La pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quiere que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo investigue a fondo. Alberto González Amador ha enviado al juez un escrito pidiendo que autorice “a la mayor velocidad posible” todas las medidas que han pedido los agentes y que habían sido denegadas por el magistrado: el acceso a la información tributaria y de la Seguridad Social. Para justificar esta solicitud, dice que quiere poner fin al procedimiento cuanto antes y frenar el supuesto uso político por parte del PSOE.Seguir leyendo
Amador quiere permitir el acceso a sus datos fiscales y de la Seguridad Social, después de que la Fiscalía lo solicitara
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La pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quiere que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo investigue a fondo. Alberto González Amador ha enviado al juez un escrito pidiendo que autorice “a la mayor velocidad posible” todas las medidas que han pedido los agentes y que habían sido denegadas por el magistrado: el acceso a la información tributaria y de la Seguridad Social. Para justificar esta solicitud, dice que quiere poner fin al procedimiento cuanto antes y frenar el supuesto uso político por parte del PSOE.El escrito, enviado este lunes y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se conoce después de que la Fiscalía presentara un recurso ante la Audiencia Provincial para que el magistrado autorice el acceso a esos mismos datos, que considera claves para averiguar si Amador pagó un soborno de medio millón de euros a un ejecutivo del grupo Quirón. El juez Antonio Viejo solo había permitido a la UCO una de las tres medidas que le había solicitado, el rastreo de cuentas bancarias, y había puesto en espera la autorización del requerimiento de información a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.Ahora Amador sorprende al ponerse del mismo lado que las partes que lo acusan. Lo justifica en su deseo de poner fin cuanto antes al procedimiento y en un supuesto uso del caso por parte del PSOE para tapar los problemas judiciales que afectan al partido. “La existencia de esta pieza es utilizada por la aquí acusación popular (PSOE) como herramienta de su comunicación política de forma sincronizada a cada incidencia judicial que le afecta (esto es, de forma diaria), a costa de la continua lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos llamados a esta pieza”, dice.La instrucción del juez Viejo ha suscitado quejas de PSOE y Más Madrid, los dos partidos de izquierda personados como acusación popular. En un escrito al magistrado fechado este lunes, los dos partidos se quejaron de que el proceso lleva un año “estancado” y de que Viejo no ha respondido a cinco peticiones de impulso procesal.La entrada en juego de la UCO, unos expertos especializados en delitos complejos, había suscitado gran expectación. Sin embargo, su actuación había quedado congelada desde las Navidades, a la espera de respuesta por parte del juez Viejo.El parón se produjo después de que el 19 de diciembre la UCO pidiera el permiso del juez para tomar esas tres medidas: el acceso a los bancos, Hacienda y la Seguridad Social. Seis meses después, el 10 de junio, el magistrado escribió un auto permitiendo solo el registro de las cuentas bancarias donde tenían dinero los tres protagonistas de los hechos investigados, Amador; el presidente y director general de Quirónprevención, Fernando Camino; y la esposa de este último, la farmacéutica Gloria Carrasco.La Guardia Civil escribió el 17 de junio al juez para insistir en la importancia de estos datos, según adelantó este miércoles la
