El Gobierno de la Región de Murcia ha exigido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que sufrague la deuda institucional de más de 600 millones de euros que, según los cálculos de la Administración autonómica, el Estado mantiene acumulada con la comunidad desde 2018 en materia de Dependencia.Así lo ha reclamado este lunes la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su intervención en el Consejo Territorial del ramo, donde ha calificado de «poco creíble» el incremento presupuestario anunciado por el Ejecutivo central a través del nuevo Decreto Ley de medidas extraordinarias «sin presupuestos Generales del Estado».La titular de Política Social ha advertido de que la aportación estatal planteada en la nueva normativa no llegará a cubrir el 50% del gasto real de los servicios, situándose «en apenas un 40%» debido a que el Ministerio no ha tomado como referencia el coste efectivo real de las prestaciones y de la atención en las autonomías.Ruiz ha alertado de que este desequilibrio financiero podría agravarse e incluso reducir dicho porcentaje de cobertura si se aprueba de forma definitiva la reforma de la Ley de Dependencia, la cual contempla la incorporación de nuevas compatibilidades que elevarán el gasto público de las administraciones encargadas de la gestión directa.En este sentido, la consejera ha reprochado que el marco normativo no se haya formulado en los mismos términos competenciales y económicos que se han formalizado recientemente de forma bilateral con el País Vasco para asegurar de forma íntegra la mitad de su financiación en Dependencia.Por ello, Ruiz ha demandado formalmente al ministro Pablo Bustinduy «el mismo trato» que el concedido a la comunidad vasca y ha solicitado garantías normativas explícitas para sostener el incremento presupuestario que se derivará de la inminente reforma legal de la Ley de Dependencia y Discapacidad.Finalmente, la representante del Ejecutivo murciano ha lamentado que el debate económico no se haya desarrollado en paralelo a la reforma estructural del sistema y ha criticado la falta de una memoria económica que dote de sostenibilidad futura al modelo.Ruiz ha argumentado que las comunidades autónomas llevan años soportando la mayor parte del esfuerzo financiero para atender a los usuarios vulnerables y ha concluido que, sin una planificación y un fondo estatal garantizado a partir del próximo año, las autonomías corren el riesgo de verse obligadas a asumir nuevos servicios obligatorios sin disponer de los recursos económicos correspondientes. Noticias de Murcia: última hora de hoy en La Razón
El Gobierno de la Región de Murcia ha exigido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que sufrague la deuda institucional de más de 600 millones de euros que, según los cálculos de la Administración autonómica, el Estado mantiene acumulada con la comunidad desde 2018 en materia de Dependencia. Así lo ha reclamado este lunes la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su intervención en el Consejo Territorial del ramo, donde ha calificado de «poco creíble» el incremento presupuestario anunciado por el Ejecutivo central a través del nuevo Decreto Ley de medidas extraordinarias «sin presupuestos Generales del Estado». La titular de Política Social ha advertido de que la aportación estatal planteada en la nueva normativa no llegará a cubrir el 50% del gasto real de los servicios, situándose «en apenas un 40%» debido a que el Ministerio no ha tomado como referencia el coste efectivo real de las prestaciones y de la atención en las autonomías. Ruiz ha alertado de que este desequilibrio financiero podría agravarse e incluso reducir dicho porcentaje de cobertura si se aprueba de forma definitiva la reforma de la Ley de Dependencia, la cual contempla la incorporación de nuevas compatibilidades que elevarán el gasto público de las administraciones encargadas de la gestión directa. En este sentido, la consejera ha reprochado que el marco normativo no se haya formulado en los mismos términos competenciales y económicos que se han formalizado recientemente de forma bilateral con el País Vasco para asegurar de forma íntegra la mitad de su financiación en Dependencia. Por ello, Ruiz ha demandado formalmente al ministro Pablo Bustinduy «el mismo trato» que el concedido a la comunidad vasca y ha solicitado garantías normativas explícitas para sostener el incremento presupuestario que se derivará de la inminente reforma legal de la Ley de Dependencia y Discapacidad. Finalmente, la representante del Ejecutivo murciano ha lamentado que el debate económico no se haya desarrollado en paralelo a la reforma estructural del sistema y ha criticado la falta de una memoria económica que dote de sostenibilidad futura al modelo. Ruiz ha argumentado que las comunidades autónomas llevan años soportando la mayor parte del esfuerzo financiero para atender a los usuarios vulnerables y ha concluido que, sin una planificación y un fondo estatal garantizado a partir del próximo año, las autonomías corren el riesgo de verse obligadas a asumir nuevos servicios obligatorios sin disponer de los recursos económicos correspondientes.
La consejera de Política Social advierte de que la aportación estatal planteada en la nueva normativa no llegará a cubrir el 50% del gasto real de los servicios
