecto a la otra, hemos sido nosotros quienes hemos solicitado su paralización. No por esperar al procedimiento penal, sino por la petición de suspensión realizada por la Generalitat Valenciana», aclara Gonzalo León.. Esta reclamación patrimonial consta de 418 peticiones individuales realizadas por unas 160 familias, 12 de las cuales sufrieron la pérdida de seis personas en las riadas.. El grueso de los daños que se detallan en la reclamación son morales, aunque también se incluyen otros físicos, entre los cuales constan 15 lesionados, daños en 107 viviendas, 102 vehículos y 12 empresas.. La reclamación patrimonial es un procedimiento administrativo cuyo fin es reclamar a las administraciones públicas responsables los daños físicos, morales y materiales que, en su gran mayoría, no se persiguen en el proceso penal que instruye el juzgado de Catarroja, en el que se investigan homicidios y lesiones por imprudencia.. Los 58 millones de euros se reclaman de forma conjunta y solidaria a ambas administraciones públicas.. «Nuestra reclamación se dirige de forma solidaria a ambas administraciones, la nacional y la regional, pero tenemos dudas sobre la implicación que los tribunales pueden atribuir al Estado, que por ahora sale indemne en el proceso penal», admite Gonzalo León.. Sobre el futuro de este procedimiento judicial, señala que sería posible que concluyese antes incluso que la vía penal, aunque por experiencia subraya que la Administración «apura al máximo los plazos, porque los procesos judiciales le cuestan muy poco», y recuerda que tras la tragedia de Biescas «solo se llegó a un acuerdo sobre las indemnizaciones días antes del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Noticias de la Comunidad Valenciana en La Razón
