La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, recibió 1.432 reclamaciones en 2025 “ante la falta de información” proporcionada por las administraciones, según un comunicado recogido por Ical, por lo que la institución “ha continuado desarrollando su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público”.. En el décimo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, de las 1.432 reclamaciones presentadas por los ciudadanos, 838 tuvieron su origen en la solicitud de una misma información a otros tantos ayuntamientos de la Comunidad, a los que concretamente se pedía el presupuesto destinado a la identificación y cuidado de gatos y perros abandonados en los correspondientes municipios.. Otras 129 reclamaciones fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 113 las formularon concejales de ayuntamientos, 15 fueron presentadas por vocales de juntas vecinales y una por un diputado provincial. En cuanto a otros colectivos, destacan, en menor número, las reclamaciones presentadas por representantes de los empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas.. Es destacable que en más de ocho de cada diez de las reclamaciones se utilizó la sede electrónica del Comisionado para su presentación.. Del total de las 1.432 reclamaciones recibidas, 1.263 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales. De ellas, 1.197 se presentaron frente a ayuntamientos, 34 frente a entidades locales menores, 29 frente a diputaciones provinciales y tres frente a una mancomunidad; el sector público de las entidades locales sumó otras dos; por otra parte, 130 reclamaciones fueron presentadas frente a las consejerías de la Administración de la Comunidad y 20 frente a entidades integrantes del sector público institucional autonómico; siete reclamaciones se refirieron a la falta de acceso a información en poder de las universidades públicas de la Comunidad; finalmente, en relación con Colegios Profesionales de Castilla y León se presentaron tres.. La mayor parte de las reclamaciones, en concreto 1.220, se fundamentaban en la falta de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 85 por ciento del total de las presentadas. 212 lo fueron frente a denegaciones expresas de información, que se basaban principalmente en algunos de los siguientes motivos: protección de datos personales; que la solicitud era manifiestamente repetitiva o de carácter abusivo; la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada; falta de disposición de la información pedida por la entidad a la que se dirigía la petición; y, en fin, que la información se encontraba en curso de elaboración o de publicación general.. Como ha ocurrido en años anteriores, el tipo de información solicitada cuya denegación ha motivado las reclamaciones es muy diverso; no obstante, las materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas al bienestar animal, empleo público, contratación, urbanismo, medio ambiente, gestión y disposición de recursos públicos y actas y acuerdos.. En el año de referencia, el 2025, la Comisión de Transparencia ha adoptado 497 resoluciones -número prácticamente igual al de las formuladas en los dos años anteriores-, de las cuales 328 se adoptaron en reclamaciones presentadas frente a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, y 162 se refirieron a la Administración autonómica o a su sector público. El resto se refieren a Universidades o Colegios Profesionales. En 216 resoluciones se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada. Las resoluciones de la Comisión de Transparencia, cabe recordar, deben cumplirse y, por tanto, las Administraciones concernidas han de proporcionar el acceso a la información previamente denegada.. En 188 casos, una vez que se pidió la intervención de la Comisión ante el silencio o la falta de respuesta a una solicitud de información dirigida a la Administración o a una entidad pública, estas proporcionaron la información solicitada sin que la Comisión de Transparencia hubiera tenido que resolver acerca del derecho del solicitante a acceder a la información.. En 33 resoluciones de las 497 dictadas, la Comisión de Transparencia confirmó la legalidad de la denegación de la información solicitada que con anterioridad había manifestado la Administración o entidad pública correspondiente. El resto, es decir 60 resoluciones, fueron inadmisiones o desistimientos.
Se han adoptado 497 resoluciones, un número similar al año anterior
La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, recibió 1.432 reclamaciones en 2025 “ante la falta de información” proporcionada por las administraciones, según un comunicado recogido por Ical, por lo que la institución “ha continuado desarrollando su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público”.. En el décimo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, de las 1.432 reclamaciones presentadas por los ciudadanos, 838 tuvieron su origen en la solicitud de una misma información a otros tantos ayuntamientos de la Comunidad, a los que concretamente se pedía el presupuesto destinado a la identificación y cuidado de gatos y perros abandonados en los correspondientes municipios.. Otras 129 reclamaciones fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 113 las formularon concejales de ayuntamientos, 15 fueron presentadas por vocales de juntas vecinales y una por un diputado provincial. En cuanto a otros colectivos, destacan, en menor número, las reclamaciones presentadas por representantes de los empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas.. Es destacable que en más de ocho de cada diez de las reclamaciones se utilizó la sede electrónica del Comisionado para su presentación.. Del total de las 1.432 reclamaciones recibidas, 1.263 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales. De ellas, 1.197 se presentaron frente a ayuntamientos, 34 frente a entidades locales menores, 29 frente a diputaciones provinciales y tres frente a una mancomunidad; el sector público de las entidades locales sumó otras dos; por otra parte, 130 reclamaciones fueron presentadas frente a las consejerías de la Administración de la Comunidad y 20 frente a entidades integrantes del sector público institucional autonómico; siete reclamaciones se refirieron a la falta de acceso a información en poder de las universidades públicas de la Comunidad; finalmente, en relación con Colegios Profesionales de Castilla y León se presentaron tres.. La mayor parte de las reclamaciones, en concreto 1.220, se fundamentaban en la falta de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 85 por ciento del total de las presentadas. 212 lo fueron frente a denegaciones expresas de información, que se basaban principalmente en algunos de los siguientes motivos: protección de datos personales; que la solicitud era manifiestamente repetitiva o de carácter abusivo; la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada; falta de disposición de la información pedida por la entidad a la que se dirigía la petición; y, en fin, que la información se encontraba en curso de elaboración o de publicación general.. Como ha ocurrido en años anteriores, el tipo de información solicitada cuya denegación ha motivado las reclamaciones es muy diverso; no obstante, las materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas al bienestar animal, empleo público, contratación, urbanismo, medio ambiente, gestión y disposición de recursos públicos y actas y acuerdos.. En el año de referencia, el 2025, la Comisión de Transparencia ha adoptado 497 resoluciones -número prácticamente igual al de las formuladas en los dos años anteriores-, de las cuales 328 se adoptaron en reclamaciones presentadas frente a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, y 162 se refirieron a la Administración autonómica o a su sector público. El resto se refieren a Universidades o Colegios Profesionales. En 216 resoluciones se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada. Las resoluciones de la Comisión de Transparencia, cabe recordar, deben cumplirse y, por tanto, las Administraciones concernidas han de proporcionar el acceso a la información previamente denegada.. En 188 casos, una vez que se pidió la intervención de la Comisión ante el silencio o la falta de respuesta a una solicitud de información dirigida a la Administración o a una entidad pública, estas proporcionaron la información solicitada sin que la Comisión de Transparencia hubiera tenido que resolver acerca del derecho del solicitante a acceder a la información.. En 33 resoluciones de las 497 dictadas, la Comisión de Transparencia confirmó la legalidad de la denegación de la información solicitada que con anterioridad había manifestado la Administración o entidad pública correspondiente. El resto, es decir 60 resoluciones, fueron inadmisiones o desistimientos.
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