Dos años después de la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales, el foco del debate ha cambiado.. Si en el momento de su aprobación la discusión giraba en torno al contenido de la norma, hoy el desafío principal se encuentra en su aplicación práctica, especialmente en lo que respecta a la gestión de las colonias felinas urbanas.. Expertos y profesionales de la empresa tecnológica Meow Metrics subrayan que el reto ya no es jurídico, sino organizativo dentro de las administraciones locales.. La legislación remarca que los ayuntamientos deben desarrollar programas estructurados para gestionar las colonias de gatos comunitarios.. Entre las medidas previstas se encuentran la elaboración de censos actualizados, la esterilización sistemática, el control sanitario de los animales y la coordinación con cuidadores y entidades de protección animal.. Sin embargo, la implantación de estas medidas no avanza al mismo ritmo en todos los municipios. Mientras algunas localidades ya cuentan con programas consolidados, planificación anual y seguimiento veterinario, en otros lugares la gestión continúa dependiendo de intervenciones puntuales o del trabajo voluntario de asociaciones sin una estrategia municipal integral.. De la norma a la gestión municipal. Para los especialistas, el verdadero desafío reside en transformar las obligaciones legales en políticas públicas sostenidas.. Según explica Juan Manuel Taboada, CEO y fundador de Meow Metrics, la clave está en la planificación y en el uso de datos para organizar el trabajo municipal.. «La ley ha definido con precisión qué debe hacerse. El desafío ahora es convertir esa obligación legal en una política pública organizada y sostenida en el tiempo. Sin planificación, datos y coordinación administrativa es muy difícil que los ayuntamientos puedan gestionar el problema de forma estable», afirma.. La normativa introdujo también cambios relevantes para los gatos domésticos. Entre ellos se encuentra la identificación obligatoria mediante microchip en todo el territorio nacional, una medida pensada para mejorar el control del abandono y facilitar la localización de animales perdidos.. El incumplimiento de algunas obligaciones previstas en la ley puede considerarse infracción grave, con sanciones que en los casos más severos pueden alcanzar los 200.000 euros.. En el caso de los gatos que viven en colonias urbanas, la responsabilidad recae directamente en los ayuntamientos, que deben desarrollar programas de captura, esterilización y retorno (CER) y garantizar el seguimiento sanitario de los animales.. “Muchos municipios quieren aplicar la ley, pero se enfrentan a un desafío operativo importante: coordinar recursos, profesionales y voluntariado de forma estable. La clave no es solo esterilizar, sino estructurar la gestión con censos actualizados, planificación sanitaria y protocolos claros de convivencia”, declaró Diana Barrantes, COO y cofundadora de Meow Metrics.. Cuando no existe una planificación que organice los recursos municipales, las clínicas veterinarias, las asociaciones y las redes de voluntariado, pueden producirse efectos negativos como el aumento de las colonias, nuevas camadas o conflictos vecinales.. La tecnología como aliada en la gestión de colonias felinas. En este contexto han comenzado a surgir herramientas tecnológicas destinadas a facilitar esta gestión. Es el caso de Meow Metrics, una plataforma desarrollada por la empresa española Zoometrics que permite coordinar a ayuntamientos, gestoras de colonias y veterinarios mediante datos compartidos y geolocalizados.. El sistema busca pasar de una gestión reactiva a una planificación basada en información verificable, permitiendo optimizar campañas de esterilización y mejorar el seguimiento sanitario de los animales.. Tradicionalmente, la atención a las colonias felinas ha dependido en gran medida del trabajo voluntario de cuidadores y asociaciones.. Con la aprobación de la Ley 7/2023, esa labor comienza a integrarse progresivamente dentro de políticas públicas municipales, marcando un cambio hacia una gestión más institucionalizada del bienestar animal urbano.. Según los especialistas, el reto en los próximos años será consolidar sistemas estables que permitan aplicar la normativa de forma eficaz y sostenible en todo el territorio.
Expertos señalan que el desafío actual ya no es la normativa sino su aplicación práctica en los municipios
Dos años después de la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales, el foco del debate ha cambiado.. Si en el momento de su aprobación la discusión giraba en torno al contenido de la norma, hoy el desafío principal se encuentra en su aplicación práctica, especialmente en lo que respecta a la gestión de las colonias felinas urbanas.. Expertos y profesionales de la empresa tecnológica Meow Metrics subrayan que el reto ya no es jurídico, sino organizativo dentro de las administraciones locales.. La legislación remarca que los ayuntamientos deben desarrollar programas estructurados para gestionar las colonias de gatos comunitarios.. Entre las medidas previstas se encuentran la elaboración de censos actualizados, la esterilización sistemática, el control sanitario de los animales y la coordinación con cuidadores y entidades de protección animal.. Sin embargo, la implantación de estas medidas no avanza al mismo ritmo en todos los municipios. Mientras algunas localidades ya cuentan con programas consolidados, planificación anual y seguimiento veterinario, en otros lugares la gestión continúa dependiendo de intervenciones puntuales o del trabajo voluntario de asociaciones sin una estrategia municipal integral.. De la norma a la gestión municipal. Para los especialistas, el verdadero desafío reside en transformar las obligaciones legales en políticas públicas sostenidas.. Según explica Juan Manuel Taboada, CEO y fundador de Meow Metrics, la clave está en la planificación y en el uso de datos para organizar el trabajo municipal.. «La ley ha definido con precisión qué debe hacerse. El desafío ahora es convertir esa obligación legal en una política pública organizada y sostenida en el tiempo. Sin planificación, datos y coordinación administrativa es muy difícil que los ayuntamientos puedan gestionar el problema de forma estable», afirma.. La normativa introdujo también cambios relevantes para los gatos domésticos. Entre ellos se encuentra la identificación obligatoria mediante microchip en todo el territorio nacional, una medida pensada para mejorar el control del abandono y facilitar la localización de animales perdidos.. El incumplimiento de algunas obligaciones previstas en la ley puede considerarse infracción grave, con sanciones que en los casos más severos pueden alcanzar los 200.000 euros.. En el caso de los gatos que viven en colonias urbanas, la responsabilidad recae directamente en los ayuntamientos, que deben desarrollar programas de captura, esterilización y retorno (CER) y garantizar el seguimiento sanitario de los animales.. “Muchos municipios quieren aplicar la ley, pero se enfrentan a un desafío operativo importante: coordinar recursos, profesionales y voluntariado de forma estable. La clave no es solo esterilizar, sino estructurar la gestión con censos actualizados, planificación sanitaria y protocolos claros de convivencia”, declaró Diana Barrantes, COO y cofundadora de Meow Metrics.. Cuando no existe una planificación que organice los recursos municipales, las clínicas veterinarias, las asociaciones y las redes de voluntariado, pueden producirse efectos negativos como el aumento de las colonias, nuevas camadas o conflictos vecinales.. La tecnología como aliada en la gestión de colonias felinas. En este contexto han comenzado a surgir herramientas tecnológicas destinadas a facilitar esta gestión. Es el caso de Meow Metrics, una plataforma desarrollada por la empresa española Zoometrics que permite coordinar a ayuntamientos, gestoras de colonias y veterinarios mediante datos compartidos y geolocalizados.. El sistema busca pasar de una gestión reactiva a una planificación basada en información verificable, permitiendo optimizar campañas de esterilización y mejorar el seguimiento sanitario de los animales.. Tradicionalmente, la atención a las colonias felinas ha dependido en gran medida del trabajo voluntario de cuidadores y asociaciones.. Con la aprobación de la Ley 7/2023, esa labor comienza a integrarse progresivamente dentro de políticas públicas municipales, marcando un cambio hacia una gestión más institucionalizada del bienestar animal urbano.. Según los especialistas, el reto en los próximos años será consolidar sistemas estables que permitan aplicar la normativa de forma eficaz y sostenible en todo el territorio.
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