La Junta prevé reducir un 15 por ciento la generación de residuos en el año 2030, periodo en el que pondrá en marcha medidas que supongan una importante apuesta por la valorización energética de los desechos y que contemplan la inversión de 7,28 millones, sobre todo en materia de prevención, programa para el que se destinará 2,52 millones del global.. Así lo recoge la primera revisión del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (Pircyl), documento al que tuvo acceso Ical, que se alinea con otros instrumentos de planificación en esta materia, como son, a nivel estatal, el Plan Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2025 – 2035, aprobado en Consejo de Ministros hace seis meses; y la Estrategia Española de Economía Circular 2030.. Además de la prevención, el documento prevé una inyección de 1,97 millones a información y control; un millón a residuos de competencia no municipal; 710.000 euros para aquellos que sí corresponden a las administraciones locales; 830.000 euros para los residuos de construcción y demolición; y 270.000 euros para programas de flujos específicos.. Entre los aspectos más relevantes de esta primera revisión, que se ha centrado en abordar los principales retos identificados en el diagnóstico y en los perfiles ambientales realizados para evaluar el desempeño del plan, se analizan los modelos estratégicos de gestión para adaptarlos a la normativa vigente y alinearlos con los objetivos comunitarios en cada uno de los flujos, con especial atención al de los residuos de competencia municipal; se contemplan medidas para áreas prioritarias de actuación sobre los residuos domésticos mezclados, biorresiduos, envases y residuos de envases y residuos de construcción y demolición.. Como novedad, se introducen programas específicos destinadas a la reducción del desperdicio alimentario y de la basura dispersa; se plantea una apuesta “clara”, alineada con el Plan Marco Estatal, por la valorización energética como medida clave para la reducción del depósito de residuos en vertedero; se establecen modelos estratégicos para la gestión de residuos de envases y de neumáticos al final de su vida útil, en cumplimiento de la normativa aplicable; se refuerza la inspección y control de infraestructuras de gestión y producción de residuo; y se da un impulso de la declaración de subproductos y de fin de la condición de residuo.. Así, si se entra al detalle de las previsiones a futuro, la revisión plantea una reducción del 50 por ciento en 2030 de los residuos alimentarios per cápita en el plano de la venta minorista y de los consumidores, respecto a 2020; y que se reduce al 20 por ciento para las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.. Otro de los retos es disminuir un cinco por ciento en 2030 y un diez en 2035, los residuos de envases generados per cápita con respecto a 2018. Si se analiza únicamente los de plástico, el objetivo es bastante ambicioso: reducir en un 90 por ciento, en 2029, el peso de recogida separada de botellas de plástico para bebidas de hasta tres litros de capacidad.. También se prevé que se alcance el reciclaje del 85 por ciento del peso de residuos de envases de papel y cartón en 2030; el 73 por ciento de las pilas y baterías portátiles (un 80 por ciento si son de plomo y un 70, si son de litio). Otra novedad la representa la recogida de neumáticos, cuya preparación al final de la vida útil (segundo uso y recauchutado) deberá alcanzar el 15 por ciento en 2030.. Así, el reciclado y valoración material del total de del conjunto de materiales deberá alcanzar, según la revisión, al menos el 59 por ciento al final de la década, y el 65 por ciento en 2035. El porcentaje llegará al cien por cien para el reciclado y valorización del acero.. En resumen, el documento establece que esta revisión se requería para su adaptación normativa e integración de los resultados de las evaluaciones de seguimiento del plan, una opción que introduce mecanismos más eficaces de prevención, amplía la capacidad de valorización, refuerza la responsabilidad ampliada del productor y pone el foco en la mejora de los sistemas de recogida, tratamiento y control, permitiendo una mayor resiliencia del modelo autonómico frente a los cambios regulatorios, económicos y tecnológicos.. En cuanto a los efectos previsibles sobre el medio ambiente, la evaluación muestra que la implantación de las nuevas medidas integradas en la primera revisión del Pircyl producirán “impactos positivos para la mayor parte de los factores ambientales”. Señala que la actualización de los modelos de gestión y de los programas de actuación “reducirá la dependencia de las infraestructuras de eliminación mediante depósito en vertedero, a través del fomento del reciclaje y la recuperación de materiales, disminuirá las emisiones asociadas al transporte y tratamiento de los residuos, reforzando la protección del medio hídrico, los suelos y los ecosistemas, mediante criterios más exigentes en el diseño de nuevas infraestructuras”.. Se destaca, según el documento, al que accedió Ical, que esta primera revisión no contempla ninguna medida de recaudación de tributos o tasas adicionales a los establecidos por la normativa básica.. Impacto sobre las entidades locales. En cambio, sí establece medidas que deberán desarrollar las entidades locales y que derivan “necesariamente” del cumplimiento de las obligaciones previstas en las normativas europea y estatal en materia de residuos. Por ello, esta primera revisión incluye una evaluación de las inversiones y otros medios financieros necesarios para “satisfacer las necesidades de infraestructuras adicionales de instalaciones de residuos, en particular para las autoridades locales”, y que permitirán financiar la clausuras de ciertas instalaciones, los costes de las nuevas, mejoras o ampliaciones de las existentes, así como el funcionamiento y mantenimiento de las mismas.. En concreto, las subvenciones concedidas en estos ámbitos desde el año 2021 ascienden a 13,4 millones para recogida selectiva y a 21,3 para las instalaciones de tratamiento de los residuos recogidos selectivamente. En el caso de la transformación o puesta en marcha de puntos limpios para favorecer la reutilización así como de la digitalización en materia de residuos, se han habilitado aproximadamente 27 millones.
Las medidas recogidas en la primera revisión del Plan Integral de Residuos de Castilla y León contemplan la inversión de 7,28 millones, sobre todo en materia de prevención
La Junta prevé reducir un 15 por ciento la generación de residuos en el año 2030, periodo en el que pondrá en marcha medidas que supongan una importante apuesta por la valorización energética de los desechos y que contemplan la inversión de 7,28 millones, sobre todo en materia de prevención, programa para el que se destinará 2,52 millones del global.. Así lo recoge la primera revisión del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (Pircyl), documento al que tuvo acceso Ical, que se alinea con otros instrumentos de planificación en esta materia, como son, a nivel estatal, el Plan Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2025 – 2035, aprobado en Consejo de Ministros hace seis meses; y la Estrategia Española de Economía Circular 2030.. Además de la prevención, el documento prevé una inyección de 1,97 millones a información y control; un millón a residuos de competencia no municipal; 710.000 euros para aquellos que sí corresponden a las administraciones locales; 830.000 euros para los residuos de construcción y demolición; y 270.000 euros para programas de flujos específicos.. Entre los aspectos más relevantes de esta primera revisión, que se ha centrado en abordar los principales retos identificados en el diagnóstico y en los perfiles ambientales realizados para evaluar el desempeño del plan, se analizan los modelos estratégicos de gestión para adaptarlos a la normativa vigente y alinearlos con los objetivos comunitarios en cada uno de los flujos, con especial atención al de los residuos de competencia municipal; se contemplan medidas para áreas prioritarias de actuación sobre los residuos domésticos mezclados, biorresiduos, envases y residuos de envases y residuos de construcción y demolición.. Como novedad, se introducen programas específicos destinadas a la reducción del desperdicio alimentario y de la basura dispersa; se plantea una apuesta “clara”, alineada con el Plan Marco Estatal, por la valorización energética como medida clave para la reducción del depósito de residuos en vertedero; se establecen modelos estratégicos para la gestión de residuos de envases y de neumáticos al final de su vida útil, en cumplimiento de la normativa aplicable; se refuerza la inspección y control de infraestructuras de gestión y producción de residuo; y se da un impulso de la declaración de subproductos y de fin de la condición de residuo.. Así, si se entra al detalle de las previsiones a futuro, la revisión plantea una reducción del 50 por ciento en 2030 de los residuos alimentarios per cápita en el plano de la venta minorista y de los consumidores, respecto a 2020; y que se reduce al 20 por ciento para las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.. Otro de los retos es disminuir un cinco por ciento en 2030 y un diez en 2035, los residuos de envases generados per cápita con respecto a 2018. Si se analiza únicamente los de plástico, el objetivo es bastante ambicioso: reducir en un 90 por ciento, en 2029, el peso de recogida separada de botellas de plástico para bebidas de hasta tres litros de capacidad.. También se prevé que se alcance el reciclaje del 85 por ciento del peso de residuos de envases de papel y cartón en 2030; el 73 por ciento de las pilas y baterías portátiles (un 80 por ciento si son de plomo y un 70, si son de litio). Otra novedad la representa la recogida de neumáticos, cuya preparación al final de la vida útil (segundo uso y recauchutado) deberá alcanzar el 15 por ciento en 2030.. Así, el reciclado y valoración material del total de del conjunto de materiales deberá alcanzar, según la revisión, al menos el 59 por ciento al final de la década, y el 65 por ciento en 2035. El porcentaje llegará al cien por cien para el reciclado y valorización del acero.. En resumen, el documento establece que esta revisión se requería para su adaptación normativa e integración de los resultados de las evaluaciones de seguimiento del plan, una opción que introduce mecanismos más eficaces de prevención, amplía la capacidad de valorización, refuerza la responsabilidad ampliada del productor y pone el foco en la mejora de los sistemas de recogida, tratamiento y control, permitiendo una mayor resiliencia del modelo autonómico frente a los cambios regulatorios, económicos y tecnológicos.. En cuanto a los efectos previsibles sobre el medio ambiente, la evaluación muestra que la implantación de las nuevas medidas integradas en la primera revisión del Pircyl producirán “impactos positivos para la mayor parte de los factores ambientales”. Señala que la actualización de los modelos de gestión y de los programas de actuación “reducirá la dependencia de las infraestructuras de eliminación mediante depósito en vertedero, a través del fomento del reciclaje y la recuperación de materiales, disminuirá las emisiones asociadas al transporte y tratamiento de los residuos, reforzando la protección del medio hídrico, los suelos y los ecosistemas, mediante criterios más exigentes en el diseño de nuevas infraestructuras”.. Se destaca, según el documento, al que accedió Ical, que esta primera revisión no contempla ninguna medida de recaudación de tributos o tasas adicionales a los establecidos por la normativa básica.. Impacto sobre las entidades locales. En cambio, sí establece medidas que deberán desarrollar las entidades locales y que derivan “necesariamente” del cumplimiento de las obligaciones previstas en las normativas europea y estatal en materia de residuos. Por ello, esta primera revisión incluye una evaluación de las inversiones y otros medios financieros necesarios para “satisfacer las necesidades de infraestructuras adicionales de instalaciones de residuos, en particular para las autoridades locales”, y que permitirán financiar la clausuras de ciertas instalaciones, los costes de las nuevas, mejoras o ampliaciones de las existentes, así como el funcionamiento y mantenimiento de las mismas.. En concreto, las subvenciones concedidas en estos ámbitos desde el año 2021 ascienden a 13,4 millones para recogida selectiva y a 21,3 para las instalaciones de tratamiento de los residuos recogidos selectivamente. En el caso de la transformación o puesta en marcha de puntos limpios para favorecer la reutilización así como de la digitalización en materia de residuos, se han habilitado aproximadamente 27 millones.
Noticias de Castilla y León: última hora local en La Razón
