¿El crecimiento económico se reparte de forma igualitaria? ¿La concentración de la riqueza se está exacerbando? ¿Es dañina para la democracia? ¿Hay que poner un límite a la riqueza? Estas son algunas de las cuestiones que se han debatido este lunes en el Congreso, en una jornada dedicada a la creciente desigualdad de la riqueza, su impacto y posibles soluciones, en la que han participado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, académicos y portavoces de distintos grupos parlamentarios. El acto ha vuelto a poner el foco en la escasa aportación fiscal de los grandes patrimonios, una cuestión llamada a ganar peso a medida que se acerca el superciclo electoral de 2027 y que la semana pasada Sumar ya sacó a la palestra con una proposición de ley para crear un nuevo gravamen a las grandes fortunas.. Seguir leyendo
El Congreso acoge un acto sobre el impacto y los límites a la concentración extrema de la riqueza con la vista puesta en el superciclo electoral de 2027
¿El crecimiento económico se reparte de forma igualitaria? ¿La concentración de la riqueza se está exacerbando? ¿Es dañina para la democracia? ¿Hay que poner un límite a la riqueza? Estas son algunas de las cuestiones que se han debatido este lunes en el Congreso, en una jornada dedicada a la creciente desigualdad de la riqueza, su impacto y posibles soluciones, en la que han participado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, académicos y portavoces de distintos grupos parlamentarios. El acto ha vuelto a poner el foco en la escasa aportación fiscal de los grandes patrimonios, una cuestión llamada a ganar peso a medida que se acerca el superciclo electoral de 2027 y que la semana pasada Sumar ya sacó a la palestra con una proposición de ley para crear un nuevo gravamen a las grandes fortunas.. “Los servicios públicos son el patrimonio de quien no tiene patrimonio. Para mí es la mejor definición de democracia”, ha resumido Bustinduy tras insistir en la necesidad de articular sistemas capaces de redistribuir la riqueza, puesto que la desigualdad extrema, ha alertado, es un riesgo para la misma democracia. Pese al diagnóstico claro, no existe una receta mágica que borre de un plumazo el problema, aunque hay cada vez más iniciativas y propuestas que ponen números al fenómeno y plantean iniciativas concretas, desde los planteamientos de economistas como Thomas Piketty y Gabriel Zucman a la nueva iniciativa The Wealth Cap Project, una campaña europea que nació hace un año para defender un techo máximo a la acumulación de riqueza y que ha organizado el acto de este lunes.. Sus fundadores, Luca Moret y Marina Alcázar, han participado en el evento y han presentado el primer informe respaldado por la plataforma y titulado Un tope a la Riqueza para España. El documento explora una serie de alternativas para que las grandes fortunas, que ahora pagan un porcentaje irrisorio en impuestos en España en comparación con sus patrimonios —pese a que sea uno de los pocos países que todavía grava la riqueza en su conjunto—, eleven su aportación a las arcas públicas. Las alternativas analizadas incluyen la fijación de un tipo mínimo a los mayores patrimonios, un tributo progresivo y la imposición de un techo máximo a la riqueza.. “Las políticas fiscales que tenemos hasta ahora son insuficientes”, ha lanzado la profesora de Economía de la Universidad de Alcalá Olga Cantó, coautora del informe junto a Alcázar, en una mesa redonda en la que también han participado Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam Intermón y Juan César Palomino, investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Y ha alertado del peligro que la concentración extrema de riqueza supone para la democracia. “Los oligarcas pueden comprar voluntades políticas. Creo que es el principal problema y lo estamos viendo en otros lugares del mundo”, ha añadido.. Ruiz ha coincidido en el diagnóstico y ha calificado la desigualdad extrema de “injusta, obscena y tóxica”. “No solo nos hacen creer que la desigualdad es natural, sino que el mecanismo redistributivo es una amenaza para el crecimiento económico. ¿Pero crecimiento económico para quién? Solo para unos pocos», ha lamentado. Esos pocos que, en virtud de la enorme fortuna que acumulan, son capaces de ejercer presiones y mover los hilos de la política. “La desigualdad extrema es un problema de la democracia”, ha añadido.. Carlos Martín, portavoz del grupo Sumar, ha arrancado su intervención en la misma línea: ha lamentado que el Congreso tumbara la semana pasada la ley de lobbies y ha abogado por crear mecanismos de democratización en las grandes empresas, de cogestión y copropiedad entre accionistas y empleados. “No significa acabar con el emprendimiento”. El diputado también ha aprovechado para reivindicar la propuesta que su formación acaba de registrar para gravar los patrimonios de más de 50 millones de euros y destinar los recursos conseguidos a un fondo de protección a la infancia.. La socialista Patricia Blanquer ha reconocido el peligro de la fuerte concentración de riqueza empresarial, pero ha sido menos contundente sobre las soluciones. Ha defendido el trabajo hecho por el Gobierno para que las crisis vividas en los últimos años no se hayan cebado con los más pobres, como ocurrió con el crac financiero, ha rechazado un nuevo impuesto a la riqueza y ha puesto el foco en la cooperación internacional y en la necesidad de frenar la elusión y evasión fiscal. “No creo que exista una herramienta mágica”, ha dicho, sino que ha propuesto actuar en distintos frentes: una fiscalidad justa, garantizar más competencia, pluralismo y transparencia.. “Estoy de acuerdo con que la desigualdad extrema es un peligro”, ha afirmado Pedro Puy, portavoz del grupo popular, “pero estamos en un nuevo escenario”: una concentración de capital sin precedentes en manos de una nueva élite que pretende manejar el poder de los estados. “Frente a eso, las soluciones fiscales del siglo XX no creo que sirvan para el siglo XXI”. El diputado del PP se ha mostrado favorable a gravar los grandes patrimonios y mejorar el funcionamiento del impuesto de sucesiones, que considera “socialmente importante”, hasta animando a corregir estas figuras en la reforma del sistema de financiación que el Gobierno está impulsando —una posición insólita para el PP—, aunque no ha dejado de abogar por soluciones a escala internacional o al menos europea que minimicen la fuga de capitales.
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