La jueza de Montoro que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas ha dado un plazo de nueve meses a los peritos judiciales designados en la causa para que presenten su informe después de que la Junta de Andalucía haya aceptado el presupuesto presentado por los profesionales.. Según el escrito de la jueza, se pone en conocimiento de los referidos peritos «que disponen de un plazo de nueve meses para la elaboración y presentación del correspondiente informe pericial», un plazo que comenzará a computarse «desde la fecha en la que se produjo la entrega de la documentación al último de los peritos designados».. Asimismo, la jueza comunica a los peritos que dada la complejidad y volumen de las actuaciones, así como la incorporación sucesiva de nuevos elementos documentales de interés para el objeto de la pericia, el órgano judicial «les dará traslado de cuanta documentación, antecedentes, informes, soportes y demás material relevante se vaya recibiendo e incorporando a la causa durante el curso de la elaboración del dictamen, a medida que ello tenga lugar, a efectos de que puedan tomarla en consideración para la elaboración de su informe».. Esta comunicación a los peritos tiene lugar después de que la Secretaría General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba haya acorado «la aprobación del coste de la prueba pericial» que asciende a unos 250.000 euros.
El plazo comenzará a computarse «desde la fecha en la que se produjo la entrega de la documentación al último de los peritos designados»
La jueza de Montoro que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas ha dado un plazo de nueve meses a los peritos judiciales designados en la causa para que presenten su informe después de que la Junta de Andalucía haya aceptado el presupuesto presentado por los profesionales.. Según el escrito de la jueza, se pone en conocimiento de los referidos peritos «que disponen de un plazo de nueve meses para la elaboración y presentación del correspondiente informe pericial», un plazo que comenzará a computarse «desde la fecha en la que se produjo la entrega de la documentación al último de los peritos designados».. Asimismo, la jueza comunica a los peritos que dada la complejidad y volumen de las actuaciones, así como la incorporación sucesiva de nuevos elementos documentales de interés para el objeto de la pericia, el órgano judicial «les dará traslado de cuanta documentación, antecedentes, informes, soportes y demás material relevante se vaya recibiendo e incorporando a la causa durante el curso de la elaboración del dictamen, a medida que ello tenga lugar, a efectos de que puedan tomarla en consideración para la elaboración de su informe».. Esta comunicación a los peritos tiene lugar después de que la Secretaría General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba haya acorado «la aprobación del coste de la prueba pericial» que asciende a unos 250.000 euros.
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