La defensa de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, imputada en la causa que investiga la gestión de la dana, sigue su ofensiva contra la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra. Tras conocerse que la Fiscalía ha archivado la querella que un abogado personado había interpuesto contra la magistrada por las grabaciones en las que se escucha, presuntamente, al marido de la jueza interrogar a varios testigos, la defensa de Pradas ha remitido una queja al Consejo General del Poder Judicial en el que indica que en la citada querella, se aportaron, como principio de prueba, una serie de grabaciones de audio, así como la identificación de varias personas que habrían presuntamente presenciado los hechos.. Sostiene que, si se probasen dichos hechos, «pudieran constituir faltas muy graves, al poder incardinarse en el art.417.4 y 12 LOPJ, al suponer, de un lado una indebida intromisión de un magistrado en una causa conducida por otro, en este caso, otra, componente del Poder Judicial (vulnerándose gravemente el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley); y de otro lado, haberse producido una indebida revelación de los hechos objeto de la instrucción, en favor de un magistrado, el esposo, de la juez instructora, carente de competencia alguna sobre dicho procedimiento».. Por este motivo, solicita que el letrado Rubén Gisbert, entregue los audios y se le tome declaración, así como a las personas a las que el magistrado Jorge Martínez Ribera, supuestamente ha interrogado. Por último, reclama que se aporte copia cotejada del contenido del chat wasap de familiares de víctimas, a fin de determinar el alcance que puedan tener respecto al correcto desarrollo de la instrucción en curso.
Pide también que se tome declaración a los testigos a los que supuestamente interrogó el magistrado
La defensa de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, imputada en la causa que investiga la gestión de la dana, sigue su ofensiva contra la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra. Tras conocerse que la Fiscalía ha archivado la querella que un abogado personado había interpuesto contra la magistrada por las grabaciones en las que se escucha, presuntamente, al marido de la jueza interrogar a varios testigos, la defensa de Pradas ha remitido una queja al Consejo General del Poder Judicial en el que indica que en la citada querella, se aportaron, como principio de prueba, una serie de grabaciones de audio, así como la identificación de varias personas que habrían presuntamente presenciado los hechos.. Sostiene que, si se probasen dichos hechos, «pudieran constituir faltas muy graves, al poder incardinarse en el art.417.4 y 12 LOPJ, al suponer, de un lado una indebida intromisión de un magistrado en una causa conducida por otro, en este caso, otra, componente del Poder Judicial (vulnerándose gravemente el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley); y de otro lado, haberse producido una indebida revelación de los hechos objeto de la instrucción, en favor de un magistrado, el esposo, de la juez instructora, carente de competencia alguna sobre dicho procedimiento».. Por este motivo, solicita que el letrado Rubén Gisbert, entregue los audios y se le tome declaración, así como a las personas a las que el magistrado Jorge Martínez Ribera, supuestamente ha interrogado. Por último, reclama que se aporte copia cotejada del contenido del chat wasap de familiares de víctimas, a fin de determinar el alcance que puedan tener respecto al correcto desarrollo de la instrucción en curso.
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