La Junta de Andalucía esperará a la investigación de Fiscalía y a la respuesta del colegio de Sandra Peña a los requerimientos de información para decidir si retira el concierto en caso de acreditar infracción muy grave; ello, tras el suicidio de la joven estudiante, como consecuencia del acoso escolar del que, presuntamente, era víctima.. Así lo ha expresado la consejera de Desarollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, en una entrevista en Canal Sur Radio, preguntada al respecto. La titular de este departamento ha remarcado que el centro, «a pesar de que había indicios suficientes para ello, no abrió los protocolos –tanto el reactivo como el de prevención de conductas autolíticas, que tiene como objetivo hacer un seguimiento de algún alumno que pudiera estar en ese riesgo–«; salvo «algunas actuaciones y un seguimiento con la familia».. Castillo ha recordado que se hado traslado a la Fiscalía «por si pudiera haber responsabilidad por parte de aquellas personas que eran protagonistas de ese acoso, las acosadoras», y por otro lado, «por la propia responsabilidad que pudiera tener el centro o su profesorado desde el punto de vista penal».. Asimismo, la consejera de Educación ha insistido en el hecho de que se ha abierto un expediente administrativo al centro y que se le ha hecho «una serie de requerimientos», del que están esperando respuesta, «qué medidas ha tomado el colegio con sus trabajadores, porque es un centro privado concertado, y por lo tanto, quien tiene que tomar medidas de tipo disciplinario con aquellos que incumplieron la normativa».. La consejera ha destacado que si el centro no activó los protocolos, «desde luego incumplió la normativa». En este sentido, «la calificación de esa normativa, las consecuencias desde el punto de vista legal, van con un procedimiento que viene establecido en la Ley Orgánica y Reguladora del Derecho a la Educación, que establece las distintas sanciones que le pueden corresponder».. De este modo, se instruye un expediente y si hay infracción leve se corrige con apercibimiento; las garves, «normalmente con sanciones de tipo económico», y las muy graves «son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto».. «Muchas veces cuando tenemos estas situaciones de acoso, quienes las primeras las detectan son los grupos de chicos y chicas y esos son los que nos lo tienen que decir a los profesores, a sus familias y luego ellos mismos participar en la solución, apoyar siempre a la persona que es más débil», ha añadido Castillo.. HUELGA ESTUDIANTIL A NIVEL NACIONAL. El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil este martes contra el ‘bullying’ y ha llamado al alumnado de ESO, FP y Bachillerato a «llenar las calles» en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones que comenzarán a las 12.00 horas en todas las ciudades.. Un de las peticiones que hacen los convocantes de esta protesta es aumentar la contratación de psicólogos y que estos profesionales estén en todos los centros educativos. La consejera ha señalado que desde su departamento «queremos poner el foco en la prevención, donde tenemos unas actuaciones específicas de formación del profesorado y del propio alumnado, de trabajo en valores, porque, a veces, esa es la parte importante».. «Pero también es verdad que nosotros dejamos de controlar lo que ocurre entre los adolescentes, sobre todo, a partir de que salen de los centros educativos», ha añadido. «Creo que si todos nos sentamos dos minutos a pensar como adultos, cuando no nos gusta a alguien podemos ridiculizarlo y hablar mal delante de niños, también ellos aprenden que se puede herir a otra persona». «Por eso decía que estaba esperanzada con el movimiento estudiantil. Creo que tenemos que dar ejemplos todos».. Por otro lado, Castillo ha destacado que la Junta, a través de la Agencia Digital de Andalucía, tiene un sistema que los padres pueden utilizar para evitar acceso de los menores a contenidos de Internet, «que es el mismo que tenemos en los centros educativos, donde no pueden entrar a determinadas páginas durante el horario lectivo».. Por último, Castillo ha recalcado que el sistema educativo y los centros en Andalucía «son seguros». «Es verdad que en este caso no se activa un protocolo, pero en la mayoría de los centros se activan», ha subrayado.
Esperará a la investigación de Fiscalía y a la respuesta del centro para tomar una decisión
La Junta de Andalucía esperará a la investigación de Fiscalía y a la respuesta del colegio de Sandra Peña a los requerimientos de información para decidir si retira el concierto en caso de acreditar infracción muy grave; ello, tras el suicidio de la joven estudiante, como consecuencia del acoso escolar del que, presuntamente, era víctima.. Así lo ha expresado la consejera de Desarollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, en una entrevista en Canal Sur Radio, preguntada al respecto. La titular de este departamento ha remarcado que el centro, «a pesar de que había indicios suficientes para ello, no abrió los protocolos –tanto el reactivo como el de prevención de conductas autolíticas, que tiene como objetivo hacer un seguimiento de algún alumno que pudiera estar en ese riesgo–«; salvo «algunas actuaciones y un seguimiento con la familia».. Castillo ha recordado que se hado traslado a la Fiscalía «por si pudiera haber responsabilidad por parte de aquellas personas que eran protagonistas de ese acoso, las acosadoras», y por otro lado, «por la propia responsabilidad que pudiera tener el centro o su profesorado desde el punto de vista penal».. Asimismo, la consejera de Educación ha insistido en el hecho de que se ha abierto un expediente administrativo al centro y que se le ha hecho «una serie de requerimientos», del que están esperando respuesta, «qué medidas ha tomado el colegio con sus trabajadores, porque es un centro privado concertado, y por lo tanto, quien tiene que tomar medidas de tipo disciplinario con aquellos que incumplieron la normativa».. La consejera ha destacado que si el centro no activó los protocolos, «desde luego incumplió la normativa». En este sentido, «la calificación de esa normativa, las consecuencias desde el punto de vista legal, van con un procedimiento que viene establecido en la Ley Orgánica y Reguladora del Derecho a la Educación, que establece las distintas sanciones que le pueden corresponder».. De este modo, se instruye un expediente y si hay infracción leve se corrige con apercibimiento; las garves, «normalmente con sanciones de tipo económico», y las muy graves «son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto».. «Muchas veces cuando tenemos estas situaciones de acoso, quienes las primeras las detectan son los grupos de chicos y chicas y esos son los que nos lo tienen que decir a los profesores, a sus familias y luego ellos mismos participar en la solución, apoyar siempre a la persona que es más débil», ha añadido Castillo.. HUELGA ESTUDIANTIL A NIVEL NACIONAL. El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil este martes contra el ‘bullying’ y ha llamado al alumnado de ESO, FP y Bachillerato a «llenar las calles» en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones que comenzarán a las 12.00 horas en todas las ciudades.. Un de las peticiones que hacen los convocantes de esta protesta es aumentar la contratación de psicólogos y que estos profesionales estén en todos los centros educativos. La consejera ha señalado que desde su departamento «queremos poner el foco en la prevención, donde tenemos unas actuaciones específicas de formación del profesorado y del propio alumnado, de trabajo en valores, porque, a veces, esa es la parte importante».. «Pero también es verdad que nosotros dejamos de controlar lo que ocurre entre los adolescentes, sobre todo, a partir de que salen de los centros educativos», ha añadido. «Creo que si todos nos sentamos dos minutos a pensar como adultos, cuando no nos gusta a alguien podemos ridiculizarlo y hablar mal delante de niños, también ellos aprenden que se puede herir a otra persona». «Por eso decía que estaba esperanzada con el movimiento estudiantil. Creo que tenemos que dar ejemplos todos».. Por otro lado, Castillo ha destacado que la Junta, a través de la Agencia Digital de Andalucía, tiene un sistema que los padres pueden utilizar para evitar acceso de los menores a contenidos de Internet, «que es el mismo que tenemos en los centros educativos, donde no pueden entrar a determinadas páginas durante el horario lectivo».. Por último, Castillo ha recalcado que el sistema educativo y los centros en Andalucía «son seguros». «Es verdad que en este caso no se activa un protocolo, pero en la mayoría de los centros se activan», ha subrayado.
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