La huelga de cuatro días de los médicos andaluces contra la propuesta del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad se ha saldado con 308.174 consultas –212.401 de Atención Primaria y 95.773 externas–, 18.181 pruebas diagnósticas y 4.044 intervenciones quirúrgicas canceladas. Estas cifras suponen 329.399 actos médicos no realizados. Es el balance final facilitado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a preguntas de Europa Press. El presidente del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), Rafael Ojeda, sostenía estos días que los cerca de 30.000 facultativos sanitarios que estaban llamados a la huelga «no están pidiendo dinero». «Estamos yendo a la huelga por la supervivencia del sistema, porque si no cambia es insostenible».. Así lo ha manifestaba Ojeda, que aseguraba que «no se está pidiendo dinero. Creo que es la primera huelga que conozco donde se está perdiendo dinero porque cada día de huelga que hacemos se pierde una cantidad importante». «Se está yendo a la huelga –apostillaba– por mejorar las condiciones de trabajo; para hacer que el trabajo de médico en la sanidad pública sea asumible, en unas condiciones adecuadas y que eso nos permita, además, prestar una atención correcta. En el fondo, vamos a la huelga por la supervivencia del sistema. Si no se cambia el modelo, el sistema sanitario público es insostenible». La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno de España que «escuche a los profesionales» y abra una negociación «real» para evitar que la convocatoria de huelga «repercuta en la atención sanitaria que reciben los andaluces». «Se trata de un conflicto de ámbito estatal que nace en el Ministerio, no en las comunidades autónomas, y que exige responsabilidad, escucha y soluciones reales», ha señalado.. La huelga convocada por los sindicatos médicos responde al «malestar» de los profesionales «frente a la inacción» del Gobierno central y de la ministra de Sanidad, «que busca la confrontación en temas que no son de su competencia en lugar dar soluciones a los problemas de la sanidad pública de España». El Gobierno andaluz ha subrayado que la regulación del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud «es exclusiva competencia del Ministerio» y que la situación actual es «fruto de la dejación de la ministra». Ha defendido que Andalucía mantiene «respeto absoluto al derecho a la negociación y a la mejora de las condiciones laborales», pero ha apelado a la ministra a «abandonar el debate público y abrir vías efectivas de diálogo, para evitar el daño que esta huelga de cuatro días, tras un puente, puede provocar a la sanidad pública». La Consejería de Sanidad ha mostrado su «preocupación en reiteradas ocasiones» por la «falta de participación» de las comunidades autónomas en el proceso pese a que son las que gestionan la asistencia diaria, los recursos humanos y la organización de los servicios, insistiendo en que estos cambios tienen un impacto directo en la planificación del personal, las urgencias, la estructura de guardias y la calidad asistencial.. También ha advertido de que la reforma del Estatuto Marco no sólo ha generado malestar entre los médicos, sino «fricciones» en otros colectivos de la sanidad, en tanto que la negociación actual ha provocado «preocupación» entre Enfermería, técnicos, fisioterapeutas y trabajadores de emergencias, que «temen que la nueva clasificación profesional pueda romper dinámicas de equipo y organización ya consolidadas».
Los 30.000 facultativos sanitarios que estaban llamados a la huelga «no están pidiendo dinero»
La huelga de cuatro días de los médicos andaluces contra la propuesta del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad se ha saldado con 308.174 consultas –212.401 de Atención Primaria y 95.773 externas–, 18.181 pruebas diagnósticas y 4.044 intervenciones quirúrgicas canceladas. Estas cifras suponen 329.399 actos médicos no realizados. Es el balance final facilitado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a preguntas de Europa Press. El presidente del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), Rafael Ojeda, sostenía estos días que los cerca de 30.000 facultativos sanitarios que estaban llamados a la huelga «no están pidiendo dinero». «Estamos yendo a la huelga por la supervivencia del sistema, porque si no cambia es insostenible».. Así lo ha manifestaba Ojeda, que aseguraba que «no se está pidiendo dinero. Creo que es la primera huelga que conozco donde se está perdiendo dinero porque cada día de huelga que hacemos se pierde una cantidad importante». «Se está yendo a la huelga –apostillaba– por mejorar las condiciones de trabajo; para hacer que el trabajo de médico en la sanidad pública sea asumible, en unas condiciones adecuadas y que eso nos permita, además, prestar una atención correcta. En el fondo, vamos a la huelga por la supervivencia del sistema. Si no se cambia el modelo, el sistema sanitario público es insostenible». La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno de España que «escuche a los profesionales» y abra una negociación «real» para evitar que la convocatoria de huelga «repercuta en la atención sanitaria que reciben los andaluces». «Se trata de un conflicto de ámbito estatal que nace en el Ministerio, no en las comunidades autónomas, y que exige responsabilidad, escucha y soluciones reales», ha señalado.. La huelga convocada por los sindicatos médicos responde al «malestar» de los profesionales «frente a la inacción» del Gobierno central y de la ministra de Sanidad, «que busca la confrontación en temas que no son de su competencia en lugar dar soluciones a los problemas de la sanidad pública de España». El Gobierno andaluz ha subrayado que la regulación del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud «es exclusiva competencia del Ministerio» y que la situación actual es «fruto de la dejación de la ministra». Ha defendido que Andalucía mantiene «respeto absoluto al derecho a la negociación y a la mejora de las condiciones laborales», pero ha apelado a la ministra a «abandonar el debate público y abrir vías efectivas de diálogo, para evitar el daño que esta huelga de cuatro días, tras un puente, puede provocar a la sanidad pública». La Consejería de Sanidad ha mostrado su «preocupación en reiteradas ocasiones» por la «falta de participación» de las comunidades autónomas en el proceso pese a que son las que gestionan la asistencia diaria, los recursos humanos y la organización de los servicios, insistiendo en que estos cambios tienen un impacto directo en la planificación del personal, las urgencias, la estructura de guardias y la calidad asistencial.. También ha advertido de que la reforma del Estatuto Marco no sólo ha generado malestar entre los médicos, sino «fricciones» en otros colectivos de la sanidad, en tanto que la negociación actual ha provocado «preocupación» entre Enfermería, técnicos, fisioterapeutas y trabajadores de emergencias, que «temen que la nueva clasificación profesional pueda romper dinámicas de equipo y organización ya consolidadas».
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