La ONU dice que Maricarmen no se puede ir de su casa si no tiene una alternativa habitacional “adecuada a sus necesidades” por parte del Estado español. El caso de María del Carmen Abascal Martín, vecina de 87 años del distrito Retiro amenazada con el desahucio por un fondo de inversión, ha llegado hasta el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha solicitado al país que adopte las medidas necesarias “para que se proporcione otra vivienda” mientras se evalúa su caso. El objetivo: evitar los “posibles daños irreparables” que sufrirá esta vecina, que ya eran previsibles antes de que un organismo internacional velara por sus derechos.. Seguir leyendo
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha pedido que se tomen medidas provisionales para evitar “posibles daños irreparables”
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La ONU dice que Maricarmen no se puede ir de su casa si no tiene una alternativa habitacional “adecuada a sus necesidades” por parte del Estado español. El caso de María del Carmen Abascal Martín, vecina de 87 años del distrito Retiro amenazada con el desahucio por un fondo de inversión, ha llegado hasta el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha solicitado al país que adopte las medidas necesarias “para que se proporcione otra vivienda” mientras se evalúa su caso. El objetivo: evitar los “posibles daños irreparables” que sufrirá esta vecina, que ya eran previsibles antes de que un organismo internacional velara por sus derechos.. El citado comité ha enviado una carta a la oficina del representante de la ONU en España en la que reconoce las “alegaciones substanciadas prima facie [a primera vista] de ausencia de alternativa habitacional y del riesgo del daño irreparable” existente en el caso de Maricarmen. “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”, se lee en el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Además, se subraya que cuando “los afectados por el desalojo no dispongan de recursos”, es el Estado el responsable de darle una solución “en la mayor medida que permitan sus recursos”. El organismo ha dado plazo hasta el próximo 1 de diciembre para que le envíe un informe con las medidas adoptadas.. El Sindicato de Inquilinas ha celebrado la noticia con un comunicado en el que subrayan que, ahora, la jueza que lleva el caso de Maricarmen “tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU”. Esta vecina del número 46 de la calle Sainz de Baranda se enfrenta a su tercer intento de desalojo el próximo 24 de junio, después de que el pasado 2 de junio la presión ciudadana lograra frenar el lanzamiento, programado para el siguiente día.. Maricarmen se enfrentó por primera vez a la posibilidad de ser desalojada a finales de 2025, cuando el fondo Urbagesa, que compró su edificio en 2018, la amenazó con una subida del alquiler inasumible para ella. “Que alguien me explique cómo, con 1.450 euros, puedo pagar 1.650”, denunciaba la mujer a finales de octubre, tan solo unos días antes de su primer intento de desahucio, el 29 de octubre. En esa ocasión, las protestas vecinales lograron evitar por primera vez que Maricarmen se quedara sin techo, pero la siguiente carta llegó unos meses más tarde reprogramándolo para junio.. La mujer había vivido 70 años en la misma vivienda gracias a un contrato de alquiler de renta antigua, que quedó subrogado a su madre tras la muerte de su padre, que a su vez se lo cedió a la hija. El fondo de inversión se escudó en que los contratos de renta antigua no pueden ser subrogados dos veces por ley; pero la vecina alegó que, en realidad, la subrogación de su padre y su madre no debía haber ocurrido, ya que ambos deberían ser titulares de la vivienda si, al momento de firmar el documento, no hubiera existido una ley franquista que se lo prohibía a las mujeres.. La respuesta a la denuncia interpuesta ante la ONU por su abogada, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, da oxígeno a la causa de esta vecina que lucha cada día por no tener que irse de su hogar familiar a tan avanzada edad. El juzgado de Primera Instancia de Madrid número 90 notificó el pasado martes a su abogada la intención de reprogramar el aplazamiento para el 24 de junio, una modificación que el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha interpretado como un “un burdo intento para desmovilizar todo el apoyo social que estaba recibiendo Maricarmen”.. Aunque la carta remitida por el Comité de la ONU no da una solución definitiva, al menos interpela a la Administración estatal para que se haga cargo de esta ciudadana, ya sea ofreciéndole una vivienda o frenando el desahucio hasta que se emitan sus conclusiones. El organismo señala que tendrá la capacidad de “mantener la solicitud de medidas provisionales a la luz de las observaciones que el Estado parte pueda presentar a ese respecto”.. El sindicato de inquilinas ha cargado contra el Gobierno central y el Ministerio de Vivienda por su inacción. “Hay que recordar que, tras el primer intento de desahucio a Maricarmen, se envió al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para solucionar el conflicto de Maricarmen. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las dos comunicaciones ha recibido respuesta”, se quejan a través del comunicado. El sindicato también apunta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, y al Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde José Luis Martínez Almeida a la cabeza, quienes “tampoco han ofrecido ninguna alternativa habitacional a Maricarmen”.
