Aquel 30 de abril de 2002, Déborah Fernández salió a correr por la zona de Samil, en Vigo, como hacía habitualmente. Era una mañana más, una rutina sencilla, cotidiana, que, sin embargo, ese día nunca terminó. Desde entonces, su nombre ha quedado ligado a uno esos crímenes que agitan conciencias y siguen sin resolverse en Galicia.. Pese a todo, más de dos décadas después, su familia vuelve a mover ficha en busca de respuestas. Un marco en el que hoy se ha conocido que han solicitado al juzgado de Tui que la investigación pase a manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo de iniciar una nueva línea de trabajo desde cero.. “Este caso necesita una nueva mirada”, ha defendido su hermana, Rosa Fernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que insiste en la necesidad de que el crimen sea revisado con “mentes limpias” y una investigación “real, desde el principio”.. La petición llega casi dos años después de que el juzgado decretase el archivo provisional de la causa por falta de pruebas concluyentes contra el único investigado, el exnovio de la joven. Una decisión que dejó el caso judicialmente cerrado, sin culpables y sin juicio.. Crimen sin resolver. El caso de Déborah Fernández se remonta a esa desaparición en Samil. Diez días después, su cuerpo fue hallado en una cuneta en O Rosal, a unos 40 kilómetros, en circunstancias que desde el inicio levantaron sospechas.. El cadáver apareció desnudo y con indicios de manipulación, lo que apuntaba a una posible escenificación. También se detectaron elementos extraños, como restos biológicos que pudieron haber sido colocados para despistar y signos de que el cuerpo habría sido trasladado e incluso conservado antes de su abandono.. Pese a la gravedad de los hechos, la investigación inicial estuvo rodeada de polémica. La familia denunció durante años la falta de análisis de pruebas clave, la pérdida de evidencias y la existencia de contradicciones que nunca se investigaron en profundidad.. Errores, irregularidades e investigación cuestionada. Durante todo el proceso, la familia fue denunciando fallos entre los que cabe recordar la desaparición de pruebas fundamentales como el teléfono móvil —que apareció dos décadas después en una comisaría de Madrid— o la gestión deficiente de restos biológicos.. A ello se suman la manipulación del ordenador de la víctima, retrasos en diligencias clave y conflictos de competencias policiales, ya que la investigación fue asumida inicialmente por la Policía Nacional cuando, por territorio, correspondía a la Guardia Civil.. En 2010, un informe policial apuntó al entorno cercano de la víctima, especialmente a su exnovio, pero la causa acabó archivándose. Años después, la familia logró reabrir el caso, lo que permitió nuevas actuaciones como la exhumación del cuerpo en 2021 y el hallazgo de ADN masculino.. Sin embargo, esas pruebas no resultaron concluyentes y el delito prescribió en 2022, limitando aún más las posibilidades judiciales.. Nueva vía pese al archivo. Ahora, con el caso oficialmente cerrado desde 2024, la familia intenta reactivar la investigación por vías indirectas. La solicitud para que la UCO asuma el caso busca aplicar técnicas modernas de análisis, como el perfil criminal o el estudio conductual, con la esperanza de encontrar nuevas pistas.. “Porque hay errores que no pueden seguir marcando el destino de la verdad”, ha señalado la hermana de la víctima, que insiste en que el archivo judicial no puede ser el final cuando quedan aún tantas incógnitas.
El caso, marcado por errores e irregularidades desde 2002, fue archivado sin culpables pese a años de investigación y nuevas pruebas forenses
Aquel 30 de abril de 2002, Déborah Fernández salió a correr por la zona de Samil, en Vigo, como hacía habitualmente. Era una mañana más, una rutina sencilla, cotidiana, que, sin embargo, ese día nunca terminó. Desde entonces, su nombre ha quedado ligado a uno esos crímenes que agitan conciencias y siguen sin resolverse en Galicia.. Pese a todo, más de dos décadas después, su familia vuelve a mover ficha en busca de respuestas. Un marco en el que hoy se ha conocido que han solicitado al juzgado de Tui que la investigación pase a manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo de iniciar una nueva línea de trabajo desde cero.. “Este caso necesita una nueva mirada”, ha defendido su hermana, Rosa Fernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que insiste en la necesidad de que el crimen sea revisado con “mentes limpias” y una investigación “real, desde el principio”.. La petición llega casi dos años después de que el juzgado decretase el archivo provisional de la causa por falta de pruebas concluyentes contra el único investigado, el exnovio de la joven. Una decisión que dejó el caso judicialmente cerrado, sin culpables y sin juicio.. Crimen sin resolver. El caso de Déborah Fernández se remonta a esa desaparición en Samil. Diez días después, su cuerpo fue hallado en una cuneta en O Rosal, a unos 40 kilómetros, en circunstancias que desde el inicio levantaron sospechas.. El cadáver apareció desnudo y con indicios de manipulación, lo que apuntaba a una posible escenificación. También se detectaron elementos extraños, como restos biológicos que pudieron haber sido colocados para despistar y signos de que el cuerpo habría sido trasladado e incluso conservado antes de su abandono.. Pese a la gravedad de los hechos, la investigación inicial estuvo rodeada de polémica. La familia denunció durante años la falta de análisis de pruebas clave, la pérdida de evidencias y la existencia de contradicciones que nunca se investigaron en profundidad.. Errores, irregularidades e investigación cuestionada. Durante todo el proceso, la familia fue denunciando fallos entre los que cabe recordar la desaparición de pruebas fundamentales como el teléfono móvil —que apareció dos décadas después en una comisaría de Madrid— o la gestión deficiente de restos biológicos.. A ello se suman la manipulación del ordenador de la víctima, retrasos en diligencias clave y conflictos de competencias policiales, ya que la investigación fue asumida inicialmente por la Policía Nacional cuando, por territorio, correspondía a la Guardia Civil.. En 2010, un informe policial apuntó al entorno cercano de la víctima, especialmente a su exnovio, pero la causa acabó archivándose. Años después, la familia logró reabrir el caso, lo que permitió nuevas actuaciones como la exhumación del cuerpo en 2021 y el hallazgo de ADN masculino.. Sin embargo, esas pruebas no resultaron concluyentes y el delito prescribió en 2022, limitando aún más las posibilidades judiciales.. Nueva vía pese al archivo. Ahora, con el caso oficialmente cerrado desde 2024, la familia intenta reactivar la investigación por vías indirectas. La solicitud para que la UCO asuma el caso busca aplicar técnicas modernas de análisis, como el perfil criminal o el estudio conductual, con la esperanza de encontrar nuevas pistas.. “Porque hay errores que no pueden seguir marcando el destino de la verdad”, ha señalado la hermana de la víctima, que insiste en que el archivo judicial no puede ser el final cuando quedan aún tantas incógnitas.
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